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la 2ª Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de la Sentencia T-760/08, la Corte Constitucional afirmó
que ésta dio herramientas al gobierno y al Congreso para
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, y que exigió
a los entes de control mayor actividad para que los recursos
del sistema no fueran dilapidados. Más concluyó
que el gobierno respondió que tomó todas las medidas
indispensables, pero que la Corte sólo evidencia “leves
mejorías que en nada han incidido en el goce efectivo
del derecho a la salud”. |
En su
respuesta a la Corte, la ministra de Salud, Beatriz Londoño,
manifestó que bajo ninguna circunstancia debe considerarse
que el derecho a la salud se agota: “El acceso efectivo
se debe traducir no solo en tener cobertura en aseguramiento,
sino la posibilidad real de acceder a los servicios de salud.
El marco regulatorio debe ser la ruta para que los actores del
sistema identifiquen el qué hacer, en función
de sus competencias”.
La ministra expuso avances, como que el Ministerio trabaja para
reducir el número de tutelas, mejorar la seguridad informática
y así darles mejor información a los ciudadanos,
dar más calidad en la prestación de los servicios
y hacer efectivo el flujo de los recursos. Aseguró que
se adelanta un trabajo importante con pacientes que tienen enfermedades
huérfanas o raras; también en consolidar una ruta
para modelos de atención y registro único. |
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E informó
que se desarrolla la Política Nacional Farmacéutica
en un documento Conpes, para garantizar calidad, eficacia, seguridad
y acceso a los medicamentos. En desarrollo de medidas antifraude,
se aseguró que el proceso de auditoría no lo hiciera
el mismo pagador, para no incentivar glosas que deterioren el
servicio y el acceso. Además se tiene un plan de evaluación
de riesgos, particularmente en el Fosyga, para los mecanismos
efectivos de denuncia y los protocolos de rendición de
cuentas.
Además anunció que se unificarán planes
de beneficios en ambos regímenes (contributivo y subsidiado),
que con las medidas adoptadas en los últimos meses se
redujo el número de recobros y tutelas y se ahorró
al sistema más de $450.000 millones, y que el sistema
gira más del 52% de los recursos directamente a los hospitales.
Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda, afirmó que
sólo hasta 2025 se empezaría a superar el déficit
en salud, que se debe evitar la cartelización de prestadores
en ciertas ciudades y que los entes territoriales deben dar
flujo de recursos: hay $2 billones de ellos en cuentas maestras
que no fueron girados al sistema. Afirmó: “Es necesario
asegurar que el gasto se utilice en atender prestaciones que
se requieran, con un principio de priorización. Por eso
es necesaria una lista de exclusión sostenible”.
“Recobros: cáncer del sistema”:
Acemi
El presidente de Acemi, Jaime Arias, afirmó que
pese a los esfuerzos del gobierno, los recobros por prestaciones
No-POS siguen sin solución y son el problema coyuntural
más grave del sistema: “El pago No-POS está
casi paralizado. El tope máximo de los recobros favorece
al Fosyga y golpea a EPS e IPS por la renuencia de algunas farmacéuticas
a cobrar sobre la base establecida”. Para Arias, el POS
se amplió levemente, estimando que sólo se reducirá
en 2012 en un 20% el gasto de recobro de medicamentos No-POS.
Afirmó que las EPS están financiando al Estado,
que no les reconocen intereses y que los costos de administración
son enormes. Cada mes envían mínimo 250.000 recobros
al Fosyga, que cuestan $200.000 millones: muchas veces un recobro
tiene un millón de folios. El valor promedio del recobro
es $700.000, pero cerca del 20% no cuesta $50.000, por lo que
casi no vale la pena tramitarlos, pues el trámite cuesta
más que reembolsarlos. Casi 100 personas trabajan en
las EPS tramitando recobros: en diciembre de 2011 entregaron
un millón de recobros de un mes y su estudio terminará
sólo a fines de 2013.
Dijo que en 2011 las cuentas por cobrar a Fosyga aumentaron
40%. En diciembre sin contar a Saludcoop (que no hace parte
de Acemi), ascendieron a $2 billones, de los cuales el 80% eran
medicamentos. El total de cartera a marzo 30 de 2012 es cerca
de $1.3 billones, correspondiente a recobros glosados, y el
35% está en trámite. El promedio de recobros glosados
sobre la cartera total del año pasado, fue cercano al
70%.
Acemi defendió la intermediación y dijo que quienes
piden eliminarla están equivocados. Propuso eliminar
el No-POS y fortalecer el POS (en su defecto, la Nación
asume el financiamiento del No-POS); eliminar Comités
Técnicos Científicos (CTC) y pasar sus funciones
a la Junta Técnica de Pares; eliminar el pago anticipado;
que pago directo No-POS vaya a hospitales y proveedores; y cruzar
la deuda actual mediante el giro directo.
“Plata no llega cuándo
y cómo debe”: Procuraduría
La procuradora delegada para asuntos del Trabajo y la
Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, dijo que el Ministerio
Público conoció que en el año 2011 hubo
más de $43 billones destinados a la salud, con estudios
muy serios donde se ve que “sí hay plata para la
salud, pero no llega cuándo y cómo debe ser”.
Sobre malversación de fondos o corrupción en recobros,
dijo que realizaron 743 investigaciones, con prontos resultados.
Y precisó que no se está de acuerdo en eliminar
el No-POS, como recomienda Acemi. |
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“Resultados en costo
y calidad: muy lejos de lo ideal”
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La
contralora Sandra Morelli informó que el presupuesto
anual para salud es cerca de $40 billones, sumando $28 billones
de parafiscales y más de $9 billones de aportes privados.
En auditoría integral a los recursos de salud se hizo
una actualización financiera pero se necesita un costeo,
porque hay conductas que falsean la información, la sobredimensionan
y obligan al Estado a girar montos superiores a lo debido, “porque
el 50% de los recursos de salud se desvía de manera indebida
para lucro privado”.
La contralora indicó que la UPC está sobredimensionada,
pero si se hace estudio de costeo, sabrán los problemas
en medicamentos; aseguró que el Estado no sabe cuántos
pacientes están multi-afiliados y si están vivos
o muertos, y que la denuncia de la ministra Londoño sobre
inconsistencia de $1 billón para establecer la UPC fue
cierta, pero no tuvo sanción. También indicó
que en el sistema hay intermediación y monopolio: una
empresa del conjunto del gerente de una cooperativa, lidera
un cartel; y hay una empresa líder que concentra la venta
de medicamentos en el país, con un pacto para no venderlos
por debajo de una tabla establecida por ellos; y denunció
el caso de la vacuna del A-H1N1 (Tamiflu), donde un intermediario
obligó a comprar una que estaba a punto de vencerse. |
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