En 1997 la Corte Constitucional
profirió la histórica Sentencia C-239 que eliminó
la responsabilidad penal en casos de homicidio por piedad, cuando
concurre la voluntad libre del enfermo terminal. La Corte exhortó
al Congreso a regular de manera urgente la muerte digna, pero
hoy 18 años después no se ha expedido ninguna
norma. Y en 2014 se aprobó la Ley 1733 sobre cuidados
paliativos para enfermos terminales.
Varias iniciativas buscaron regular el tema, pero siempre fue
mayor la resistencia que el apoyo en el Congreso. En 2004 el
senador Carlos Gaviria, ponente de la Sentencia C-239, radicó
el primer proyecto de ley para regular la muerte digna y voluntaria
de enfermos terminales, pero lo retiró porque el ponente,
Germán Vargas, lo modificó y se negó a
incluir la figura del homicidio por piedad. En 2007 los senadores
Armando Benedetti y Gina Parody presentaron un proyecto de ley
estatutaria para regular la eutanasia y la asistencia al suicidio,
pero lo retiraron porque su aprobación no era viable.
En 2008 Benedetti insistió con el proyecto, pero no fue
aprobado por falta de quórum.
Los opositores también hicieron esfuerzos legislativos,
pero igualmente infructuosos. En 2009 la senadora Claudia Rodríguez
radicó un proyecto de ley que penalizaba la eutanasia
en todos los casos, aumentaba penas e incluía circunstancias
de agravación punitiva para profesionales de la salud
que indujeran, ayudaran o incentivaran esa conducta. Argumentando
violación de los derechos fundamentales a la vida digna
y al libre desarrollo de la personalidad, el senador Alfonso
Valdivieso frenó la propuesta.
En 2013 el senador conservador José Darío Salazar
impulsó un proyecto de acto legislativo que modificaba
el artículo 11 de la Constitución, aclarando que
el derecho a la vida era inviolable desde la fecundación
hasta la muerte natural, prohibiendo así el aborto y
la eutanasia en todos los casos. La propuesta recibió
ponencia negativa y fue archivada, porque según los ponentes
desnaturalizaría el Estado Social de Derecho. |
