Salud-Mía, EPS “Gestoras” y Mi-Plan: zonas grises a aclarar en la reforma “Reforma al sistema de salud: insuficiente para resolver problemas”: Académicos Álex Esteban Martínez Henao- Periodista elpulso@elhospital.org.co La creación de un único pagador, el plan de beneficios en el que se listarán los servicios excluidos para los usuarios y la inclusión en Mi-Plan de los servicios más recobrados al Fosyga, fueron algunos aspectos destacados en el foro “Análisis de la reforma a la salud” de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el pasado 15 de agosto. Elmer Gaviria, decano de la Facultad, aseguró que la crisis del sistema de salud alcanza a todos los actores y coincidió con Juan Eduardo Guerrero en que “el sistema de salud ha perdido legitimidad porque es un sistema quebrado”. Sostuvo que la academia debe crear estos espacios para reflexionar sobre los alcances de la reforma y más cuando, “como se suele presentar en la política, una cosa es la que se presenta y otra es la que sale después de las alianzas perversas que se hacen en el Congreso”. El decano dejó en claro su insatisfacción con el texto de la Ley Estatutaria aprobada y que está en estudio por la Corte Constitucional, ya que en ella se supedita el derecho a la salud a la sostenibilidad financiera del sistema. Ley ordinaria: ni Atención Primaria ni política de talento humano El decano encuentra preocupante que el proyecto de ley 210 no considerara la Atención Primaria en Salud (APS) ni la formación del talento humano en salud, y que al incluir éste último, lo hizo desconociendo al Ministerio de Educación y las universidades. Según el decano, errores como éste abren la puerta a decretos reglamentarios a la Ley 1438 que deleguen en instituciones hospitalarias los cupos para especializaciones médicas, y que el Ministerio de Educación quiera “delegar lo indelegable, que es la responsabilidad de participar en los procesos de formación y financiación de estudiantes de posgrado”. En igual sentido se expresó la profesora Yuly Andrea Marín, integrante del Consultorio de Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, quien declaró que a pesar de contar con un capítulo específico en la ley ordinaria, el proyecto sólo “regula a las especialidades clínicas, pero no es una política de talento humano general”. Cuestionó que dos años después de promulgada, aún no se haya reglamentado la Ley 1438/11. Además, señaló que el proyecto de ley ordinaria “no supera esa característica tan nociva de tener a la población segmentada en regímenes, uno contributivo y uno subsidiado, y por lo tanto una tercera población excluida que se denomina pobre no asegurada”. Por ello aseguró que “no encuentra coherencia con el principio de universalidad”. “Los continuos cambios en normatividad evidencian la existencia de una tensión entre la salud como derecho y la salud como bien económico”. Dr. Jairo Humberto Restrepo Frente a la fragmentación de los servicios, recordó que la Ley 1438 aprobó la creación de Redes Integradas, pero que con el proyecto que cursa su trámite en el Congreso la red cae en manos de los Gestores de Servicios de Salud, con lo que “el principio de integralidad y libre escogencia no conserva coherencia al interior del proyecto de ley”. También planteó la docente que los copagos y cuotas moderadoras son una barrera económica, por lo que conservarlos en el sistema de salud no respeta “el principio de igualdad que plantea no discriminar a la población según su capacidad de pago”. Elevar el debate Jairo Humberto Restrepo, coordinador del Grupo de Economía de la Salud (GES) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, quien expuso los aspectos financieros de la reforma, hizo un llamado a acompañar el debate sobre la reforma al sistema y a evaluar la Ley 1438/11, de forma tal que se haga una interpretación cabal de ella. Invitó a “conocer y reconocer la historia y el contexto” para estudiar el sistema de salud colombiano, y así evitar caer “en la idea de que estamos en el peor de los mundos y de que es el peor momento de la historia”. El coordinador del GES aseveró que durante las últimas dos décadas el país no escogió el sistema de salud que quiere, de ahí que sea importante un “diálogo social amplio que convoque a todos los actores”, ya que los continuos cambios en normatividad evidencian la existencia de una tensión entre la salud como derecho y la salud como bien económico. También cuestionó la liquidación de la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), instancias “donde mal que bien, se veían todos los actores del sistema”. Los incentivos a las Gestores La médica salubrista Marcela Vélez argumentó su desacuerdo frente a la posibilidad de que las EPS se conviertan en Gestores de Servicios de Salud (GSS). Según ella, durante los últimos 15 años “quienes han mandado en políticas públicas en salud y en estrategia económica del sistema, son las EPS”. “Este proyecto de reforma tiene un tinte peligroso para clínicas y hospitales: la prescripción de la factura a los 12 meses. Ello podría conducir a que las Gestoras glosen y dilaten los cobros hasta completar el año, para finalmente evitar el pago por servicios prestados por las IPS”. Dr. Luis Alberto Martínez Declaró su oposición a la entrega de los excedentes de la operación del sistema a los Gestores (figura en que se transformarían las EPS), a modo de incentivos. Informó que en diálogo con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le manifestó su malestar con que se tenga en cuenta la sostenibilidad financiera como indicador para entregarles incentivos a los Gestores, y le planteó que se les ofrezcan estímulos “porque tengan las mejores tasas de oportunidad en las citas, mejores supervivencias de pacientes con cáncer, el mayor número de pacientes atendidos con tratamiento completo para hipertensión arterial, para diabetes mellitus y la mayor satisfacción de los usuarios. Pero, ¿darles incentivos porque se queden con más ganancias, porque demuestren que le están ofreciendo menos a la gente, porque inflan las cifras del aseguramiento?” Así lo cuestionó la médica, pues para ella, esto demuestra que cualquier reforma planteada no hace un cambio radical y drástico del sistema: “Ni con la Ley 1122, ni con la Ley 1438/11 ni con este proyecto de ley ordinaria (proyecto 210), se cambia de forma fundamental ni estructural el sistema”. Por su parte, Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), hizo énfasis en que un 70% de los municipios del país tiene el monopolio de la prestación de servicio por las Empresas Sociales del Estado (ESE), por lo que requirió mayor atención del Ejecutivo a los hospitales públicos. También advirtió que este proyecto de reforma tiene un tinte peligroso para clínicas y hospitales: la prescripción de la factura a los 12 meses. Ello podría conducir a que las Gestoras glosen y dilaten los cobros hasta completar el año, para finalmente evitar el pago por servicios prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Finalmente, la mayoría de panelistas cuestionó la falta de decretos reglamentarios de la Ley 1438/11. “Es como si aquí se aprobaran leyes a las que el gobierno les hace el juego para que se aprueben, pero luego las archiva. No le hagamos el juego a esa ley que quizás es demasiado buena”, dijo Jairo Humberto Restrepo, pues con ella se dio mayor eficiencia al sistema y mejores condiciones de acceso a la población.       Más información... ¿Qué traerá la redefinición con Salud-Mía, los Gestores y Mi-Plan? 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