Lo dicho: la reforma del sistema de salud tiene un rumbo incierto. Y mirando aspectos específicos como la transformación de las actuales EPS en “Gestores de servicios”, el fondo financiero único “Salud Mía” y el plan de beneficios Mi-Plan, entre otros, el norte de la reforma es aún más oscuro. Todos los actores del sistema manifiestan incertidumbre ante los anuncios sobre instituciones de suyo trascendentales, pero a la vez complejas y ambiguas. El mismo gobierno tampoco tiene del todo clara la fisonomía de esos proyectos. ¿Qué decir de los usuarios y pacientes, víctimas como son de todas las insensatas regulaciones, y sin aparente derecho a verdad ni a reparación?
Lo primero que salta a la vista son las incongruencias que plantea la transformación de los aseguradores privados (EPS) en “Gestores de Servicios de Salud”, iniciativa que basta para apreciar el terreno de arenas movedizas en donde se mueven los reformadores. Esta idea tiene el mismo vicio de todo el paquete de cambios: es una colcha de retazos donde se pretende conjugar elementos de aseguramiento estatal con mecanismos de gestión privada. Late ahí claramente la idea de quedar bien con Dios y con el diablo, de atender con cierto espíritu demagógico las quejas y denuncias de todo el mundo ante el fracaso del modelo de competencia regulada, y al mismo tiempo mantener e incluso acrecentar los privilegios e incentivos de los entes privados, los llamados aseguradores, que poco aseguraron cosa distinta de la rentabilidad de sus negocios. Comportamiento explicable en un contexto pre-electoral en el cual el mandatario requiere el beneplácito de todos los estamentos, porque necesita la plata de unos y el voto de todos.
A las EPS se las sigue tratando con una tolerancia que no se compadece con el daño económico, administrativo y social que algunas de ellas le han infligido al país. Primero, hasta el momento nadie ha hablado del pago de las cuantiosísimas deudas que tienen esas empresas con los hospitales y clínicas, a punto de colapsar muchos de ellos. ¿Contempla el proyecto de ley ordinaria 210 esa puesta en orden de la casa, la cancelación de las deudas como requisito para el otorgamiento de nuevas responsabilidades en el sistema? ¿En el período de transición que contempla la reforma, figura como ingrediente ese saneamiento financiero? ¿Qué fundamento legal y constitucional tiene la delegación de funciones de auditoría a unos entes privados? ¿No se están usurpando estas funciones al Estado, y de manera específica a las entidades territoriales? ¿Está plenamente superada en el texto del proyecto la peligrosa ambigüedad que convierte los recursos públicos en privados, o todavía nos atenemos a una simple promesa del ministro de Salud y Protección Social?
Tampoco hay claridad sobre el mecanismo que utilizará el fondo único recaudador y pagador en la nueva estructura de financiación del sistema de salud. Indudablemente, Salud-Mía es una iniciativa muy progresista, en el papel. No se trata de oponerse a un aseguramiento estatal y mediante instrumentos estatales. En sí la idea es conveniente, y además, el descalabro financiero que vivimos amerita una seria intervención del Estado. Pero de Salud-Mía podríamos decir lo mismo que dijo el gran Víctor Hugo de la Constitución de Rionegro: que era una norma muy buena para un país de ángeles. O sea, bienvenido Salud-Mía, siempre y cuando se reemplace el reinado de la corrupción y la impunidad por un auténtico control con participación social, y el desgreño administrativo y financiero por una gestión ágil, moderna, eficaz y transparente. En todo caso, Colombia no resiste más EPS desviadoras y derrochadoras de recursos, ni una integración vertical por decreto, ni otro Seguro Social, ni otro Agro Ingreso Seguro.