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| Al parecer,
muchos de los graves problemas de la EPS Emdisalud se agudizaron
tras la intervención de Supersalud y bajo la gestión
de Dionisio Vargas, ex funcionario de Caprecom que ofició
como su interventor. Según la Asociación Colombiana
de Hospitales y Clínicas (ACHC), Emdisalud es una de
las 10 EPS más demoradas para pagar a los hospitales,
y es la segunda EPS del régimen subsidiado con mayor
deuda, precedida por Caprecom. |
| Es contradictorio
el informe de gestión del interventor luego de un año
de administración, al concluir: “A la fecha se cuenta
con una red de prestadores de servicios consolidada a nivel
nacional que está en proceso de legalización (…)
Incremento en número de autorizaciones de servicios de
salud a afiliados, disminuciones en quejas, reclamos, derechos
de petición, tutelas y desacatos interpuestos por los
afiliados por la falta de prestación de servicios”.
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Este
informe no se corresponde con el clamor desde todas las regiones,
indicando que las relaciones entre Emdisalud y prestadores se
deterioraron más desde la intervención, que no
existen contratos, que la mora en la cartera aumentó,
así como la falta de abonos a la deuda (“Mientras
otras EPS hacen giro directo del 80% de los recursos, Emdisalud
solo lo hacía en 17%”, dijo la ministra Beatriz
Londoño).
Deterioro de indicadores
Lo más grave es que el mismo informe muestra
deterioro de indicadores durante la intervención. Hubo
baja liquidación de contratos capitados con las IPS con
más del 80% sin liquidar; los recobros radicados y pendientes
por radicar a febrero de 2012 (tiempo de la intervención)
por tutelas y Comités Técnico-Científicos
(CTC) son del 72%, lo que suma unos $8.000 millones, denotando
falta de interés para recuperar recursos necesitados
con urgencia; el análisis de los CTC muestra que en 2010
de la zona noroccidental estaban pendientes 1.284 y en 2012
aumentaron a 2.368, que se convirtieron en recursos no recobrados.
Tampoco asentaron los documentos soporte en la contabilidad,
y al comparar la liquidación de contratos versus su contabilización,
se aprecia que en la regional norte se liquidaron 221 contratos
pero sólo se contabilizaron 153 (faltó 31%), y
en la zona noroccidental de 109 contratos liquidados sólo
se contabilizaron 48, faltando el 56%. La contabilidad es entonces
irreal, y las decisiones con base en esos estados financieros
están poco soportadas.
Los indicadores de satisfacción de usuarios también
empeoraron. Las quejas y reclamos evidencian que el principal
factor de quejas es la negación de servicios incluidos
en el POS subsidiado que llegan a 35%, seguido por incumplimientos
a fallos de tutela con 18.3%, de donde se concluye que durante
la intervención se acentuaron los obstáculos para
garantizar el acceso al servicio de salud. Es muy grave que
en el balance de gestión jurídica se observa que
en 2010 del total de tutelas presentadas (914), se contestaron
770 y se dejaron de contestar 144; a partir de la intervención
las tutelas aumentan a 2.424 (165%), incumpliendo un supuesto
de las intervenciones: mejorar la atención de los usuarios,
puesto que del total de tutelas el 37% son por negación
de servicios POS. Además, los desacatos a tutelas que
en 2010 fueron 1.160, aumentaron a 1.409 (21%), confirmando
la tesis de obstaculización al acceso de los pacientes
al servicio de salud. |
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