Tanto la prensa nacional como el medio laboral ha venido insistiendo en la dificultad que se viene presentando en el país con las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), al punto que se tituló en un periódico de circulación nacional, “Cooperativas de trabajo, al banquillo”.
El sistema cooperativo es sin lugar a dudas, un medio idóneo para dar solución tanto a las necesidades de la actividad económica productiva, como a la gran cantidad de personas que ingresan al mercado laboral y que requieren vincularse a alguna actividad que genere ingresos para su sustento y el de su grupo familiar.
La legislación nacional es clara en cuanto a las limitaciones que presenta el sistema, y el abuso de él no puede ser la causa para que una adecuada solución a la problemática de la comunidad sea estigmatizada, al punto de ser tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Ahora bien: las razones por las cuales se señala este sistema como nefasto para la actividad laboral, se fundamenta en el uso inadecuado del mismo, cuando abiertamente se utiliza el sistema cooperativo para violar las normas de orden laboral, pero no podemos dejar de ver como se constituye en la mejor posibilidad para la creación de empresa y por ello, en fuente de trabajo.
Frente a esto, la jurisprudencia nacional ha sido suficientemente clara en cuanto a la diferenciación de lo que es la prestación de un servicio regulado por el derecho civil o comercial, y el contrato de prestación de servicios que tiene amplia reglamentación en la ley laboral. La inadecuada interpretación de uno y otro sistema, además de arbitrariamente explotar a ciudadanos que requieren trabajar, conduce a las empresas a incurrir en costos importantes, y puede llegar a privarlas de la posibilidad de hacer del sistema una oportunidad para facilitar la actividad empresarial.