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Mientras el gobierno
nacional estudia proyectos de ley para revivir la caída
emergencia social y los aseguradores presagian el fin del
sistema de salud en agosto próximo cuando se acaben
las reservas del Fosyga para pagar lo No-POS del régimen
contributivo, las entidades académicas, científicas
y sociales presentan iniciativas orientadas a una
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reforma profunda
del sistema de salud, basada en el disfrute pleno de derechos
y construida sobre la discusión democrática
y el consenso ciudadano.
La reflexión académica y social post-emergencia,
recayó unánimemente sobre la urgencia de una
reforma profunda del sistema de salud y seguridad social
en Colombia, ante el fracaso del modelo vigente y de los
paliativos aplicados. Más aún luego de que
en la Sentencia C-252 que declaró inexequible la
emergencia social, la Corte Constitucional requiriera a
la Supersalud, la Procuraduría, la Contraloría
y la Fiscalía a adoptar medidas que tiendan a precaver
la dilapidación de recursos de la salud, y exhortara
al gobierno y al Congreso a abordar la problemática
del sistema de salud, en una discusión pública
democrática y participativa, para expedir regulaciones
legislativas estatutarias, orgánicas y ordinarias
que superen definitivamente la problemática estructural
de la salud.
Entidades científicas y expertos coincidieron en
la necesidad de una reforma al sistema y señalaron
componentes esenciales del cambio, como revisión
del modelo de aseguramiento e intermediación, promoción
y prevención, manejo racional y eficiente de recursos,
obtención de nuevas fuentes de financiación,
una regulación más clara, amplia y coherente,
y un sistema de inspección, vigilancia y control
riguroso y efectivo.
Hay consenso sobre la necesidad de un debate nacional amplio
y democrático para definir las bases de la reforma.
Otras propuestas recurrentes propenden por el restablecimiento
de un Ministerio de Salud en Colombia como rector de una
política pública; la necesidad de remediar
las falencia del régimen contributivo con una política
seria y estable de formalización laboral y generación
de empleo; una política de formación del talento
humano en salud, contra la precarización del trabajo,
y por mayor autonomía, estabilidad, calidad y sentido
ético; racionalización del sistema de recobros
y del manejo de lo No-POS. Adicionalmente, se recalcó
la necesidad de medidas provisionales para garantizar la
sobrevivencia y sostenibilidad del actual sistema en el
corto y mediano plazo.
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