MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 14    No. 166  JULIO DEL AÑO 2012    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

 
Congreso reclamó mejor atención
y resolver crisis del sistema de salud
Juan Carlos Arboleda Z. - Periodista - elpulso@elhospital.org.co
En debate de control político citado por la Cámara de Representantes y el Senado el pasado 15 de mayo, se reclamó mejor atención en salud a los colombianos tras analizar la crisis estructural y de corrupción del sistema de salud, y debatir el papel de las EPS según las reformas institucionales y normas recientes.
La salud es tema recurrente en el Congreso y esta vez incluso la coalición del gobierno cuestionó fuertemente la situación actual: por primera vez hubo consenso de todas las bancadas cuestionando las EPS como intermediarias. El senador Juan Manuel Corzo del Partido Conservador, afirmó: “Nos duele la salud de los colombianos, en particular la situación de hospitales y clínicas y grandes organizaciones que trabajan por la salud", y expresó que era necesario que la Procuraduría y la Contraloría aclararan sus posiciones disímiles, con pruebas sobre la verdadera situación de la salud en el país.
“Mitad de recursos de salud se desvía”: Contraloría
El centro del debate fue la intervención de la Contraloría General de la República, que presentó el cúmulo de anomalías encontradas en el sistema de salud. La contralora Sandra Morelli clarificó la naturaleza jurídica de los recursos de la salud: “La Corte Constitucional fue perentoria en establecer que se trata de recursos parafiscales, entre otras razones porque concurre la soberanía del Estado para hacer obligatorios los aportes; y sentencias del actual fiscal general de la Nación dejaron sentado con fallos vinculantes porque fueron de constitucionalidad, que eran parafiscales. No es sano entrar en un debate que sobra, porque está clarísima la naturaleza jurídica de esos recursos”.
La contralora señaló que las entidades privadas encargadas de manejar los presupuestos para la atención, desviaron cerca del 50% de los $40 billones del presupuesto para la salud, invirtiendo en asuntos diferentes a la atención de los pacientes. Éste sería el principal motivo del colapso del sistema de salud, que tiene como víctimas a millones de afiliados de los regímenes subsidiado y contributivo que no reciben atención adecuada: “El tema de salud nos afecta a todos y no podemos actuar como caballos cada uno por su camino. Existe una cadena de irregularidades que arrojaron el resultado que todos conocemos”.
“EPS: meros intermediarios financieros”: Contraloría
Tras reiterar su denuncia sobre el desvío y mal uso de los recursos del sistema, donde según investigaciones más del 50% de los recursos girados se desviaron al lucro privado, la contralora Morelli fue clara en afirmar que el sistema no puede continuar como está. Explicó que para la Contraloría el verdadero asegurador del sistema es el Estado, mientras las EPS dejaron de serlo para convertirse en meros intermediarios financieros: “Si realmente no asumen el riesgo, cabe preguntarse que más da si el sistema está quebrado o no, porque esto se vuelve un problema de pagar lo que se debe a quien ha prestado un servicio y tiene el derecho de que se le reconozca. El recurso siempre lo pone el Estado, siempre viene del Fosyga, siempre tiene origen en la UPC (que son recursos públicos), y en este caso quien siempre asume el riesgo es el Estado. Las EPS son meros operadores financieros que nunca prestan servicios directamente”.
Sobre el funcionamiento del modelo, señaló su extrañeza ante la precariedad en la regulación de la competencia: “Cuando se opta por privatizar los servicios, se crean las comisiones de regulación u organismos autónomos que corrigen defectos del mercado; la diferencia es que la CRES no tiene dientes, y valdría la pena que ese tema se examine, porque ese podría ser un instrumento para garantizar la reconducción del SGSSS, ya que pareciera por las palabras del gobierno que se continuará dentro del modelo de Ley 100”.
Marino Bernal, coordinador del grupo investigador de la Contraloría, señaló que utilizaron la técnica de auditoría del estado del flujo de efectivo, que muestra como una EPS origina sus recursos en 3 tipos de actividades: operación, financiación e inversión. La operación tiene su origen en la parafiscalidad y allí se incluyen los recobros por medicamentos que de manera tradicional las EPS consideran como ingreso propio, pero según la Contraloría ésta es una anomalía: “Los recursos por recobros no son propios, porque si la EPS ha pagado en forma anticipada el No-POS, ¿de dónde salió ese dinero? De la misma UPC, no fue un crédito que le otorgó un banco, ni un aporte de un socio: los tomó de la UPC, y por tanto debe ser retornado cuando el Fosyga lo paga, y lo que las EPS han hecho es utilizarlo de indebida forma inflando los estados financieros, ya que llevan esos recobros a una cuenta por cobrar, pero esa cuenta está inflada porque registra la totalidad de lo recobrado y no todo ese dinero termina siendo reconocido por Fosyga”.
Bernal señaló que en los análisis se detectó que el 98 % de los recursos de una EPS son parafiscales y sólo 2% viene de otros conceptos, y como del porcentaje de parafiscales la ley ordena que el 92% lo tiene que destinar a salud (8% restante es administración), a veces los costos de los servicios de salud son inflados para tratar de demostrar que se cumple con el 92%. Simón Guzmán, director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría, señaló que en las investigaciones encontraron actividades que rayan con la ilegalidad: “Por medio de la integración vertical, las EPS cuentan por ejemplo con un proveedor de medicamentos, lo cual le permite a la EPS manejar la estructura del costo POS y ajustar cuentas para llegar al 92% que ordena la ley, pero además las EPS cargan muchas acciones administrativas al costo POS y a la UPC: pagos multimillonarios por gastos de mantenimiento de clínicas, arrendamientos, remodelaciones, amortización de diferidos, bonificaciones al personal directivo con cifras superiores a los $400 millones y algo muy particular, que es la sobrevaloración de medicamentos y los mencionados públicamente aportes a clubes deportivos, campañas políticas, etc., y todo esto infla el costo POS” 6
 
