De la emergencia que no pasó a la reforma que no llega Olga Lucia Muñoz López - Periodista - elpulso@elhospital.org.co Tras la declaratoria de inexequibilidad de la emergencia social por la Corte Constitucional y el reconocimiento del colapso real y de una profunda crisis generalizada en el sistema de salud desde todo punto de vista, vuelve a ponerse en la agenda y con carácter de urgencia, la necesidad de hacer una verdadera reforma al sistema creado por la Ley 100. Quedó en evidencia una vez más, la incapacidad de los sucesivos gobiernos desde 1993, de cumplir a cabalidad los propósitos esenciales de beneficio social planteados en dicha Ley: cobertura universal, igualdad de planes de beneficios para toda la población y mejoramiento de la salud pública en el país; si bien se cumplió con el aumento de recursos destinados al sector salud, se estimuló la competencia y la calidad de los servicios, y se mejoró la capacidad administrativa de los hospitales públicos, el sistema de salud colombiano hoy hace aguas y se declara en quiebra, y a la espera de una intervención definitiva que lo saque del punto muerto en que está. La Sentencia C-252 de la Corte, que declaró inexequible la emergencia social, no propuso cambiar el sistema sino que encomendó al gobierno y al Congreso -tanto al saliente como al entrante-, el desarrollo de un debate nacional de cara al país, "donde la comunidad participe y se blinden de legitimidad las políticas públicas en salud", con participación de todos los actores del sistema de salud; el objetivo es recoger propuestas que aporten a la expedición de regulaciones legislativas estatutarias, orgánicas y ordinarias, para superar definitivamente la problemática estructural del sistema de salud. Una vez proferida la sentencia de la Corte, no se hicieron esperar las propuestas: inicialmente, el gobierno dentro de lo que llamó el “Plan B”, presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 280-Cámara, por medio del cual “se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, y se redireccionan recursos al interior del sistema de salud”. El objetivo es preservar los nuevos recursos para la salud propuestos dentro de la emergencia social, y que se destinarían a universalizar el aseguramiento, unificación de los planes obligatorios de salud contributivo y subsidiado, y financiación de servicios prestados a población pobre y población “vinculada” que se atienda en la red hospitalaria pública, destinación ordenada por la Sentencia C-252 que tumbó la emergencia social pero dejó en firme la generación de nuevos recursos para la salud vía impuestos. Expertos del Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex) de la Universidad Javeriana, calculan que para evitar el colapso del sistema de salud, el próximo gobierno tendrá que adelantar una reforma para conseguir unos $2 billones más, porque el proyecto de ley 280 con el que se pretende recaudar $1,2 billones a través de impuestos a la cerveza, el tabaco, los juegos de azar y otras medidas para control de la evasión, no generaría los recursos suficientes para cumplir la Sentencia T-760 sobre igualación de planes de beneficios y garantizar cobertura universal. Según cuentas de los expertos, el país invierte hoy $22 billones en salud y para igualar el plan contributivo y el subsidiado se necesitan $4,2 billones, para afiliar población no cubierta (4'669.000 colombianos) faltarían $2,2 billones más, lo que totaliza un déficit de $6,4 billones. Una parte de este déficit, $3,2 billones, se cubriría con excedentes de varias cuentas (regímenes especiales, Subcuenta de solidaridad, inversiones del Fosyga, entre otras), pero para estabilizar cuentas, siguen faltando $3,2 billones. Por ello, el nuevo gobierno deberá promover una reforma a los modelos de financiamiento, de aseguramiento y de regulación. El caso es que si bien se reconoce que los recursos frescos aportan a la solución del problema, es apenas una de las muchas acciones que deberán emprenderse si se quiere resolver la problemática del sistema de salud. El canto de sirena de Acemi Por su parte, Juan Manuel Díaz-Granados, presidente del gremio de las EPS (Acemi), lamenta que en el “Plan B” del gobierno el proyecto esté enfocado a atender al régimen subsidiado y no incluya normas para superar los graves problemas del régimen contributivo, en especial lo relacionado con lo No-POS; dijo que faltaron estrategias para racionalizar y hacer más eficiente al sistema y advirtió que el Fosyga quedará desfinanciado en dos meses, sin que haya medidas del gobierno para cubrir ese faltante. Además, dice que el nuevo gobierno deberá decretar otra vez una emergencia social, para atender al colapso que anuncia en el sistema de salud. Se calcula que las pérdidas mensuales de la Subcuenta de Compensación bordean los $120.000 millones, que han sido cubiertos con las reservas acumuladas; la subcuenta tenía más de $1,8 billones, pero en abril pasado el monto se habría reducido a menos de $800.000 millones, que sumándole otros compromisos presupuestales y contables, sólo alcanzarían para cubrir el déficit hasta julio. Ya hay propuestas de reforma Entretanto, entidades académicas, científicas y sociales presentan iniciativas orientadas a una reforma profunda del sistema de salud, basada en el disfrute pleno de derechos y construida sobre la discusión democrática y el consenso ciudadano. Coinciden en señalar componentes esenciales del cambio: revisión al modelo de aseguramiento e intermediación, promoción y prevención, manejo racional y eficiente de recursos, obtención de nuevas fuentes de financiación, regulación más clara, amplia y coherente, y un sistema de inspección, vigilancia y control riguroso y efectivo. Reiteran además la necesidad de un debate nacional amplio y democrático para definir bases de la reforma. También se insiste en restablecer el Ministerio de Salud como rector de la política pública; resolver los problemas del régimen contributivo con una política seria y estable de formalización laboral y generación de empleo; una política de formación del talento humano en salud y mayor autonomía, estabilidad, calidad y sentido ético; racionalizar los recobros y el manejo de lo No-POS (especialmente medicamentos). Y acondicionar medidas provisionales para garantizar la sobrevivencia y sostenibilidad del actual sistema en el corto y mediano plazos, mientras se le hace la profunda reforma que tanto necesita.   Más información... De la emergencia que no pasó a la reforma que no llega Tras la declaratoria de inexequibilidad de la emergencia social por la Corte Constitucional y el reconocimiento del colapso real y de una profunda crisis generalizada en el sistema de salud desde todo... 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