La norma que le confiere al gobierno
nacional la función de delimitar la estructura orgánica
de las Empresas Sociales del Estado -ESE-, su constitución,
mecanismos de conformación, objetivos, funciones generales,
transformación, organización y operación,
así como las funciones de las juntas directivas y su
reglamentación, es contraria a lo establecido en la Constitución
Política.
Así lo señaló la Procuraduría General
de la Nación, tras rendir concepto ante la Corte Constitucional
frente a demanda interpuesta contra el artículo 27 (parcial)
de la Ley 1122 de 2007, sobre regulación de las ESE.
Por ello, la autorización dada por esa ley al gobierno
para reglamentar la creación y organización de
las ESE, viola la Constitución.
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