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porcentajes de contratación antes pactados, generando
mayores dificultades financieras a los hospitales. “Las
propuestas de muchas EPS-S no están acordes ni con
la realidad ni con los costos que las Empresas Sociales del
Estado (ESE) manejan, además de que algunas aseguradoras
argumentan la falta de contratos en la inexistencia de lineamientos
del Ministerio para la contratación con entes territoriales;
sin embargo, esto no es un requisito para el contrato entre
las EPS-S y las ESE”, aseguró la directora de
Acesi.
Giros directos a medias
El instructivo del Ministerio de la Protección
Social ordenaba a las EPS-S reportar los nuevos contratos
concertados y legalizados que empezarían en abril;
de lo contrario, se pedía que reportaran el valor que
venían pagando bajo la modalidad de capitación.
Sin embargo, según Acesi, un buen número de
EPS-S sólo reportó valores equivalentes a 10
o 20% de lo que realmente venían recibiendo por capitación;
de ahí que de los giros del patrimonio autónomo
para la vigencia abril-mayo, llegó a los hospitales
un 80% menos de lo que venían recibiendo en sus contratos
de capitación.
El doctor Manuel Alfonso González, director de Aesetol,
gremio de hospitales públicos en el Tolima, ratificó
la incongruencia de la información reportada por las
EPS-S y denunció incluso mala fe: “En nuestro
departamento las EPS-S supeditaron la contratación
y los problemas de cartera por giros directos a la firma de
contratos en condiciones lesivas y que afectan el patrimonio
de las ESE, porque nos pondrían a trabajar a pérdida.
Las aseguradoras reportaron un valor de cero para los contratos
de capitación, enviaron esa información al Ministerio
y éste simplemente les transfirió todos los
recursos; ahora ellas tienen la totalidad de los giros directos
y supeditan su transferencia a la firma de contratos bajo
las condiciones que quieran imponer. Esta situación
fue puesta en conocimiento de la Supersalud, del Ministerio,
Contraloría y Procuraduría, y estamos considerando
la posibilidad de actuar legalmente, puesto que las EPS-S
estarían incurriendo en un delito de índole
penal: ocultamiento de información vital para el sistema,
dado que no solo escondieron información sino que están
utilizando unos recursos que por norma eran para los prestadores,
y ahora los usan como presión para lograr los contratos
que quieren”.
Competencia de los alcaldes: en el
limbo
Los 122 hospitales asociados de Aesa en Antioquia,
señalan que por la lentitud en la negociación
con las EPS-S, está en duda el que a partir del 1º
de junio próximo sigan prestando servicios por falta
de contratos. “Las EPS-S tratan de imponer condiciones
muy difíciles de aceptar, tarifas pírricas que
no sufragan costos operativos; además hay incertidumbre
por la falta de contratos de aseguramiento con los entes municipales
en el régimen subsidiado, por lo que no hay forma de
pedir auditoría ni interventoría de entes de
control y menos de los municipios”, afirmó Luis
Alberto Martínez, director de Aesa.
Las dificultades en Antioquia aumentan por la casi imposibilidad
de remitir pacientes, debido a la deuda de las aseguradoras
con la red de mediana y alta complejidad. Para el doctor Martínez,
la declaratoria de inexequibilidad de la emergencia social
afectó a toda la red pública, dado que no hay
quien garantice la atención en salud de la población
por la falta de contratos entre EPS-S y municipios, lo que
deja en el aire la competencia de los alcaldes: “Se supone
que lo vigente es el Acuerdo 415 del Consejo de Seguridad
Social en Salud que mantiene vivos los contratos de aseguramiento,
pero ahora se presenta esta incongruencia en el sistema y
no se define claramente cuáles son los recursos que
deben llegar a cada alcaldía para que generen sus disponibilidades
presupuestales y poder contratar. Este es un problema de forma
y no se ve voluntad ni del Ministerio ni de los entes de control
para aclarar la situación, evidenciando la desregulación
en el sistema”.