¿Sí o no a las EPS?
La representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, afirmó que “el sistema colapsó, ya está en la etapa final. Sólo le cabe la eutanasia o la muerte natural; como están las cosas, se requiere de inmediato un cambio de modelo. Le dimos plata a los privados para que se enriquecieran, mientras que los colombianos se mueren porque no se les garantiza plenamente su derecho fundamental a la salud”. Y frente a la propuesta de generar recursos vía impuestos como el 2x1000, señaló que hoy no sería una medida viable: “Es irresponsable hacer una transfusión de sangre a una vena rota para un Sistema que lo está desangrando la corrupción. El país y los actores involucrados deben concentrarse en realizar una reforma estructural al sistema de salud, porque actualmente está en cuidados intensivos”. Y Ángela María Robledo, del Partido Verde, afirmó “que las EPS deben desaparecer como intermediarios del sistema. No podemos permitir que la salud siga siendo un bien de lucro. La salud no debe ser una mercancía más”.
Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio de las EPS), afirmó que no es justo que se manche la honra de las EPS colocándolas en la misma situación de aquellas cuestionadas por irregularidades: “Estamos haciendo bien la tarea y lo más importante es que los servicios de salud se están prestando de forma eficiente a los colombianos afiliados. No pueden pagar justos por pecadores. Es una crisis que tiene muchos responsables y algunos detractores interesados en acabar con las EPS”. También se refirió a la necesidad de aclarar la naturaleza y uso de los recursos de la UPC que reciben las EPS, pues existen interpretaciones contradictorias dentro del Estado y la falta de claridad sobre el uso de estos recursos y el cambio frecuente de criterios, crean un estado de inseguridad jurídica y puede terminar en decisiones judiciales injustas que lleven a la condena de personas que actúan de buena fe y conforme a la ley.
Finalmente, la representante a la Cámara, Martha Ramírez, indicó que el aseguramiento fue atacado por el virus de la corrupción, pero que puede curarse: “Si logramos elementos claves de la Ley 1438 como el giro directo a hospitales (ojalá hasta 80% de los recursos), implementar Redes Integradas de Servicios de Salud y aplicar el modelo de Atención Primaria en Salud, las EPS que no hacen bien las cosas se van a desmotivar y a retirar; además a los departamentos les llegó la hora de reasumir su papel de rectoría y el régimen subsidiado: son más de 23 millones de colombianos que deben ser direccionados por los departamentos, y esa competencia que se les quitó hay que retomarla”.
 
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