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Si alguna
palabra pudiera traducir lo que significa la implementación
de la cobertura universal en salud para la población
pobre y vulnerable de Guajira, Cesar, Casanare, Huila, Arauca
y Antioquia, sería inclusión. Y ésta se
evidencia en la posibilidad de recibir atención cuando
están enfermos o la tranquilidad de poder sobrellevar
un tratamiento que antes no les era brindado. En suma, es la
realización del derecho a la salud de miles de colombianos
que desde 2006 ingresaron al régimen subsidiado, frente
a muchos otros en los 25 departamentos restantes del país
donde la cobertura universal aún es utopía.
No obstante, no todo es color de rosa. Hay problemas reales
paralelos al proceso, que a largo plazo podrían hacer
tambalear el avance en la cobertura y la atención de
quienes ingresaron al sistema de salud. El más preocupante
es el aumento de la demanda de servicios de alto costo por personas
que los solicitaban de tiempo atrás, y otras desplazadas
desde departamentos vecinos que no tienen la cobertura.
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En Antioquia, un departamento complejo por su ubicación,
número de habitantes y buena calidad de los servicios
de salud, son evidentes por la alta demanda, las dificultades
para financiar el tercer y cuarto nivel de complejidad, los
tratamientos con tecnología de punta, las cirugías
y medicamentos que no están en el Plan Obligatorio
de Salud (POS).
Todos estos servicios, prestados por hospitales públicos
y algunas clínicas que ofrecen sus servicios al régimen
subsidiado, generan facturación a la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia, comprometida a pagarlas tal
como lo establecen las pautas de financiación de la
cobertura universal, a cargo del departamento en este caso.
El problema es que son los hospitales los que están
asumiendo el costo de los servicios que prestan, debido a
que la Dirección Seccional no ha cumplido con todas
sus obligaciones, y además glosa muchas facturas por
medicamentos no incluidos en el POS, bajo el argumento que
no fueron autorizadas en su momento. La consecuencia es que
los hospitales están comprometiendo su estabilidad
económica, porque intentan subsistir a partir de la
venta de sus servicios, sin recibir el pago por ello.
Este tema si bien no fue presentado en la rendición
de cuentas del Ministerio de la Protección Social,
requiere atención del gobierno departamental y nacional
para definir con claridad de dónde van a provenir los
fondos para pagar los servicios de urgencias, alto costo y
alta complejidad de la población del régimen
subsidiado, además de establecer pautas para que los
recursos de cobertura universal se destinen exclusivamente
a pagar las deudas por este concepto y no a proyectos alternos.
Falta asesoría del Ministerio
y la Superintendencia
El monitoreo conjunto y permanente del Ministerio
de la Protección Social y la Supersalud es sin duda
uno de los aspectos que requiere mayor atención en
el proceso, para definir pautas de financiación y de
operatividad de la cobertura universal.
Según el secretario de Salud de Medellín, Carlos
Enrique Cárdenas Rendón, hay que ajustar varios
puntos: Uno, las consecuencias del desplazamiento de muchas
personas que llegan con enfermedades de alto costo, son encuestadas
por el Sisbén y afiliadas al sistema; al mes en Medellín
se realizan entre 4.000 y 5.000 encuestas, mientras se retiran
entre 900 y 1.000 personas, generando dificultades para saber
quiénes ingresaron al sistema y quiénes se mantienen.
Otro punto es el listado de priorizados, una norma de 2003
que aún no se evalúa si es pertinente; según
Cárdenas, se supone que si hay cobertura es para todos,
y si un ciudadano reclama el derecho se le debe otorgar, pero
hay contradicción entre el Ministerio y las EPS cuando
exigen que la afiliación se debe dar bajo tal listado.
Datos… preocupantes
A las dificultades de la aplicación de la cobertura
universal se suman fallas estructurales del Sistema. Lo más
representativo es la base de datos y el flujo de recursos,
pero Medellín gracias a tener remanentes del saneamiento
del Fondo Local de Salud, pudo manejar con recursos propios
que suman $40.000 millones este año, el déficit
del giro Fosyga. Las bases de datos por su parte tienen 3
elementos en disputa: población en contributivo, que
muchas veces aparece aunque no está activa; población
fallecida en bases de datos por la cual nadie responde y siempre
genera descuadres cuando se coteja la información de
la Secretaría de Salud y la Contraloría; y personas
con documento de identidad que tienen problemas al momento
de afiliarse cuando tienen 7 años y no tienen tarjeta
de identidad, o a los 18 si no han recibido la cédula.
A esto se suma que según Planeación Nacional,
un ciudadano puede recibir subsidios sólo si aparece
en una base de datos avalada por la institución, actualizada
sólo 2 veces al año.
Todos estos escollos impiden que el proceso avance, y muestran
según el Secretario de Salud de Medellín, que
la Nación no está garantizando las herramientas
para cumplir con sus mismas reglas de juego.
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