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| La liquidación
de Manexca por malversación de recursos y el posterior
freno por parte de un tribunal de Córdoba deja un precedente
en la forma como los pueblos administran y acceden a la salud.
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| En el papel, Colombia
cuenta con toda una serie de lineamientos para que los indígenas
se integren al sistema de salud con visiones propias. La Ley
691 de 2001 reglamentó la participación de los
pueblos (el 3,4 % de la población) y garantizó
su acceso al derecho a la salud “en condiciones dignas
y apropiadas”, bajo parámetros de integridad cultural
y considerando las prácticas autóctonas. |
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No obstante, en la realidad, el
sistema propio bajo el cual se rigen los pueblos (con seis EPS
en todo el país) presenta fallas que lo han vuelto cada
vez más frágil a los ojos de las autoridades y
de los mismos indígenas.
Muestra de ello es la más reciente polémica por
la liquidación de la EPS Manexka, con más de 210.000
afiliados en 18 municipios de los departamentos de Sucre y Córdoba.
Según el ente, una auditoría forense mostró
en marzo pasado una defraudación a los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. |
Por ejemplo, se evidenció
la venta de inmuebles de la EPS a la IPS Manexka por valor de
$600 millones, sin que esos movimientos figuren en los registros
contables. Tampoco se sabe del origen de los recursos para adquirir
la sede actual de la entidad, cuyo valor supera los $2.900 millones,
que habrían salido de los dineros que el Gobierno entrega
para los afiliados.
Asimismo, de acuerdo con la Superintendencia, hay ingresos extraordinarios
ficticios por $13.800 millones, pago de honorarios a miembros
de la junta directiva por 304 millones, facturas no auditadas
para compra de medicamentos, contratos con empresas cuya idoneidad
y experiencia no estaban probadas, procedimientos estéticos
no aprobados y autorizaciones de salud a 513 personas que ya
habían muerto por valor de $733 millones.
Si bien con estas acusaciones, la Superintendencia procedió
hace tres meses a liquidar la EPS y asignar a sus usuarios a
otras cinco entidades (Comfamiliar, Cajacopi, Nueva EPS, Coosalud
y Mutual Ser), la operación fue frenada por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que dejó sin efecto
la liquidación.
La reacción del superintendente de Salud, Norman Julio
Muñoz, fue pedir al tribunal “instrucciones precisas
para poder revertir el proceso sin poner en riesgo la vida de
los usuarios”.
Y es que según expresó, Manexka entró en
liquidación porque se evidenciaron “graves fallas
en la atención a la población y pérdida
de los recursos de la salud”, de manera que reintegrar
a los usuarios podría implicar un riesgo, a lo que se
suma que en este momento la EPS no funciona y no tiene sistemas
de información y una red para garantizar la prestación
de los servicios. |
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Según la Base
de Datos Única de
Afiliados (BDUA), para diciembre de 2015 se
contaba con 1.520.557 personas indígenas afiliadas
al Sistema General de Seguridad Social en Colombia.
Entre el año 2012 y 2015 la afiliación al régimen
subsidiado por parte de la población
indígena creció un 4,34 %.
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Sobre la polémica,
Saúl Lucas, representante de la EPS Manexka, responde
que como indígenas, defienden la institucionalidad y
consideran pertinente que la Fiscalía y los organismos
de control hagan las pertinentes investigaciones y sanciones
para los miembros de las etnias zenú y embera katío
que hayan cometido un peculado. Sin embargo, “que la Superintendencia
haya entrado a nuestra sede, haya forzado puertas, bloqueado
cuentas y resuelto la liquidación sin consultarnos va
en contra de nuestro legítimo derecho a la consulta previa”,
denuncia y añade que por la decisión del ente
22 indígenas que fueron remitidos a otras EPS con el
cierre de Menexka han muerto por una mala atención.
En esa medida, Lucas celebra el último fallo del Tribunal
de Córdoba, “que dio una respuesta desde el derecho”,
y recomienda que mientras la Superintendencia define cómo
devolver a los afiliados a la EPS, la Nación haga un
acto administrativo “urgente” para revocar la medida,
ya que hay políticos que, “por intereses particulares”,
están motivando a los indígenas a quedarse en
las EPS que les asignaron, “aún cuando no son propias”.
Un mal que se replica
Manexka no es la única EPS indígena que
tiene antecedentes de malversación de recursos. Estas
empresas, que suman seis (Asociación Indígena
del Cauca, Mallamas, Dusakawi, Anaswayuu y Pijaos Salud) tienen
afiliada al 67 % (1'107.586) de la población indígena
en el Régimen Subsidiado, y tienen sus riesgos particulares
o debilidades en la atención.
En marzo, por ejemplo, la Fiscalía capturó a Enoc
Clavijo, gerente de la EPS Dusakawi (que atiende a los wayuu
en La Guajira), y al contratista Hernán Osorio por usurpar
$3.950 millones otorgados por el Estado a los pueblos indígenas.
También pesa una reciente denuncia de la Superintendencia
de Salud, en la que advierte que existe un alto riesgo de que
se dé lavado de activos en las EPS indígenas,
porque la norma Sarlaft, que les exige a las demás empresas
de medicina tener un sistema de administración de riesgo
de lavado de activos y de financiación del terrorismo,
no les aplica.
A esto se suma las deficiencias en la atención. En el
último informe de Alertas Tempranas de la Superintendencia
(con datos de 2015), se hace notar que en el tercer semestre
de 2015 la mortalidad materna en el régimen indígena
fue de 68,64 por cada 100 mil nacidos vivos, sobrepasando la
meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde se esperaba
que fuera de 45 maternas.
Además, mientras hay una mejora de los indicadores de
salud de la población no indígena en los últimos
años, la población indígena no ha igualado
las ganancias de salud y sus principales causas de muerte son
prevenibles: enfermedades cardiacas y respiratorias y deficiencias
nutricionales. |
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