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Control
a precios
de medicamentos: insuficiente, tardío y sin mea culpa
Juan
Carlos Arboleda Z.- Periodista - elpulso@elhospital.org
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| Aunque
la escalada del precio de medicamentos recobrados al Fosyga
comenzó hace unos 4 años, las medidas para enfrentarla
iniciaron apenas en los últimos 150 días del gobierno
Uribe. En febrero el Ministerio de la Protección Social
anunció que dos medicamentos para la artritis y la psoriasis
(Enbrel y Etanar) bajaban de precio, para ahorrar $10.000 millones;
la decisión se sumaba a una similar tomada semanas antes
para algunos medicamentos de VIH/sida y que ahorrarían
$32.000 millones. Los anuncios continuaron para más de
50 medicamentos, pero el bloque grueso de medidas llegó
con actos administrativos como la resolución 649 que
fijó precios máximos para recobro de algunos medicamentos,
el decreto 1313 y la resolución 1424 de importaciones
paralelas. |
| Según el
senador Juan Manuel Galán, el aumento de recobros de
medicamentos No-POS creció entre 2006 y 2009 un 280%;
y de acuerdo con cifras del Ministerio, el número de
recobros provenientes del régimen contributivo pasó
de 835.000 solicitudes en 2007 por $626.000 millones, a la escalofriante
cifra de 2 millones de solicitudes por $1.85 billones en 2009.
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Para el
consultor Iván Jaramillo, el fenómeno no es exclusivo
de las EPS e incluye a los entes territoriales, y obedecería
a una estrategia, por cuanto recobrar eventos No-POS salvaguarda
el ingreso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)
y permite especular con los márgenes de intermediación
cobrados por eventos prestados.
Las medidas
En esencia, el gobierno busca controlar el aumento del
costo de recobros por medicamentos No-POS al Fosyga y generar
reducción de precios al motivar competencia más
abierta en el mercado nacional a través de las importaciones
paralelas. Si bien las medidas son plausibles para enfrentar
la crisis financiera del sistema de salud, el tomarlas una vez
caída la emergencia social demostró que ésta
no se necesitaba para enfrentar el problema, y de manera no
explícita, el gobierno da la razón a los críticos
de la emergencia y a la Corte Constitucional cuando sostuvo
que había otras vías para enfrentar la crisis.
Las medidas fueron tomadas luego de que el presidente Álvaro
Uribe manifestara su preocupación sobre el tema e instara
a una especie de pacto: "Les he dicho a los laboratorios,
a los distribuidores, a las EPS: no se trata de ponerles una
camisa de fuerza, pero sí introdujimos normas que permitan
que los gobiernos intervengan cuando haya abuso con el precio
de alguna medicina. Invito a toda la cadena: laboratorios, EPS,
distribuidores, a que se haga un gran esfuerzo para racionalizar
el valor de los medicamentos en Colombia". En sus declaraciones
se reconoce también, tácitamente, cierta causalidad
del problema: “Se han respetado normas muy importantes
de propiedad intelectual, normas de patentes, protección
de datos de pruebas y esto no puede llevar a que en Colombia
impunemente se abuse de los precios de los medicamentos".
Por su parte, en el Ministerio la preocupación venía
de tiempo atrás; un estudio sobre el comportamiento de
recobros entre 2002 y 2005 mostró que el incremento significativo
no podía explicarse por el aumento de afiliados al sistema
ni por ajustes de precios, y apuntaba a recobros realizados
a cualquier precio y a posibles prácticas perversas en
la definición de valores. De allí que el alto
costo de los medicamentos y su peso en el sistema de salud,
impulsado ante todo por lo No-POS, se convirtiera en uno de
los principales argumentos de la emergencia social y se incluyera
en los considerandos del decreto 4975, donde se reseñó
un estudio de Afidro que evidenciaría que el valor de
algunos medicamentos recobrados a Fosyga excedía por
mucho los precios de venta de los laboratorios y que en algunos
casos el número de unidades recobradas era superior a
las reportadas como vendidas en el país.
Ante esta evidencia, el Ministerio utilizó la información
para legitimar la necesidad de la emergencia. No se sabe si
el Ministerio puso el caso en manos de organismos de control,
incluyendo a la DIAN, puesto que las importaciones paralelas
no estaban autorizadas y la práctica se podría
constituir en contrabando o por lo menos en acciones cuestionables
y delictuosas. Sin embargo, para analistas del sistema que pidieron
reserva sobre sus nombres, el estudio de Afidro podría
pretender desviar la atención del alto costo de medicamentos
a otros actores del sistema diferentes a las farmacéuticas,
aunque los mismos analistas reconocen que se han dado casos
de recobros que superan en 600 y 800% el valor de venta de los
laboratorios. El estudio indicaría por ejemplo que un
medicamento para controlar el colesterol y cuyo precio de venta
promedio es de $5.062 pesos la unidad, fue recobrado al Fosyga
a $10.056 pesos; pero los ejemplos no terminan allí,
como se ve en este cuadro: |
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La clave
del problema, señala el doctor Sergio Isaza de la Federación
Médica Colombiana, está en la cadena de intermediarios,
que va desde el laboratorio e incluye a distribuidores, farmacias,
hospitales y EPS: “Cada uno de ellos le agrega precio al
producto y esto hace que los fármacos acaben siendo recobrados
a precios desbordadamente altos”.
Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de Acemi, señaló
que no es justo que se quieran achacar los sobrecostos a las
EPS: "Nuestro papel se limita a cobrarle al Fosyga, con
soporte de facturas, lo que nos cobran proveedores, hospitales
y demás intermediarios por los medicamentos. En Colombia
no hay reglas para fijar márgenes de intermediación
y el principio definido por el Estado fue de libertad, con el
objeto de que el mercado regulara los precios". Agrega
un elemento preocupante: "En Colombia no se ha definido
qué se considera abuso y qué no, y tampoco está
regulada la proporcionalidad ni racionalidad de los márgenes”.
