Desde el 2012 se implementó
en el país la categorización de riesgo de los
hospitales públicos y los resultados de 2016, y los de
este año, han sido los más preocupantes para Antioquia.
Este año se llegó a 64 hospitales categorizados
en riesgo medio y alto, mientras el año anterior se encontraban
en esta situación 45 hospitales de los 126 del departamento,
lo que representa un aumento del 36% al 52% de los hospitales
públicos de Antioquia en riesgo medio y alto. Además,
los categorizados en el nivel alto fueron 41, el mayor número
desde que se aplica esta herramienta.
La consecuencia inmediata será que los hospitales ubicados
en estas categorías deberán ejecutar programas
de saneamiento fiscal y financiero para ser evaluados por el
Ministerio de Hacienda, la dificultad es que dichos programas
están enfocados a incrementar los ingresos de las instituciones
a costa de disminuir costos y gastos, lo cual en un hospital
se traduce en reducir nóminas, médicos, especialistas,
enfermeras, así como los costos relacionados con desplazamientos
a brigadas, visitas a veredas y a comunidades alejadas lo que
genera deterioro en la atención. El otro camino no es
nada alentador: la intervención de las instituciones
por parte de la Supersalud con miras a adelantar procesos incluso
de liquidación, asunto probable ya que se liquidar los
hospitales de Hispania y Argelia a la vez que se analizan otras
instituciones en situaciones similares y que podrían
ir en la misma dirección.
Según Luis Alberto Martínez, director ejecutivo
de AESA, la razón del incremento de instituciones en
riesgo medio y alto se debe a que el principal factor con el
que están midiendo ahora a los hospitales públicos
es el recaudo, es decir cuánto logran cobrar de lo que
facturan, indicador que se ha deteriorado: “el recaudo
en el año 2012 era del 69,8 pero para el 2016 cayó
al 64,26; lo que quiere decir que de cada 100 pesos que vende
un hospital solo le pagan 64 pesos, afectando el nivel de riesgo
y por eso la mayoría de los hospitales se ven en riesgo
medio y alto”.
El análisis de los datos permite observar además
de la disminución general en el recaudo, las dificultades
crecientes ante el régimen contributivo, que independiente
de los montos de facturación, muestra una progresividad
preocupante en el incumplimiento del pago.
Si bien en años anteriores el mecanismo de categorización
de riesgo ha sido cuestionado por su metodología, podría
pensarse que en esta oportunidad refleja el panorama de crisis
de los hospitales públicos. “La afectación
inicial del bajo recaudo se refleja en más deudas y pasivos
de los hospitales ante todo con el recurso humano vinculado,
hoy el 30% de los hospitales de Antioquia tienen deudas de nóminas,
pero también se golpea la provisión de medicamentos,
reactivos y demás insumos, ya que más del 95%
de los hospitales deben a proveedores y al personal tercerizado
a más de 90 días en promedio, de ahí que
haya farmacias con problemas de dotación” afirmó
el doctor Martínez.
Pago de las EPS: única opción
para los hospitales
El Hospital La Merced en el municipio de Ciudad Bolívar,
quedó para 2017en nivel medio de riesgo; la ESE, de segundo
nivel de complejidad, venía en un riesgo bajo pero luego
de actualizar los indicadores financieros la realidad mostró
que la institución tiene una cartera donde el 33% es
mayor a los 360 días, a la vez que las deudas con terceros
originada en la dificultad del flujo de recursos llega en un
25% a más de 360 días.
Su gerente el doctor Mauricio Toro atribuye el agravamiento
en el nivel de riesgo de la institución a la debilidad
financiera del sistema: “no están llegando los recursos
adecuados a las instituciones que prestamos los servicios de
salud, pero cuando vamos a las EPS nos dicen que a ellos tampoco
les alcanza porque el Estado les debe una parte importante de
recursos, y cuando se le reclama por una solución, este
no toma acciones frente a los aseguradores porque también
tiene culpabilidad en la medida que tampoco está respondiendo
con la sostenibilidad del sistema”. De esta manera, el
doctor Toro resume el drama que viven los gerentes de la mayoría
de las IPS públicas de Antioquia, que cada vez ven más
reducido el margen de maniobra.
No son muchas las acciones que la administración de un
hospital público pueda tomar para capotear la amenaza
de intervención o incluso de liquidación que trae
ser calificado en riesgo alto o medio. El doctor Toro señala
entre ellas optimizar la utilización de los recursos,
ajustar las nóminas al personal adecuado y en número
suficiente para prestar los servicios contratados, en los insumos
tener los inventarios precisos y con precios adecuados y como
fundamental: “controlar los precios de compras de los insumos
y medicamentos, utilizar subastas inversas, buscar los mejores
precios y así optimizar algo la parte financiera siendo
demasiado juicioso con el gasto”.
Sin embargo el doctor Toro es consiente que una buena gestión
es insuficiente: “estamos en un círculo vicioso
donde se invierte y trabaja poco en prevención y promoción,
y si se entiende la prevención como la posibilidad de
identificar tempranamente a la persona que probablemente va
a tener una enfermedad que puede ser de alto costo y así
poder comenzar a tratarla oportunamente y evitar que llegue
a enfermedades calamitosas y costosas, si eso se hiciera, muchas
personas no tendrían que visitar un hospital en años”.
La categorización de los hospitales públicos si
bien permiten realizar una radiografía de la crisis,
también genera una mayor angustia y presión sobre
los equipos directivos que se ven enfrentados a una situación
paradójica descrita por el doctor Mauricio Toro: “Vivimos
en una encrucijada porque aunque se presten mayores y mejores
servicios las EPS los reconocen muy por debajo de las tarifas
del mercado, entonces además de que los hospitales no
pueden cumplir con las exigencias de los planes de saneamiento
o planes de riesgo financiero y fiscal, la otra realidad es
que internamente el costo que se genera para prestar un servicio
no va a poder ser costeado, y sigue siendo irónico que
si se sigue en este camino las instituciones están destinadas
al cierre, pero supongamos que no se liquiden, la alternativa
para cumplir los indicadores y salir del riesgo es no prestarle
servicios a la gente, aunque la Constitución diga que
existe el derecho a la salud”.
La respuesta para superar esta crisis y salir de la categorización
de riesgo medio y alto no es fácil y para Luis Alberto
Martínez la tarea debe comenzar por lo menos en no empeorar
la situación actual de las ESE: “esperaríamos
por lo menos que no se presenten propuestas de las EPS que traten
de disminuir las tarifas y que agravan la situación,
por cuanto estos se desfinancian y se deterioran más
los ingresos y la sostenibilidad financiera. El llamado inicial
es a la Supersalud para que de verdad ejerza su papel y obligue
a las EPS a pagar, y si no tienen recursos para hacerlo, que
el Estado asuma esos pasivos porque es el garante del buen funcionamiento
del sistema”, concluye Martínez. |
