El mismo gobierno en la declaratoria de emergencia social (decreto 4975/09), reconoció: “Que si bien la Ley 1122 de 2007 contiene una serie de avances en la organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud tanto en la racionalidad de la definición de los planes de beneficios, la financiación, el flujo de recursos, la prestación de los servicios, la protección de los afiliados y la inspección, vigilancia y control, las medidas que se han desarrollado en virtud de la misma, han resultado insuficientes”. (Bien vale recordar que poco después de la expedición de la Ley 1122/07, en EL PULSO se advirtió que ésta no pasaba de ser “Balanceo, ajuste y pintura. Faltó la reparación”).
Además, el gobierno en el decreto 4975 también reconoció: “Que las medidas de carácter administrativo adoptadas por el gobierno nacional y otras autoridades en ejercicio de sus facultades ordinarias, se han revelado insuficientes para conjurar la crisis que atraviesa el sector salud, lo cual amenaza con perturbar grave e inminentemente el orden social”.
Luego, la Corte Constitucional al declarar inexequible la emergencia social, reiteró: “Para la Corte, no se aprecia la existencia de una política permanente, integral y progresiva de salud que materialice con la mayor inmediatez posible los dictados constitucionales a favor de la población colombiana. A lo anterior, se agrega que las medidas legislativas y administrativas de iniciativa y expedición del Gobierno son auto calificadas como insuficientes. Las situaciones que expone muestran, por el contrario, la existencia de mecanismos ordinarios oportunos y suficientes para solucionar sustancial e integralmente la problemática expuesta en el decreto. Incluso, dado el tiempo que precede en su presentación, ha debido propenderse por una nueva regulación, como también hoy puede hacerlo por los conductos de la normalidad institucional”.
La Corte además requirió a la Supersalud, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, a adoptar medidas para precaver la dilapidación de recursos de la salud, al evidenciarse formas de corrupción que usufructúan recursos públicos del sector. Y exhortó al gobierno y al Congreso a abordar “material e integralmente la problemática que enfrenta el sistema de salud. Discusión pública que debe estar precedida del respeto por los principios democrático, participativo y pluralista, donde los actores de la salud, tengan oportunidad de expresarse activa, propositiva y eficazmente. En esa medida, deben expedirse regulaciones legislativas estatutarias, orgánicas y ordinarias, como normas reglamentarias que se requieran para superar definitivamente esta problemática estructural”. Con estas precisiones y directrices, la Corte orienta los pasos a seguir desde la institucionalidad, para abordar y procurar resolver la crisis estructural que agobia el sistema.
También en EL PULSO de febrero pasado, ya se avizoraba: “Colombia no necesita una emergencia social para conjurar la crisis de la salud, porque vivimos una crisis permanente del sistema que puede resolverse con los instrumentos legales y constitucionales vigentes... Ello sin mencionar el ordenamiento jurídico esencial alrededor de la Constitución, leyes orgánicas y otras, el amplísimo catálogo de normas de los ministerios de la Protección Social, Hacienda y organismos autónomos del Estado”.
Como quién dice: “Volvemos a estar como al principio”. Sólo que mejor, porque ahora después del debate nacional que generó la emergencia social, los sectores académicos y gremiales plantean propuestas de verdadera reforma al sistema de salud vigente, y hay acopio de iniciativas para resolver los graves problemas que aquejan al sistema de salud. A fin de cuentas, la Corte sugiere atender la crisis estructural y no el cambio de modelo. Entonces como se dice coloquialmente, tendremos que atenernos al sistema de salud que tenemos, y proponer los correctivos de fondo que sean necesarios para enderezarlo.
Ahora queda esperar que el gobierno y el Congreso -tanto el entrante como el saliente-, atiendan a este clamor y logren encontrar la salida, antes de que efectivamente colapse el sistema y ya no tengamos siquiera la posibilidad de “echar pa' tras”... Este ya no es sólo un problema del Ministerio de la Protección Social: Ya es un asunto de Estado, de toda la ciudadanía, de quienes encarnarán el nuevo gobierno. Y en justicia, todo deberá hacerse a la luz de los preceptos constitucionales y de un reconocimiento de la salud como derecho fundamental. La otra opción es el desbarrancadero, y ahí sí perdemos todos.