MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 6    NO 75   DICIEMBRE DEL AÑO 2004    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Dos visiones distintas, prácticamente antagónicas, de la función del Estado frente a la salud de los colombianos se vieron las caras en el Senado de la República al discutir la reforma al sistema de salud colombiano.
Se han cursado ante la Comisión Séptima del Senado de la República dos pliegos de modificaciones al proyecto de ley gubernamental 052 de 2004, uno presentado el 27 de octubre por los senadores Eduardo Benítez y Dieb Maloof, finalmente aprobado para debate, y otro radicado el 8 de noviembre por los parlamentarios Luis Carlos Avellaneda y Bernardo Alejandro Guerra, al parecer en protesta por no haber sido tenidos en cuenta para las sesiones de análisis discusión de ponencia unificada de los 15 proyectos radicados. Remitimos para ilustración, a un detallado y concienzudo análisis de las propuestas presentadas, en nuestra página de internet www.periodicoelpulso.com en el artículo “Dos tendencias de reforma a la Ley 100/93 Salud”, un comparativo de variables entre las dos ponencias, como resultado del proceso de acumulación de proyectos, elaborado por la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud -Assosalud-, el Colegio Médico Colombiano (www.colegiomedico.org.co), la Academia Colombiana de Salud Pública y Seguridad Social y el asesor e investigador Vicente Herrera Tello MD. Y ante la incertidumbre sobre el destino de la reforma, se presenta aquí un breve espacio de debate para su análisis.

Propuesta de gobierno: Que todo cambie para que todo siga igual
Si nos atenemos al planteamiento oficial, la ponencia respaldada por el gobierno (Benítez-Maloof) pretende ante todo mantener el modelo de aseguramiento (buscando cobertura universal con 22 millones de cupos subsidiados con una inversión de 4 billones de pesos) y fortalecer a la Supersalud y supuestamente a los hospitales.
Otros aspectos clave de la propuesta oficial en cuanto al régimen subsidiado son: contratación a través de EPS sin ánimo de lucro y cajas de compensación familiar, la formulación del nuevo régimen subsidiado con operación regional (concepto que retrotrae a la fallida regionalización del acuerdo 244 de 2003), mínimo el 50% de la contratación se haría con la red pública, se expediría una tarjeta de registro nacional para las personas sisbenizadas que sirva para afiliarse al régimen subsidiado controlando la duplicidad y, además, las acciones de promoción y prevención (acuerdo 229 de 2002) vuelven a las aseguradoras.
También el proyecto propone el plan de salud pública colectiva en reemplazo del plan de atención básica (PAB), que las Empresas Sociales del Estado ESE deben garantizar sostenibilidad financiera para poder seguir funcionando y, lo más determinante, crear un nuevo fondo que desembolsará los recursos, el FOCOS (Fondo Colombia para la Salud) con lo que de paso se arrebata a los municipios el control de los recursos para financiar la salud municipal (no sólo Fosyga sino todas las fuentes de recursos incluyendo Sistema General de Participaciones -SGP- y transferencias), aspiración que ya estaba plasmada en el decreto 050 de 2003 y que fracasó.
Basta comparar el boletín oficial del Servicio de Noticias del Estado -SNE- con que se presentó el gubernamental proyecto 052 el pasado 5 de agosto con el del 27 de octubre para la ponencia unificada, para verificar algo que es evidente al cotejar ambos documentos: No existen diferencias de fondo. La unificación de ponencias se limitó a refundir las propuestas de los aliados del gobierno.
Propuesta opositora: Barría con todo
La evidente omisión de los proyectos de la oposición motivó esta ponencia. Esta proposición alternativa no sólo modifica al SGSSS, sino que propone crear “el Sistema Integral de Seguridad Social en Salud (SISESA)”. En general esa era la tónica de toda la propuesta que en algunos aspectos parecía un cuento de hadas: demasiado bueno para ser verdad, aunque es de destacar que la exposición de motivos es un trabajo de análisis bastante sesudo que resulta en un documento de máximo interés para el sector.
La propuesta incluye integrar todos los recursos de lo que hoy es PAB y promoción y prevención para una 'salud pública colectiva' (conservando el fastidioso pleonasmo de varios proyectos) basada en equipos extramurales con enfoque familiar y comunitario, transformar las EPS y ARS en Entidades Administradoras de Salud -EAS- sin ánimo de lucro, adopta la estrategia de Atención Primaria en Salud -APS- y consecuentemente la dinámica de integración en redes de servicios, propende por la definición de tarifas y salarios mínimos de contratación de servicios y trabajadores del sector salud, y, ante todo, pretende la universalización de la cobertura basada en el aumento de cobertura de régimen contributivo a expensas de incorporar informales y contratistas y remplazar el régimen subsidiado por un régimen solidario y transitorio con recursos frescos.
Se destaca también: aplicar el principio de solidaridad a la medicina prepagada, planes complementarios y pólizas de salud, integrar aportes del sistema de riesgos profesionales al de salud, destinar los recursos del Fosyga que actualmente están invertidos en deuda pública al pago de las acreencias que tiene el Estado con la Red Pública, creación del Sistema Integrado de Información Nacional en Salud -SIINS-, creación de la Subcuenta de Atención Enfermedades de Alto Costo -AEAC-, adscrita al Fosyga y fortalecer la vigilancia y control del sistema.
Entonces: ¿cómo quedaría la ponencia final?
Este escenario de agria disputa entre gobierno y oposición, al que ya no estábamos habituados los colombianos, muestra -a nivel macro- un cambio en las relaciones políticas en los organismos del Estado. En el caso de la salud, por otra parte, se evidencia el punzante debate dado en los ámbitos académico, político y social entre defensores y detractores del Sistema General de Seguridad Social a partir de su implementación.
De allí se podrían concluir tres cosas: Que hubo diferencias irreconciliables entre los ponentes de una y otra propuesta, que hay actores del sistema muy poderosos interfiriendo con estas posiciones y que en definitiva, una auténtica ponencia unificada es un imposible bajo las actuales circunstancias, así el gobierno insistiera en que la ponencia final fue concertada con todos los actores del sistema de salud.
¿No será más prudente entonces dar un compás de espera para sacar adelante la reforma de la reforma? Porque debate y puntos de vista para confrontar es lo que hace falta, eso es claro, y poner bajo la aplanadora las iniciativas contrarias sin analizar los aspectos positivos que pueden aportar a la revisión del sistema de salud no se ve muy democrático ni muy progresista, la verdad.
 
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