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“Hay
elementos a considerar en la reforma a la Ley 715, como incentivos
al cumplimiento de indicadores por los municipios o recuperar
el subsidio a la oferta mínimo en regiones de gran dispersión,
identificando puntos donde se genera el déficit para
la operación normal del sistema de salud”.
Dr. Álvaro Franco |
| “Hay que entender que la
Ley 715/01 cuando asigna recursos no define cómo se aplican,
eso lo hacen leyes diferentes como la Ley 100/93 que estructura
el componente del aseguramiento en salud, o la Ley 1438/11 que
destinó el 80% de los recursos transferidos para ampliar
el subsidiado y solo 10% para salud pública y únicamente
10% para atención de oferta. Esas restricciones hacen
que en una reforma a la Ley 715 el tema central no es cuánta
plata más se va a entregar a los territorios, sino cómo
transformar la lógica de recaudación, asignación
y fiscalidad para fortalecer la autonomía territorial,
sobre todo en los departamentos, que les permita coordinar mejor
el esfuerzo público”. |
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Así lo afirmó
el médico, historiador y profesor de la U. Nacional,
Mario Hernández, en el foro “Territorialidad, competencias
y recursos en salud en perspectiva de la construcción
de paz”, organizado por la Facultad Nacional de Salud Pública
de la U. de Antioquia el pasado 20 de octubre, centrado en la
reforma a la Ley 715/01.
El análisis del doctor Hernández apunta a un elemento
más profundo: la reforma de la 715 no debe abordarse
como una actualización de porcentajes, porque para una
Colombia del post-conflicto se necesita mucho más que
números. Desde la UNAL en Bogotá se trabaja con
el profesor Indalecio Restrepo en el desarrollo de una propuesta
de Sistema General de Financiamiento Territorial que permita
articular los recursos de transferencias de la Nación
con los de regalías, para desde una lógica más
autónoma, participativa y democrática en los territorios,
se potencie el paso a transformaciones políticas y económicas
en la estructura del Estado y no solo en fórmulas de
repartición.
La propuesta explica Hernández, gira más hacia
la creación de fondos territoriales que recojan regalías,
SGP (Sistema General de Participaciones) y que logren una planeación
territorial acorde con las necesidades e inequidades internas
en cada región, para que los recursos no se centralicen
en ninguna esfera: “Que la plata no se quede en Quibdó
o Medellín, mientras el resto de la región está
muy mal. Se propone un Pacto Social y Político que permita
afectar las causas de la guerra que se encuentran en la desigualdad
social, y por eso hay que avanzar más allá de
la distribución de recursos y funciones”.
“Recursos para desarrollar territorialidad”
Colombia puede estar al frente de una posibilidad de
oro para reformar el país: en eso coinciden Hernández
y el decano de la Facultad de Salud Pública de la U.
de Antioquia, Álvaro Franco, quien ante la posibilidad
de un post-conflicto señala la necesidad de dar cambios
importantes, incluyendo la disposición de recursos para
desarrollar territorialidad, políticas locales y autonomía
regional con recursos efectivamente asignados. |
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UNAL desarrolla
propuesta de Sistema
General de Financiamiento Territorial para articular
recursos de transferencias de la Nación con los de
regalías,
para potenciar el paso a transformaciones políticas
y
económicas en la estructura del Estado y no
solo en fórmulas de repartición.
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Dijo el doctor Franco:
“Ahora que se habla de construcción de paz y un
nuevo país, hay que considerar que un cambio de paradigma
debe ser la razón de ser de salir de una guerra. Deben
darse unos criterios más claros, firmes y concretos en
lo social”. Estima necesario volver a pensar la descentralización
política para desarrollar la “glocalidad”,
pero con autonomía y recursos para trabajar en función
de las poblaciones y actores en el escenario regional: “Más
importante es tener la claridad en que esto no es solo transferir
recursos en forma exigua o amplia, sino definir las autonomías
y el poder local en el país, frente a poderes centralizados
u otros muy fuertes provenientes de lo supra-nacional”.
Por ello señala elementos a considerar en la reforma
a la Ley 715, como la creación de incentivos al cumplimiento
de indicadores por los municipios para premiar su gestión
local, o recuperar el subsidio a la oferta mínimo en
regiones de gran dispersión, identificando los puntos
donde se genera el déficit para la operación normal
del sistema de salud (como servicios de urgencias costosos que
deben permanecer abiertos o tener especialistas en hospitales
de segundo nivel, pues serían estímulos de oferta
que deben ir contra estudios claros propuestos en la Ley 1438,
tema nunca desarrollado pese a la vigencia de la ley).
“Garantizar recursos a hospitales
de primer nivel”
El director de Cosesam, doctor Julio Alberto Rincón,
considera que muchos municipios no deben someterse a la trazabilidad
del aseguramiento, porque puede resultar incluso absurdo: “A
hospitales de primer nivel debemos garantizarles recursos para
que mantengan su oferta y resultados, controlarlos pero sin
meterlos en el juego de la factura, las glosas y el recaudo.
Hay que garantizar su funcionamiento con acceso universal a
la gente y talvez asegurar solo lo que quede fuera de su ámbito
de acción”.
A noviembre de 2016 todo indica que el país no se está
preparando suficientemente para la reforma de la Ley 715 y no
se ven iniciativas fuertes del lado gubernamental -aunque dicen
que Planeación Nacional estaría trabajando el
tema-. Y aunque sectores como el educativo abrieron la discusión,
en salud indica el doctor Franco, todo está muy quieto.
Una mirada pesimista permitiría vaticinar que desde Minhacienda
los esfuerzos se centrarán en un recorte a las transferencias
y en general a la descentralización fiscal en el país,
más cuando el discurso actual es el “déficit
fiscal”. De ahí que el doctor Román Restrepo
afirme: “Para que esa reforma corresponda a una política
verdaderamente descentralizadora se necesitaría otro
Pacto Social, y esa posibilidad no la veo por otra vía
que sea la firma de los tratados de paz, siempre y cuando se
considere eso como un asunto fundamental de la política
del Estado”.6 |
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