Colombia es paradigmática en cuanto a la intervención del derecho en el ejercicio de la medicina, de lo cual dan fe las múltiples normas jurídicas expedidas por el Congreso, el Gobierno Nacional y organismos de la salud. La autonomía médica está interferida por no pocas de aquellas normas; por políticas, directrices y estrictos protocolos de empresas del sistema; por indebidas actuaciones de funcionarios de éstas y por estímulos económicos a los médicos de parte de multinacionales farmacéuticas y biotecnológicas.
Hay, también, interferencia e irrespeto de pacientes privilegiados que se presentan a la consulta con la lista de exámenes o medicamentos para que el médico los prescriba y hasta con el diagnóstico de su enfermedad. Y de otros que, abusando del derecho a la salud y al libre desarrollo de la personalidad y de la acción de tutela, pretenden la prescripción y realización de costosos procedimientos innecesarios, por esnobismo o comodidad, o exclusivamente estéticos, contando con la interesada asesoría de abogados oportunistas y/o la colaboración de funcionarios deshonestos. Interfieren en la autonomía médica las exigencias de familiares al médico o al equipo tratante de “hacer hasta lo último” para evitar la muerte inminente de un paciente hospitalizado, exigencias que pueden implicar la iniciación de procedimientos inútiles o desproporcionados o la no suspensión de los ya iniciados que devienen en tales. También menoscaban la autonomía médica las formalistas intervenciones de defensores de familia que terminan afectando a los menores cuyos derechos quieren restaurar; y las excesivas decisiones de jueces de tutela que ordenan procedimientos como los anotados o desconocen la capacidad del sistema
Por ello, aunque la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015) reconoce la autonomía médica, en la práctica ésta se encuentra tan limitada e interferida que resulta casi inexistente, no obstante su importancia por ser expresión de respeto por la dignidad del médico, fundamento de su responsabilidad ética y jurídica y garantía de la seguridad del paciente. Éstas dependen de que el profesional a quien se confía el cuidado de la salud y la calidad de vida, efectivamente pueda utilizar sus conocimientos científicos y técnicos y su experiencia en el diagnóstico de la enfermedad y en el tratamiento tendientes a alcanzar alguno de los objetivos de la medicina. Esa responsabilidad no existe si el acto médico es impuesto por actores ajenos a la medicina, como el paciente, su familia o un juez de tutela, porque sin libertad no hay responsabilidad.
Infortunadamente, no son escasos los médicos que, en lugar de defender su autonomía profesional y asumir con responsabilidad su ejercicio, renuncian a ella por temor a quejas o demandas, pretextando el respeto por la autonomía del paciente, o por darle un alcance equivocado al derecho al consentimiento informado, que implica que toda actuación suya está supeditada a la autorización aquél.