La situación tiene otro bemol, y es que si bien los
hospitales continúan prestando servicios a la población
afiliada pese a la falta de contratos, ello podría
acarrear sanciones a los gerentes por las Contralorías:
“Este es uno de los grandes choques generados al tratar
de garantizar la atención en salud como derecho fundamental,
pero poniéndolo al libre mercado; si la función
del Estado es brindar atención oportuna, eficiente
y de calidad en salud, no habría que hacer contratos,
éstos aparecen cuando la salud se convierte en mercancía
que se compra y se vende. El argumento de cualquier gerente
es que tiene que atender su población, y que por ser
la salud un derecho fundamental no se puede suspender, pero
desde la óptica administrativa cualquier ente de control
tiene un buen caldo de cultivo para sancionar. La falta de
regulación, vigilancia y control hace pensar en la
necesidad de un cambio radical del sistema y cuestionar si
realmente el aseguramiento le aporta al sistema”, explicó
el director de Aesa.
¿Quien pagará por Calisalud?
En el Valle tampoco hay claridad contractual, denuncia
la doctora Luz Deiby Jiménez, directora de Asohosval:
“Alrededor del 80% de hospitales están sin contrato
con las EPS-S, pero el problema es más grave con Calisalud,
ya que después del anuncio de su liquidación
no hay claridad sobre $18.000 millones que le adeudaba a la
red pública hasta el 31 de marzo. Igual que en el resto
del país, los giros directos que según el Ministerio
aliviarían la situación de los hospitales, no
han llegado a la totalidad de las ESE por los problemas en
la información suministrada por las EPS-S; y aunque
ningún hospital dejó de prestar servicios, no
hay claridad del rumbo que tomará la facturación
de los hospitales y se demuestre que sí se hicieron
acciones de salud”. Actualmente la facturación
se hace contra las entidades a las que pertenecen los usuarios,
pero al no haber contratos, la realidad de pago se reviste
de un gran interrogante.
UPC en discusión
En Santander, Nancy Cañón, directora
de Asehisan, señala que además de las dificultades
del resto del país, en su departamento hay una discrepancia
en el valor de la UPC: “Las aseguradoras no están
reconociendo el valor de la UPC definido en el Acuerdo 11
y ratificado en el 15 de la CRES, y se basan en el Acuerdo
9 argumentando que éste subió la UPC al primer
nivel de atención, y que el Acuerdo 11 era una UPC
para el segundo y tercer nivel de atención hasta los
18 años. Esto no es verdad porque el Acuerdo 15 de
la CRES ratifica que el valor de la UPC en el Acuerdo 11 es
para todos los usuarios del sistema.
Realmente lo que ellos buscan es disminuirnos el valor de
la UPC; si a 31 de mayo no se logró terminar la negociación,
suspendemos servicios en la red”.
Para Acesi, la solución a la actual crisis estaría
en que los órganos de control actúen: “Las
normas están, pero mientras no haya vigilancia y control,
las aseguradoras continuarán infringiendo la norma
sin que pase nada”, señaló Olga Lucia Zuluaga.
El paradigma de la contradicción
Un ejemplo de la caótica situación se
da en Medellín. Metrosalud suspendió el 22 de
mayo la atención de segundo nivel a los afiliados de
Caprecom, y anunció que de no llegar a un acuerdo antes
del 1° de junio, suspendería el resto de servicios.
Pero la historia es más compleja: Caprecom con 418.653
afiliados en la ciudad, adeuda a Metrosalud más de
$10.848 millones y en abril cuando se debía firmar
la renovación del contrato, la aseguradora le dirigió
una carta de intención a Metrosalud sobre la cual se
basó la ESE para seguir atendiendo los afiliados mientras
cursaban las negociaciones. Simultáneamente, la oficina
regional de la EPS-S no recibía las facturas de servicios
prestados por Metrosalud, aduciendo falta de contrato, pero
las propuestas de Metrosalud para nuevas reuniones eran canceladas
sistemáticamente por la EPS-S, generando riesgo financiero
para la ESE. Sin embargo, solo 3 días después
del anuncio de suspensión de servicios y de que la
Personería de Medellín manifestara su preocupación
y un seguimiento exhaustivo al tema, Caprecom firmó
el nuevo contrato. Surgen muchas preguntas: ¿Es necesario
que los prestadores suspendan servicios para lograr la firma
de los contratos? ¿La solución se dio por el
peso de Metrosalud como gran prestador, o tal diligencia se
daría en municipios pequeños ante la presión
de suspender servicios? .
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