portaba una lazada de cinta púrpura en su solapa, y que identificaba, según informaron, una campaña de los españoles en contra del secuestro.
Como la literatura y la publicidad del Mandato Ciudadano por la Paz (que para esa época promovíamos con entusiasmo) era verde, que es el color de la esperanza, según nos informaban, yo decidí lanzar una iniciativa con una lazada de cinta de color verde... y los resultados ya todo el mundo los conoce.

Si reflexionamos un poco sobre esta última definición, tenemos que concluir que por el hecho de desempeñar cargos públicos o de ser por cualquier otra causa personaje público, no se pierde el derecho que a la intimidad tiene un tal sujeto ni al respeto sumo por ella, ya que no todo lo que éste realiza en su vida este personaje tiene el carácter de “notorio”, “manifiesto”, de “sabido por todos”. Como lógica consecuencia tenemos que aceptar que, como para todo ser humano, existe una clara delimitación entre lo que es intimidad -patrimonio espiritual o íntimo- y actuaciones públicas -patrimonio público-.
Recordemos someramente, ya que en otras oportunidades nos hemos referido en extenso al tema, el sentido antropológico de la intimidad. La intimidad es un elemento estructural, esencial, del ser humano; es el fundamento de su libertad y de su dignidad, elemento que le permite realizarse como persona y, además, convivir en la comunidad en la cual se desenvuelve su existencia. No es algo que la cultura haya concedido o agregado a la condición del ser humano; la necesidad de tener intimidad y de que ésta no sea violada por la curiosidad de otro o por la divulgación de quien por razón de su profesión o de su oficio la conozca parcial o totalmente, es una exigencia perentoria, un derecho primordial que surge como imperativo categórico, como un deber ineludible respecto de toda persona, cualquiera sea su condición social, su credo religioso o político, las condiciones de su salud, etc.
La intimidad es propiedad espiritual legítima de cada persona e igual que se exige respetar su patrimonio material es, repito, deber ineludible hacer lo mismo con su patrimonio espiritual. Quien atropella y divulga lo que conoció como secreto o sigilo profesional está apoderándose de algo ajeno muy valioso, quizás a la par con la existencia misma lo más valioso del ser humano, es decir, arrebata lo ajeno, lo hurta, lo roba.
Es conveniente recordar que tanto la ética como las determinaciones legales aceptan que, cuando el valor del sigilo entra en conflicto con otros valores, se establezcan excepciones a la guarda del secreto profesional y en consecuencia éste debe ser revelado a la autoridad competente, siempre procurando hacer el menor mal posible al dueño del secreto, que, en el campo de la medicina, es el paciente. Pero entre estas excepciones no figura ni podrá figurar la simple noticia o el chismorreo social, el afán de mostrarse enterado de lo que padece en su salud un personaje público.
Recordemos también que en las excepciones a la guarda del secreto profesional médico, aparece la siguiente aclaración: «No es que pierda relevancia la fuerza obligatoria del secreto, sino que queda debilitada frente a la aparición de otras razones más importantes, que reclaman la revelación de la noticia confiada» (Taliercio). No debemos olvidar las graves consecuencias que la revelación injustificada de la intimidad trae para el paciente, para el médico, para la medicina, para la convivencia ciudadana.
Me atrevería a afirmar que si la guarda del sigilo profesional obliga perentoriamente para todo paciente, sin tener en cuenta su condición social, su sexo, su raza, sus creencias religiosas ni políticas, etc., la prudencia nos obliga a ser más cautelosos si se trata de un personaje público, ya que el mal que se derive de la revelación puede traer mayores y más graves consecuencia para él y para la comunidad.
Las anteriores reflexiones son válidas para salvaguardar la verdadera intimidad de los personajes públicos, pero no pueden servir de excusa para que ellos oculten acciones u omisiones que en su diario quehacer deben llevar a cabo de manera manifiesta, patente, visible, para que puedan ser conocidas y juzgadas por la comunidad, pues hacen parte de su vida pública.
Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-