MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 141  JUNIO DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“Es posible y necesario
cambiar el sistema de salud”: Ronda de Medellín

Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

“Es posible y necesario cambiar el sistema de salud”, fue la conclusión unánime y tajante de los ponentes en el primer taller de la “Ronda de Medellín, por una reforma del sistema de salud”, realizada por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín en marzo pasado y continuada en Cali en mayo, con la comunidad académica nacional. Esta premisa la desglosaron los expertos en propuestas particulares que presentamos aquí.
Invocando diversos estudios de seguimiento y evaluación del sistema, se resumió así su diagnóstico: el modelo de aseguramiento universal de competencia regulada y subsidio a la demanda, no  permite  ni  permitirá  garantizar  el  derecho
fundamental a la salud, predomina la búsqueda de renta de los agentes sobre los resultados en salud de la población, la atención es fragmentada, persiste le inequidad, el aumento de recursos es incongruente con los resultados, la intermediación no genera valor agregado en salud y sólo concentra los recursos en pocos agentes. También se señaló que el postulado de la Ley 100/93: vincular el derecho a la salud con la capacidad de pago, viola los principios de accesibilidad, progresividad y no discriminación, y se basa en la idea equivocada de la atención en salud como bien privado que beneficia el lucro de los agentes del mercado a expensas de la capacidad de rectoría del Estado; y prima el esquema curativo sobre la promoción, la prevención y la atención de los determinantes de salud y enfermedad.
El pronunciamiento conjunto propone a la sociedad colombiana, “construir de la manera más participativa y democrática posible, un nuevo sistema de salud que supere los problemas estructurales del actual sistema, y tenga como valores lo justo, lo digno y aceptable para sí mismo y para los demás”. Implica entender la salud como derecho humano fundamental, bien público no ligado a la propiedad de las personas sino a la dignidad humana y a la condición de habitante del territorio nacional, e interdependiente con otros derechos, como desarrollo de las potencialidades humanas, en las mejores condiciones y en ejercicio de autonomía de las personas, e incluye la mejor atención de las enfermedades. Aspira a un sistema universal, equitativo, profundamente solidario, democrático, oportuno, gratuito, sin barreras económicas de acceso (gratuito), público y de gran calidad, que trascienda la atención de las enfermedades y sea parte de una política nacional de salud por resultados y equidad, multisectorial y participativa, y a un sistema de atención sanitaria cuyo financiamiento integre lo público y lo privado, y que explore nuevos recursos fiscales progresivos.
Reclama predominio público en el manejo de recursos para atención en salud, con asignación y administración territorial y sin intermediación financiera de carácter lucrativo, un modelo de atención integral en salud, nacional, poblacional, acogedor, acorde con la dignidad humana, con redes territoriales, intersectorial, intercultural, participativo, que se construya de decisiones públicas vinculantes y con veeduría de las instituciones y acciones en salud. Propone una política de formación del talento humano en salud que supere la precarización del trabajo, genere autonomía, estabilidad, calidad laboral y compromiso ético; unas instancias claras y decididas de rectoría del Estado, que controlen los apetitos del complejo médico industrial y de medicamentos, en función de la equidad, eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de recursos, y una política de ciencia y tecnología en salud, con pertinencia, equidad, autonomía y soberanía nacional.
La Ronda se comprometió a extraer de este ideario propuestas técnicas, viables y sostenibles, a la luz de experiencias internacionales. Y rechazó la “visión de desastre” del gobierno nacional ante el fracaso de la emergencia social y las previstas “reformas parciales precipitadas e inconsultas a través del Congreso de la República”, y abogó por “un serio proceso de debate público y concertación democrática”.
 
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