Cuando el Ministerio de Salud presentó el borrador de decreto para las Redes Integradas de Servicios de Salud, dentro de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), muchos actores del sistema de salud cuestionaron que iba totalmente en contravía de los propósitos y del espíritu de la norma planteada en la Ley 1438. Ello, porque la APS y las Redes Integradas corresponden a aspectos neurálgicos, filosóficos de la reorganización de los servicios de salud, y por tanto, su determinación por naturaleza es asunto central de la rectoría del sistema, aspecto de política pública, no delegable en entidades privadas.
El punto más polémico es el artículo 6°, en el cual se pretende dar a las EPS la facultad de organizar esas redes de prestación de servicios y de seleccionar los prestadores. El borrador da a las Redes y a la Atención Primaria, un tratamiento de aspectos secundarios en nuestra seguridad social, como cosas de mero trámite, de pura carpintería, ignorando que desde la discusión de la Ley 1438, todos le entendimos al Ministerio que eran fundamentales, elementos primordiales de la salud pública; ahora resulta que puntos tan delicados en la organización sanitaria, se dejan al arbitrio de intermediarios.
Con sobrada razón, gremios, instituciones académicas, científicas, profesionales y populares rechazaron de tajo el proyecto, con calificativos que quedan cortos ante el descaro que implica un intento claro de privatización. Por culpa de algunas de ellas, hoy las EPS ostentan su peor imagen, son cuestionadas por sus manejos de recursos, muchas están intervenidas, investigadas o cobijadas con medida cautelar y en la mira de organismos de control.
Pues bien, el gobierno en vez de aprovechar este difícil entorno para poner orden en la casa, dar un timonazo y aplicar medidas de alta política que paren el desangre financiero, pongan en cintura a sus protagonistas y racionalicen la prestación de servicios de salud para beneficio de los hospitales y sobre todo, de los pacientes, premia esos entes particulares dándoles mayores prerrogativas y cediéndoles increíblemente aspectos de su rectoría. Con este proyecto nada nuevo se aporta a las redes de prestación de servicios, porque la selección de hospitales y clínicas la siguen practicando las EPS sin necesidad de nuevas normas, y al amparo de la controvertida Ley 100/93, cuyos lineamientos se mantienen casi intactos pese a pequeños ajustes cosméticos de las leyes 715/01, 1122/07, 1438/11 y demás disposiciones, ante un modelo de salud en crisis insostenible.
No cabe duda: las llamadas redes integradas nada tendrán de integración en la forma en que las concibe el proyecto gubernamental; por el contrario, su fragmentación se profundizará. Y los municipios y departamentos verán burlados de nuevo sus derechos, el papel que la Constitución y la ley les confieren para la organización de servicios básicos quedarán otra vez como letra muerta. ¿Dónde quedaron los conceptos sociales de política pública en materia de APS y sistemas integrados de salud, esbozados por la OMS/OPS y suscritos demagógicamente por el Estado colombiano? Definitivamente, en el diccionario de palabras bonitas, y en cuya elaboración somos expertos reconocidos.