Frente a la crisis estructural, recurrente e irreversible del sistema de salud, “crece, crece la audiencia”… El clamor escuchado de tiempo atrás, hoy es un coro prácticamente de todos los ciudadanos y estamentos. Este sistema ya no satisface a nadie, excepto a quienes lo aprovechan en su beneficio o tienen compromisos económicos o políticos con sus sostenedores. ¿Para qué volver a enunciar el diagnóstico? Cientos de estudios de diversa procedencia muestran que el experimento no surtió el efecto buscado en términos de utilidad social, el fracaso del modelo de aseguramiento privado es más que evidente, su ineficacia está sobre-diagnosticada y no obstante, hay sectores que se aferran a él.
El sistema de salud que nos rige es ineficaz, inequitativo, corrupto e insolidario, por usar sólo unos adjetivos. Hay coincidencia sobre la necesidad del cambio profundo, radical y progresivo, así no coincidamos en la forma de remediar el problema. No sabemos la forma específica en que debería operar un buen sistema de salud, sus características, pero se necesita ese cambio. ¿Cómo funcionaría? De alguna manera, menos la actual.
Por ello, lo primero es un debate amplio, sincero, abierto, sin exclusiones y de cara al país, para encontrar mediante el examen científico y objetivo, el rumbo que debe seguir. Difícilmente una persona o actor puede tener la última palabra. Una problemática que nos golpea a todos tiene que ser resuelta entre todos, y una alta regulación que marcará el destino de la salud tiene que ser obra de los beneficiarios directos: los ciudadanos, acompañados por actores que muestran buena voluntad, propósitos justos y parámetros técnicos y científicos acertados para conducir este delicado sector. Y nunca existió tanto consenso sobre puntos definidos: ej., que el sistema no debería funcionar en un contexto de intermediación, o de permanecer las EPS no podría ser como intermediarias.
Lo demás es consabido: el principio fundamental de ese cambio estructural es el respeto por el derecho fundamental a la salud. Pero esto no se puede tomar a la ligera, hay que sacar el derecho a la salud del campo en el cual se maneja en Colombia, pasar de las palabras a los hechos. Ya no puede ser una simple expresión retórica tras la cual se esconda la irresponsabilidad en el tratamiento a pacientes y usuarios. Como quiera que el usuario y el paciente tienen que ser el centro del sistema, los principios orientadores se derivan de ese punto. Por tener centro en la persona, el nuevo sistema de salud tiene que ser equitativo de modo que favorezca a todos sin distingos, por lo mismo solidario.
Por dirigirse al servicio de los ciudadanos, tiene que servir con calidad: es lo que merecemos y lo que pagamos con nuestras contribuciones. Y como se trata de un servicio que se presta en la medida que lo exige el proceso de la enfermedad, la atención deberá ser oportuna. Todos estos principios nunca han sido negados de palabra por los sostenedores del sistema, pero tampoco han sido cumplidos de hecho. Ahora hay que revertir esa situación: o sea, a los principios enunciados hay que agregar su condición de posibilidad, la voluntad política de hacerlos realidad, lo cual se materializa convirtiendo la regulación en política de Estado, en política pública. Igual hay que hacer con la Atención Primaria en Salud, esgrimida para camuflar un sistema en contravía de esa estrategia. Igual cosa hay que realizar con la promoción y prevención, única manera de disminuir la carga de la enfermedad y por ende, de bajar al mínimo su impacto sobre los hospitales.
Por último, ese cambio estructural no puede significar el retorno al viejo sistema que teníamos antes de imponerse el modelo de aseguramiento privado. El nuevo sistema tiene que ser moderno y ágil en su concepción, es un sistema para el nuevo milenio y por tanto, acorde con sus metas y visión. Esto exige, además de los parámetros establecidos por OMS/OPS un propósito convertido en pacto social, de eliminar la corrupción por todos los medios institucionales, de afinar los controles, la vigilancia y la sanción, de modernizar la regulación, y todo esto no se logrará sin un sentido de participación social. Por ello, el nuevo sistema no puede construirse al margen de la democracia.