MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 180  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Salud-Mía, EPS “Gestoras” y Mi-Plan:
zonas grises a aclarar en la reforma


“Debe replantearse
definición de Mi-Plan”: Aesa

Luisa Fernanda Rodríguez Jaramillo - Periodista elpulso@elhospital.org.co

Una serie de aspectos deberían ser replanteados en la definición de Mi-Plan en el proyecto de ley ordinaria, afirmó el doctor Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), porque existen temores y desconfianza en el sector salud cuando se habla de una definición colectiva -por parte de varios actores del sector- de los criterios para excluir algunos procedimientos, tratamientos y medicamentos de ese plan de beneficios.
El doctor Martínez afirmó que es necesario hacer cambios sustanciales al proyecto, para definir finalmente cómo quedaría-Mi Plan.
Por ejemplo: en la ley ordinaria se plantea que sería “un listado positivo; sin embargo, en la recién aprobada Ley Estatuaria se plantea que el derecho a la salud serán prestaciones de salud y que será un plan 'implícito', y a la par habrá un listado explícito de exclusiones que responderá a unos criterios, previo un procedimiento técnico de carácter público, participativo, colectivo y transparente, donde entran las agremiaciones, instituciones, los pacientes, etc., a definir mediante un mecanismo colectivo las exclusiones, no tanto las inclusiones. Ahí habría que adaptar la ley ordinaria a lo que plantea la Ley Estatuaria”.
Considera además una mala decisión que aún se hable de listados y que es negativo plantear en el proyecto el 'núcleo esencial del derecho a la salud', limitándolo a unas prestaciones: “Tenemos derecho a enfermarnos y el núcleo del derecho fundamental a la salud debe ser muchísimo más amplio, debe tener los determinantes sociales y económicos por los cuales las personas y familias podemos alterar nuestro bienestar; ese control de determinantes tiene que ver con la promoción de la salud, con la prevención de la enfermedad y con la atención, no solamente con la salud como se redujo ostensiblemente en la Ley Estatutaria”.
Dudosa democracia y participación
El directivo gremial teme que no vaya a haber una verdadera acogida por el gobierno a los planteamientos o sugerencias que hagan los actores que participarán en la creación de Mi-Plan, pues así se notó con la elaboración del proyecto de ley para reformar el sistema de la salud que fue llevado al Congreso de la República.
“Si sigue la competencia en
vez de buscar la cooperación y la articulación, no
tendremosintegralidad, habrá fragmentación y más que fragmentación,
la atomización de los diferentes actores seguirá reinando,
y la integralidad, la continuidad en la prestación de
servicios pasará a un segundo plano”.
Dr. Luis Alberto Martínez
Explicó que el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) fue delegado por el Ministerio de Salud para hacer el piloto de conformación de un comité de deliberación para la toma de decisiones de coberturas en el plan de beneficios, y para ello inició la convocatoria a los actores que podrían estar involucrados: “Se empezó a conformar los grupos que de alguna forma van a empezar a definir el núcleo esencial del derecho a la salud, y cuáles son los servicios y tecnologías que van a ser excluidos”.
Considera que eso está bien, pero que es sólo teoría. Se mostró escéptico tras lo que se evidenció en el proceso de socialización de la ley ordinaria por el ministro Alejandro Gaviria en todo el país; hubo 12 audiencias públicas donde se planteó el nuevo modelo de salud y en cerca de 15 reuniones “se hicieron aportes importantes sobre qué pensaba la comunidad, las agremiaciones de profesionales, de hospitales, de clínicas, qué pensaban los departamentos, las EPS, pacientes y diferentes grupos de interés; incluso se hizo el proyecto de ley 233. Revisamos qué quedó, qué aprobaron en la Comisión VII del Senado de toda esa participación amplia que hubo. Vemos que lo incluido de lo que dijimos los grupos de interés fue muy poquito, casi que nada. La participación efectiva no se está dando, sólo estamos convalidando unas acciones ahí, pero el gobierno nacional tiene una ruta muy definida”.
“No será suficiente el trabajo
mancomunado de las entidades que elaboren Mi-Plan
para garantizar la integralidad en la prestación de servicios
y la continuidad de los mismos, entre otros aspectos”.
Dr. Luis Alberto Martínez
Tampoco ve con buenos ojos la forma como está estructurada la norma, pues no será suficiente el trabajo mancomunado de las entidades que elaboren Mi-Plan para garantizar la integralidad en la prestación de servicios y la continuidad de los mismos, entre otros aspectos. En consecuencia, sería necesario cambiar las bases conceptuales sobre las cuales se fundamenta el modelo de salud existente, pues de lo contrario seguiría el país “en las mismas”.
Una de esas bases conceptuales es la competencia entre prestadores de servicios y aseguradores (Gestores), explicó: “Si sigue la competencia en vez de buscar la cooperación y la articulación, no tendremos integralidad, habrá fragmentación y más que fragmentación, la atomización de los diferentes actores seguirá reinando, y la integralidad, la continuidad en la prestación de servicios pasará a un segundo plano”.
Otra de las bases conceptuales es la prestación de servicios: “En la compraventa de los servicios es donde estamos más desgastados aseguradores y prestadores: en cómo hacer la venta, cómo hacer la compra, cómo hacer gestión de cartera, cómo hacer la factura; estamos más desgastados en esos procesos administrativos que poco o ningún valor le agregan a la atención, y entonces el cuidado integral en salud pasará también a un segundo plano”.
Finalmente expresó su desconfianza, porque como el sistema se basa en la compra y venta de servicios de salud, cree que habrá grupos con intereses económicos que podrían hacer “más fuerza para que se incluyan unas tecnologías que quizá no sean muy necesarias o haya otras que las remplacen, y en cambio pueden sacar algunas que sí se requieran, porque aquí la base fundamental -insistimos- del sistema de salud es más el ánimo de lucro, el negocio, que la garantía del derecho fundamental”
 
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