Eutanasia, “derecho a que sea intentado”, uso del glifosato, Caprecom, asuntos a cuál de todos más espinoso, ocupan la agenda en Colombia por este tiempo.
Desde 1997 cuando la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-239 que eliminó la responsabilidad penal en casos de homicidio por piedad, cuando concurre la voluntad libre del enfermo terminal, se reclamó al Congreso regular de manera urgente la muerte digna. Hoy, 18 años después, aún no se expide ninguna norma y el tema sigue abierto y tan polémico como el primer día.
Y es que no es fácil reglar aquello que tiene que ver con la vida y la muerte y sus límites. Tampoco lo es determinar quién, cuando y cómo debe intervenir en esos momentos de verdad. Pero la Nación toda en conjunto y cada colombiano en particular, tienen derecho a una norma clara que oriente su actuar cuando le toque. En calidad de paciente, de familiar, de profesional de la salud, de funcionario público, de abogado, de ciudadano común y corriente. Es tema de todos. Y el Estado está en mora de resolverlo. Que se dé el debate entonces -con serenidad, respeto y prudencia- es lo que necesita el país.
Que la Corte Constitucional en su Sentencia T-057 declarara fundamental el “derecho a que sea intentado”, marca otro hito en la historia de la salud en Colombia. En esencia ordena agotar todas las posibilidades científicas existentes, incluso las experimentales, siempre y cuando se cuente con la orden del médico tratante para los casos desesperados en los cuales no parece existir otra opción, bien sea de recuperación o de evitar un inminente fallecimiento del paciente. Se trata por tanto, de “situaciones límite”.
Con este fallo de tutela, la ley colombiana en salud se pone a la par de desarrollos legislativos de Colorado, Montana, Missouri, Arizona y Louisiana, en Estados Unidos, cuando se está ante una única y quizá última opción para un paciente, declarando fundamental el “derecho a intentarlo”. Es por tanto, otro tema de pedagogía en la conciencia nacional y particular.
También fue la Corte Constitucional precursora en la advertencia de que ante el riesgo de presuntos males en la salud por la aspersión aérea con glifosato (Auto 073), en caso de no llegarse “a una conclusión definitiva con base en criterios técnicos y científicos razonables sobre la inexistencia de un riesgo actual, grave e irreversible para el medio ambiente y/o la salud de las personas”, se debe “dar aplicación inmediata del principio de precaución”. Según la Corte, el principio de precaución debe aplicarse si se cuenta con “la valoración de indicios que indiquen la potencialidad de un daño”.
Ahora el ministro Alejandro Gaviria recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender de manera inmediata la aspersión aérea para erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, luego de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lo clasificara como probablemente carcinogénico para humanos y relacionado con la aparición de Linfoma No-Hodgkin. Ojalá no lloviera más glifosato sobre los campos colombianos, pero el asunto no es sencillo cuando de por medio está la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, y compromisos internacionales políticos y económicos, amén de presiones de multinacionales defendiendo su inocuidad.
Y frente a Caprecom, el gobierno tiene una gran responsabilidad al determinar el futuro de esta EPS: en ella están afiliados más de 3 millones y medio de los colombianos más pobres y vulnerables del país, en sitios de la geografía donde no va ninguna otra EPS.
Ante temas tan determinantes para la vida en el país, sabiduría y prudencia es lo mínimo que todos esperamos de quienes tomen las decisiones finales.