El Libro Blanco de
Salud no se centró en cómo obtener recursos financieros,
sino en cómo garantizar la calidad de la atención
y el buen estado de salud de los colombianos. Partiendo de allí,
se analizan estructuras de financiación del gasto en
salud a nivel internacional, las cuales revelan que los sistemas
mixtos predominan sobre los financiados únicamente con
impuestos; y se examina el sistema de recaudo colombiano a la
luz de conceptos como protección financiera, equidad,
eficiencia administrativa y económica.
En materia de protección financiera, se evidenció
que el sistema ayudó a reducir el gasto de bolsillo,
siendo más eficiente en la protección de gastos
menores recurrentes que en los catastróficos, que es
poco flexible para adaptar cambios de residencia o en categoría
de empleo, y que existe poca protección en caso de desempleo.
En eficiencia administrativa, se afirma que el sistema no es
efectivo en recaudar realmente lo que permitiría el nivel
de ingresos de una buena parte de la población, los sistemas
de información existentes no son instrumentos idóneos
ni eficientes para controlar el recaudo y el exceso de fondos
administradores (Fosyga, regímenes especiales, contributivo,
subsidiado, SOAT, catastróficos, ARP y aseguradoras),
aumentan costos de transacción, reducen la solidaridad
y la equidad en mancomunación de riesgos.
El análisis muestra que el sistema de recaudo del sistema
de salud tiene retos por superar en equidad: es el caso de aportes
de trabajadores independientes (12,5%), frente al de un empleado
(8,5%). Igualmente es pertinente revisar el régimen subsidiado,
porque cálculos del Ministerio indican que en la población
Sisben II y III, cerca de 4.6 millones de personas tienen capacidad
de realizar un aporte total al sistema de salud, y en vez de
eso reciben un subsidio total para atención en salud;
y revisar el efecto contraproducente del aumento sobre impuestos
a la nómina, donde los más afectados son los trabajadores
no calificados.
Los expertos proponen un régimen o sistema único
de seguridad social en salud, en el cual todos los ciudadanos,
independiente de su categoría ocupacional, aportan entre
5 y 7% de su ingreso neto, y a quienes no tienen capacidad de
contribuir el Estado les otorgaría un subsidio a la contribución
obligatoria. Este subsidio debe ser continuo, reduciéndose
paulatinamente a medida que aumenta el ingreso del trabajador
hasta hacerse nulo a partir de cierto nivel de ingresos, y debe
entregarse bajo las mismas reglas de focalización de
programas de transferencias condicionadas como Familias en Acción,
con reglas consistentes con el resto del sistema de asistencia
social a población pobre.
Este sistema también eliminaría de la nómina
el aporte de las empresas y lo reemplazaría por un incremento
en la tasa a la renta o una sobre-tasa de destinación
específica para salud, pues tal como está creado
el sistema actual se alimenta la informalidad, porque hay una
gran carga para el empleador: “A la empresa no le conviene
contratar formalmente”. La idea es que la empresa no afiliaría
personas, sino que se afiliaría como empresa.
Por último, se propone que los ciudadanos puedan escoger
EPS y hacer su contribución directamente a éstas
o a un fondo universal, que se encargará de remunerar
a cada EPS de acuerdo con las UPC de sus afiliados. |