Y Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana
de Hospitales y Clínicas, considera que la gestión
y administración de medicamentos dentro de las instituciones
tienen impacto en su precio, pero eso no podría considerarse
sobrecosto, pues fármacos e insumos no tienen el mismo
valor para todos los hospitales: "Depende de la capacidad
de negociación de cada entidad, de su nivel de complejidad,
volúmenes de compra y ubicación geográfica".
Acciones insuficientes
Según el Observatorio del Medicamento (Observamed),
los recobros pasaron de $4.000 millones entre 1997 y 2000 a
más de $1 billón en 2008 y casi $1.9 billones
en 2009. Para su director, Oscar Andia, las medidas del gobierno
son importantes pero no suficientes para enfrentar el tema,
y no ahorrarán $300.000 millones como dijo el ministro
Diego Palacio, entre otras razones porque el congelamiento de
precios se hizo sobre el valor de los últimos 3 meses,
el cual ya era alto, y como máximo evitarán que
los recobros sigan creciendo, pero no los disminuyen; además,
muchos medicamentos de los listados son “jarabitos”
y productos que nadie recobra o que no tienen un peso significativo.
Las importaciones paralelas las considera parte de la solución
pero insuficientes debido a la desregulación de precios
permitida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos
desde 2006: “Es indispensable que la iniciativa se complemente
con una efectiva regulación de precios de medicamentos
que permita identificar qué productos exclusivos o con
considerable poder de mercado serían realmente susceptibles
de ser sometidos a importaciones paralelas para garantizar que
en segmentos de mercado con alta competencia, la información
fluya adecuadamente. Asimismo, es indispensable que se contemple
el otorgamiento de licencias obligatorias en medicamentos de
interés público”.
Para Observamed, el problema radica en la desregulación
de precios que comenzó con la Circular 01/04, y se profundizó
luego del estudio contratado por los gremios farmacéuticos
y que condujo a la expedición de las circulares 01 y
04 de 2006, donde se desreguló el precio de medicamentos
en Colombia, priorizando la Libertad Regulada en vez del Control
Directo y cuyos efectos no se resuelven con importaciones paralelas.
Lo grave es que desde ese entonces, entidades como Observamed,
Ifarma, Misión Salud, entre otras, llamaron la atención
sobre el futuro desequilibrio del sistema por el gran peso financiero
de las medidas, pero todos los argumentos sustentados con cifras
los ignoró el gobierno.
Una razón valida para dudar de la efectividad de las
importaciones paralelas como única solución al
problema de precios, es que la industria farmacéutica
multinacional implementó hace tiempo controles de venta
en cada país para garantizar que sus productos se comercialicen
exclusivamente en cada nación a través de representantes
autorizados; así mantienen sus márgenes de ganancias
globales e impiden competir con sus mismos productos en regiones
diferentes, esto amparado en cláusulas contractuales.
Hasta ahora el gobierno no reconoce que detrás del desbordado
crecimiento del precio de medicamentos están sus decisiones
de desregular y dejar el tema al libre mercado (según
analistas, la medida fue tomada como coqueteo para la aprobación
del TLC con EU).
Antes de la Circular 04/06 existía una norma simple y
eficaz: control directo a moléculas con menos de 3 oferentes
en el mercado. No es coincidencia que el estudio de Health Action
International (HAI) en 93 países, mostrara que Colombia
tiene los medicamentos más caros del mundo (más
que Estados Unidos, Inglaterra, Alemania). Para Observamed,
de continuar con la política anterior de control directo,
se habría evitado la hemorragia financiera del sistema
de salud: “¿Por qué en lugar de hacer cumplir
la norma, el gobierno optó por derogarla? ¿A quién
benefició la eliminación del control directo automático
de principios activos monopólicos? Obviamente, no favoreció
a la salud pública”.
Cabría esperar un mea culpa del Ministerio de la Protección
Social en el tema del precio de medicamentos: errar es humano
y lo importante es corregir para que la situación no
siga agravándose. Sin embargo, ¿cuántos
miles de millones de pesos le costó al Estado las medidas
equívocas del Ministerio a través de la CNPM?
¿Hasta qué punto la crisis del sistema de salud
se hubiera evitado, por lo menos en medicamentos, si se hubiesen
escuchado las alertas? Entes como la Contraloría y la
Procuraduría están en mora de investigar y pronunciarse,
por cuanto las pérdidas causadas al Estado y el desangre
financiero del sistema de salud tiene responsables y algunos
pueden ser funcionarios del más alto nivel, quienes por
omisión o tomando medidas equivocadas pusieron en peligro
los recursos de la Nación, acción que claramente
tiene nombre: detrimento patrimonial . |
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Medicamentos para el alto
costo
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| Una
medida del Ministerio, específicamente para control de
precios de medicamentos para enfermedades de alto costo, fue
entregar a Caprecom la coordinación de la red que administrará
los servicios No-POS (incluidos los medicamentos), y así
acortar la cadena de intermediarios y ahorrarle recursos al
sistema. La propuesta se ampara en afirmación del ministro
Palacio: “Si se puede controlar la sobre-intermediación
y los sobrecostos de los medicamentos, el sistema se ahorraría
alrededor de $400.000 millones al año”. Sin embargo,
llama la atención la elección de Caprecom como
eje de la estrategia, dado que la entidad es cuestionada constantemente
por su ineficiencia y deficiente funcionamiento, como responsable
de la mayor cartera de hospitales del país; todo apunta
a confirmar cierto interés del gobierno por una Caprecomización
del sistema. |
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