 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
| Concluimos la presentación
de las propuestas del Libro Blanco “La salud en Colombia:
Logros, retos y recomendaciones”, de la Universidad de
Los Andes, en materia de priorización en salud y aspectos
jurídicos, además de las recomendaciones generales. |
 |
La priorización es un tema
sensible que toca el bolsillo del sistema de salud colombiano:
medicamentos que no han sido priorizados o incluidos en el POS,
son responsables de millonarios recobros al Fosyga. Los expertos
señalan que 40% de los medicamentos más recobrados
son para usos no aprobados por Invima, un tercio de los recobros
autorizados corresponden a usos que tampoco han sido aprobados
por la FDA de Estados Unidos, es decir, al menos 30% de los
recobros son por medicamentos ineficaces o no seguros. |
La investigación
es clara al señalar que en Colombia se tiene una percepción
errónea de priorización, al pensar que es un proceso
técnico de actualizar por una vez un paquete de beneficios,
cuando lo claro es que se requiere de un sistema en el que interrelacionan
todos los actores bajo la acción rectora de un organismo
técnico-científico.
Al concluir que el país no cuenta con un sistema de priorización
legítimo, equitativo, y eficiente, se presenta una propuesta
de priorización desde el permiso de comercialización
por el Invima, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto
de Evaluación de Tecnología Sanitaria -IETS-,
la evaluación y recomendación del IETS, la aprobación
o negación bajo la batuta de la Comisión de Regulación
en Salud -CRES-, y el Monitoreo y Evaluación en los que
participaría además el Ministerio de Salud.
Judicialización de la salud:
síntomas, diagnóstico y prescripciones
Bajo esta ruta de trabajo, la investigación muestra
un completo análisis de cómo y por qué
los conflictos sobre el derecho a la salud llegaron masivamente
a los juzgados y las Cortes, de tal forma que en 2008 se registraron
alrededor de 150.000 acciones de tutela relacionadas con el
derecho a la salud, según la Defensoría del Pueblo.
Los síntomas develan que el uso de acciones constitucionales
para litigar derechos en salud, proviene de una combinación
singular de fallas repetitivas del sistema (espiral del litigio
de salud), por ejemplo, el incumplimiento de la función
de control y vigilancia por el Estado, la falta de actualización
del POS, la negativa de las EPS a suministrar algunas prestaciones
incluidas en el plan de beneficios y el aprovechamiento del
sistema de recobros por actores como las EPS y las farmacéuticas,
así como que los jueces fallan favorablemente en casi
un 85% a las pretensiones de los demandantes. |
|
Se propone cambiar la
aproximación
y el lugar de los litigios y Cortes en el sistema
de salud y en la garantía del derecho a la salud,
vía reformas administrativas y legislativas
(Ley 1438), para avanzar en medidas
que desestimulen el uso de tutela.
|
El diagnóstico
de judicialización de la salud muestra aspectos positivos
como que las Cortes abrieron un espacio para procesamiento de
reclamos, lo que garantiza por lo menos parcialmente el derecho
a la salud de miles de colombianos, y aspectos negativos como
los costos financieros del sistema derivados de los recobros
al Fosyga, cuando los estrados judiciales vía tutela
autorizan medicamentos No-POS, generando un gran foco de pérdida
de recursos destinados a provisión de servicios de salud.
Finalmente en recomendaciones y pasos a seguir, se propone cambiar
la aproximación y el lugar de los litigios y de las Cortes
en el sistema de salud y en la garantía del derecho a
la salud, vía reformas administrativas y legislativas
(Ley 1438/11 y reglamentación), para avanzar en la toma
de medidas que desestimulen el uso de tutela, tal como la adaptación
de un mecanismo eficiente de procesamiento de quejas relacionadas
con negación de medicamentos, que permita las apelaciones
por ejemplo ante Supersalud, desestimulando así el uso
del litigios, pues se garantiza que las decisiones se toman
respetando requisitos constitucionales, pero basados en criterios
técnicos, científicos y médicos. |
| |
 |
|
Recomendaciones generales
|
En
información: El perfil de morbilidad exige priorizar
un enfoque en riesgos de salud, así como hábitos
de vida saludable. Hacer mayor uso de información disponible
para la toma de decisiones. El sistema debe combinar enfoque
de riesgo con el de determinantes sociales. Sistema de información
y monitoreo de precios de medicamentos e insumos médicos.
Crear una red de observatorios en salud pública. Transparencia
en la toma de decisiones, intercambio de información
y establecimiento de grupos de trabajo conjuntos.
En prestación: Eliminar la existencia de dos regímenes
de afiliación. Enfocarse en la Atención Primaria
en Salud -APS- como modelo de atención, con enfoque renovado
que incluya como puerta de entrada al servicio de salud, los
ámbitos de vida cotidiana. Este modelo debe incluir todos
los niveles de atención de primer a cuarto nivel de complejidad,
en enfoque de redes de atención integradas. Se recomienda
un sistema de prestación diferencial para zonas apartadas
y poblaciones vulnerables como los indígenas.
En calidad: Estándares mínimos de calidad para
variables observables por el usuario y examen riguroso del ente
vigilante en las no observables. Evaluaciones independientes
de EPS e IPS, y publicar esa información. Evaluación
por resultados y crear incentivos que favorezcan prestadores
y aseguradores que demuestren mejores programas de prevención
y atención. Mejorar capacidad de hospitales en gestión,
prestación y logística.
En priorización: Crear el sistema de priorización
que comenzaría con el permiso de comercialización
y continúa con el Instituto de Evaluación de Tecnología,
que recomienda a la CRES. Necesidad de evaluar tecnologías
ya existentes en el POS. Se necesitan cálculos actuariales
lo suficientemente completos que tengan en cuenta las frecuencias
de los eventos cubiertos y el costo de su atención en
condiciones de eficiencia.
En tutelas: Las instituciones del sistema de salud deben tramitar
los conflictos que hoy son judicializados, mediante instancias
de decisión expeditas que combinen criterios médicos
y de costo-eficiencia, con respeto al debido proceso y a obligaciones
jurídicas nacionales e internacionales sobre el derecho
a la salud. La tutela debe ser un recurso excepcional y las
intervenciones judiciales deben concentrarse en promover condiciones
estructurales de tipo procedimental en el sistema de salud -por
ejemplo, transparencia, participación y rendición
de cuentas-, antes que en decidir casos individuales.
En financiamiento: Reducir y unificar el número de fondos
de recaudo/ase-guramiento, pues algunos se duplican entre ellos
y aumentan costos de transacción. Que todos los ciudadanos
paguen de 5 a 7% de su ingreso, independientemente de si son
asalariados o por cuenta propia. Subsidios parciales a la contribución.
Mantener el impuesto a los empleados y que las empresas paguen
“una sobretasa directa a salud, pero que no dependa del
número de empleados ni del tipo de contratos. Algunos
hospitales requerirán transferencias directas de la Nación
para su funcionamiento, pues no cuentan con una población
lo suficientemente grande para cubrir los costos fijos”.
Promover la competencia entre aseguradoras y entre prestadores
de servicios, es una condición indispensable para el
mejoramiento de la atención en salud y para la sostenibilidad
del sistema.
Fuentes: http://saludpublica.uniandes.edu.co/?page_id=634. ///
Entrevistas a investigadores en: http://www.uniandes.edu.co/salud |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
