Los proyectos de ley para reformar el sistema de salud no auguran el entorno más favorable al futuro del sector. Las iniciativas, como siempre, oscilan entre las más osadas y seguramente justas, pero con cierta dosis de utopía, y las que envuelven un propósito continuista dentro de una maraña de conceptos tan nobles como etéreos. En ambos casos, son proyectos poco aterrizados cuyas consecuencias inevitablemente las pagarán los usuarios del sistema de salud cuando constaten por enésima vez, que el gobierno y el Congreso fueron inferiores a sus responsabilidades.
La iniciativa gubernamental se mueve en dos direcciones: por un lado con el proyecto 135, de autoría oficial, acumulado con el 106, dirigidos a utilizar cuentas maestras para conjurar la caótica situación financiera de hospitales, y otras medidas para mejorar liquidez y uso de recursos. Aquí el gobierno sigue apagando incendios, legislando de ocasión para resolver emergencias y aplazando otra vez soluciones de fondo a la crisis.
Estas salidas anunciadas hace meses se dilatan y diluyen en otro frente de acción oficial: el proyecto de ley estatutaria del cual se esperan medidas de alta política al sistema. Las últimas declaraciones del ministro Gaviria indican que el propósito gubernamental es basarse en el espíritu del proyecto de ley 051, de Jorge Ballesteros y Roy Barreras, novedoso para quienes no conozcan las mañas de la regulación en salud en los últimos años. El proyecto, pese a proponer eliminar la intermediación financiera de aseguradoras y quitarles el manejo de recursos, de resto contiene elementos reciclados de normas precedentes, amalgamados con verborrea de principios inspiradores y estrategias de política pública que encubren un sistema que se mantiene casi intacto en su estructura.
El proyecto de ley estatutaria de Luis Carlos Avellaneda propone eliminar las EPS y se acumuló con el proyecto 105 de la Alianza Nacional por un Nuevo Sistema de Salud, con participación de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760, iniciativa loable que quizás hace caso omiso del entorno político en el Congreso, al dejar que se polaricen tanto las posiciones y se pierda posibilidad de un diálogo nacional, abierto a todos, con la gente y usuarios, para salvar la salud de los colombianos. Unos y otros están encerrados en sus esquinas, pero sobresale la actitud del gobierno por intransigente y burocrática.
Por otra parte, la propuesta de suprimir aportes parafiscales en el esquema de financiación de la salud y su reemplazo por impuestos generales, es a todas luces perjudicial e inconveniente. Tal iniciativa merecería un proceso de consulta social muy amplio, que implique a los afectados, a toda Colombia, y que conduzca a una decisión que garantice la financiación adecuada del sector.
Los argumentos que sustentan esa propuesta son tan falaces como los que piden más recursos para la salud ante la supuesta insuficiencia de los actuales, ignorando que el problema no es de cantidad sino de captación, manejo, aplicación y control de los dineros, es decir, de freno a la corrupción. Un síntoma inequívoco de la perversidad de esa propuesta es el entorno tan peligroso en que se presenta: un proyecto de reforma tributaria que por ningún lado se le ve progresividad sino todo lo contrario, un ánimo regresivo acorde con todas las reformas de su estilo en las últimas décadas.
Ante propuestas tan poco auguriosas, hay que retomar la invitación del ministro Gaviria: “La salud no puede seguir siendo la variable que cuadre la ecuación de la gobernabilidad en Colombia. El país aprendió que la salud está en el centro de la democracia moderna, y que la salida de la actual coyuntura la debemos construir entre todos”.