Salvar vidas y evitar enfermedades es el fin último de los impuestos saludables: su éxito se mide en las mejoras de la calidad de vida y su recaudo puede destinarse a garantizar la seguridad alimentaria de la población y a mejorar el servicio de salud.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, sostiene estimativos según los cuales el aumento al impuesto a las cajetillas de cigarrillos de $701 a $2.100, evitaría más de 2.000 muertes prematuras y el gravamen de $300 por cada litro de bebidas azucaradas evitaría más de 500 muertes: “En Colombia, según nuestras cifras, las bebidas azucaradas son causantes del 13% de mortalidad por diabetes, el 5% de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y 1% de la mortalidad por neoplasias asociadas”. Y existe suficiente evidencia científica del aumento de morbilidad y mortalidad por cuenta de enfermedades causadas a su vez por consumo del exceso de azúcar de estas bebidas y por fumar.
Académicos de Estados Unidos, Brasil, Méjico y Chile dijeron al ministro “que el consumo de azúcar en exceso es una de las causas principales de obesidad y sus enfermedades relacionadas, ya que la ingesta excesiva de azúcar causa mayor riesgo de diabetes, daño hepático y renal, enfermedad cardíaca y algunos cánceres”, según estudios de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer.
El impuesto a bebidas azucaradas es una medida de salud pública cuyos resultados se miden en la reducción de la obesidad, la diabetes y costos de enfermedades no transmisibles, que hoy se elevan a 755%. La OMS recomienda incrementar el impuesto a bebidas con azúcares añadidos como mínimo en 20%, como la medida más costo-efectiva y rápida para desestimular el consumo de un producto dañino para la salud.
Y frente al impuesto al cigarrillo, la evidencia empírica internacional demuestra que la tributación es la medida más costo-efectiva para reducir los efectos negativos del consumo. En 2015 la OMS afirmó que el aumento de impuestos al tabaco a más del 75% del precio de venta, es una de las medidas más efectivas para controlar la epidemia del tabaquismo, especialmente entre los más jóvenes y los más pobres. Con este impuesto en Colombia se reduciría la prevalencia de consumo de 12.95% a 11.4% en un marco de 1-2 años; reduciría el porcentaje de muertes atribuibles al tabaquismo, porque se estima que 72 personas mueren por día en el país a causa del tabaquismo (15.9% de todas las muertes) y podrían evitarse 26.460 muertes por año. Debido al tabaco, alrededor de 10.606 personas son diagnosticadas de un cáncer anualmente, y cada año el tabaquismo es responsable de 112.891 infartos y hospitalizaciones por enfermedad cardíaca (IECS & IETS). El aumento al impuesto busca desincentivar el consumo, para reducir esa morbilidad y mortalidad asociada al tabaquismo, acercar el impuesto a estándares internacionales y generar mayores recursos para la salud.
El ministro Gaviria concluye: “Tenemos cifras aproximadas que muestran que el tabaquismo le cuesta $4.2 billones al sistema de salud y la diabetes asociada al consumo de bebidas azucaradas le cuesta una cifra similar. Si se cumplen nuestras predicciones de cambios de comportamiento, ambos impuestos le ahorrarían casi $700.000 millones anuales al sistema. Y los recursos recaudados son de destinación específica a la salud, tal como lo recomienda la OMS. Todos, sin excepción, irían al fondo público que acumula los recursos usados para financiar la operación del sistema”.
Lo grave ante los incuestionables beneficios de los “impuestos saludables”, es la guerra declarada por la industria tabacalera, azucarera y sus empresas asociadas, contra estos impuestos. Gremios como Andi, Fenalco, Asomedios, Asocaña y Asobares, entre otros, y medios de comunicación, congresistas, políticos y líderes de opinión, emprendieron agresivos ataques a los “impuestos saludables”, defendiendo especialmente las bebidas azucaradas. Hasta la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó sacar del aire un comercial de la campaña “Tómala en serio” que advertía los efectos nocivos del consumo de bebidas azucaradas, y sometió a control previo cualquier información que Educar Consumidores (promotora de la campaña) quisiera transmitir sobre esos productos.
Una vez más, vuelve a jugarse en el Congreso el debate de si Colombia opta por defender la salud de los colombianos y sus recursos, o si privilegia los intereses de productos tan perjudiciales para la salud como cigarrillo y bebidas azucaradas. ¿Tendremos más venenos en el aire y en el cuerpo, y más dosis de azúcar amarga?