MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 164  MAYO DEL AÑO 2012    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Polémica por normas de Redes Integradas de
Servicios en la Atención Primaria en Salud


Redes de servicios de salud:
¿Integradas o fragmentadas?

Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co

Una gran polémica en el sector salud abrió la presentación en marzo pasado del proyecto de decreto por el cual se reglamenta la estrategia de Atención Primaria en Salud en el componente de servicios de salud, mediante las herramientas de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y Equipos Básicos de Salud, dentro del proceso de reglamentación de la Ley 1438 por parte del Ministerio de Salud.
La ministra de Salud, Beatriz Londoño, afirmó que éste se construyó en reuniones con las secretarías de salud departamentales y municipales, la academia, los prestadores de servicios, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las asociaciones, entre otros actores del sistema, e invitó a avanzar en la concertación y su discusión pública. Afirmó que el decreto no estimula la fragmentación del sistema y que al contrario, buscará promover la salud, prevenir las enfermedades y mejorar aspectos de la prestación de servicios de salud, como el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes.
“Un contrasentido”
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), por intermedio de su director, Juan Carlos Giraldo Valencia, en carta a la ministra rechazó el proyecto de decreto, por considerar que aparte de no ceñirse al espíritu original de la norma (Ley 1438/11), desconoce la realidad del sistema de salud y la condición fallida del mal llamado esquema de aseguramiento. Recordó que las diferencias en la discusión de esa ley, se resolvieron con varias directrices: que la función de coordinación y habilitación de redes debe ser reglamentada por el gobierno; que la organización, conformación y articulación de la red debe surgir de la coordinación entre ente territorial y EPS, en los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud; y que en las RISS, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- en ejercicio de su autonomía, deben determinar la forma de integración y la figura jurídica para asociarse y obtener eficiencia respetando la libre competencia.
Sin embargo, dijo la ACHC, en el borrador el gobierno entregó a las EPS la función completa de regulación (incluyendo selección y determinación de IPS y proveedores), es decir, la función de conformación de las RISS, volviendo marginal el papel de los entes territoriales, apenas como “depositarios” de informes de actividades de otras instancias”.
Además, el doctor Giraldo Valencia señaló que el decreto no se refiere al tema de las IPS y sus posibilidades para asociarse, de ser integradores, operadores de la red y alternativa de gestión real del sistema, por lo que se concluye que el Ministerio de Salud reglamenta con un voto de confianza total en las EPS, y subordina a los Consejos Territoriales, entes territoriales e IPS, a sus mandatos y formas de organización. Para la ACHC, es un contrasentido que mientras el sistema contempla que casi 20 millones de personas están afiliadas a través de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios intervenidas, liquidadas o bajo medidas cautelares como la vigilancia especial, se confíe a esas entidades y a las restantes -la mayoría de las cuales hacen pasar serias dificultades a la población y amenazan la supervivencia de hospitales y clínicas-, la regulación y conformación de las Redes Integradas.
 
Hospitales públicos:
no interesados en RISS que conformarían las EPS
Los hospitales públicos del país, en asamblea de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -Acesi-, realizada en Santa Marta el pasado 22 de marzo, advirtieron que “hay grandes dificultades para la conformación de las Redes Integradas de Servicios Salud ordenadas por la Ley 1438/11. Resulta contradictorio que el Ministerio de Salud y Protección Social desconozca el espíritu de la ley y pretenda a través de un decreto entregar su 'organización' a las EPS, empresas que vienen manifestando su inviabilidad financiera, pero que además han sido seriamente cuestionadas por organismos del mismo Estado por su calidad ética, moral e incluso de incumplimientos graves de la ley”.
Por ello, manifestaron contundentemente que “no están interesados en ser parte de las redes que conformarían las EPS bajo sus actuales condiciones de inviabilidad”. Y argumentaron: “Participar en Redes conformadas bajo la propuesta actual del Ministerio sería una irresponsabilidad por parte de los gerentes de los hospitales públicos, al poner en peligro absoluto la subsistencia de las entidades. Se estaría entregando el patrimonio del Estado y el último bastión de la defensa de la salud de los colombianos más pobres y de las regiones más apartadas, como son las ESE, al manejo arbitrario y sin control real, a las manos de unas empresas que como se ha demostrado su único fin ha sido el enriquecimiento y apropiación de los recursos parafiscales del sistema, sin que esto se refleje en mejores condiciones de salud de la población”.
 
 
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