En marzo de 2007,
a raíz de la denuncia de la muerte de más de 10
niños en el Chocó por desnutrición, todas
las instancias del gobierno nacional volcaron sus ojos y acciones
sobre el departamento, con el ánimo de contribuir a superar
la crisis crónica de salud. El Procurador General de
la Nación, Edgardo Maya, afirmaba que el panorama social
en Chocó es desolador, en una situación que obedece
a la corrupción: “No creo que exista en Colombia,
Centroamérica, Suramérica o en África,
un estado deplorable de abandono de los pacientes, pero no por
falta de recursos, pues no hay departamento que en infraestructura
básica, en saneamiento básico y agua potable y
en salud, reciba más dinero que Chocó. Es la región
con más investigaciones disciplinarias por corrupción;
entre sanciones, destituciones e inhabilidades, la Procuraduría
ha proferido 197 fallos desde 2002 contra igual número
de personas, en su mayoría servidores públicos;
y cursan más de 536 procesos previos contra 602 servidores
públicos de 24 municipios”.
En tanto, la Defensoría del Pueblo consideraba que la
situación del Chocó en salud es fruto de la negligencia,
y el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán,
afirmó que en los presuntos desvíos de recursos
para la salud en Chocó, cuando se roban esos recursos,
las imputaciones "no deben ser solo por prevaricato o por
peculado, sino por homicidio".
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, aseguró
que la muerte de los niños obedecía a la mala
administración de los recursos en el departamento, pues
Chocó fue uno de los departamentos que mayores recursos
per capita recibió por habitante para programas de salud
pública en 2006: más de $50.000 millones: “El
departamento de Chocó tiene deficiencias en la utilización
de los gastos, las cuentas del sector salud están embargadas
por los jueces, entonces no hay disponibilidad de los recursos”.
Y en julio pasado, la Supersalud denunció 41 graves irregularidades
administrativas, jurídicas y financieras en el Departamento
Administrativo de Salud del Chocó (Dasalud Chocó),
entidad en intervención técnica y administrativa
desde el 2 de mayo de 2007.
¿Cobertura universal a cargo
de quién?
Otra de las acciones para enfrentar la crisis de la
salud en Chocó, fue la universalización de la
cobertura en salud en sus 31 municipios, con un proceso de afiliación
masiva al régimen subsidiado de la población de
niveles 1, 2 y 3 del Sisbén desde julio 1° de 2007,
a través de Caprecom. Para esta ampliación de
cobertura, se dispuso la cofinanciación del 95% por la
subcuenta de Solidaridad del Fosyga (casi $39.500 millones)
y el 5% restante a cargo de los entes territoriales. El objetivo
era carnetizar 157.000 personas de los 451.000 habitantes del
Chocó, para lograr cobertura del 100%, por orden del
gobierno nacional. A un año del colapso en el sistema
de salud en Chocó, el gobierno anunció que el
plan para reorganizarlo demandará inversiones por $80.000
millones, suma adicional a la financiación de $65.000
millones para pagar el endeudamiento del sector salud en la
región. Y luego de la intervención técnica
y administrativa, hoy Dasalud se encarga sólo de la inspección,
control y vigilancia del sistema de salud.
Sin embargo, Chocó no paga deudas de salud
Pese a las buenas intenciones por resolver la crisis en salud
del Chocó, hoy día no se sabe cuál ente
del gobierno nacional asumirá el pago de muchos de sus
compromisos con acreedores de servicios de salud, deuda que
se ha venido acumulando desde años atrás, especialmente
desde 2004, con pocas o ninguna garantía de pago.
Hasta 2003, el Chocó a través de Dasalud reconocía
sus deudas por prestación de servicios de salud, pero
desde fines de 2004 ya no hay regularidad en los pagos, por
lo que se disparó la cartera de Dasalud con clínicas
y hospitales de Antioquia, Risaralda y Valle, luego de la firma
de acuerdos de pagos con Paciano Asprilla, que nunca se cumplieron.
Cuando se decide lograr la cobertura universal en Chocó
la situación empeoró, porque aumentó el
número de pacientes por atender y sin garantía
de pago. Por ejemplo, al Hospital Universitario San Vicente
de Paúl de Medellín, con corte al 16 de abril
pasado, Dasalud le adeuda $9.500 millones, de los cuales unos
$6.000 millones están dentro del período de intervención
de Dasalud.
Chocó recibe por Sistema General de Participaciones unos
$300 millones mensuales para salud, pero esos ingresos no alcanzan
para cubrir las deudas por prestación de servicios de
salud con clínicas y hospitales, especialmente con las
que le atienden sus pacientes de tercer y cuarto nivel de complejidad,
como el San Vicente. La deuda está creciendo a niveles
impresionantes y por haber gran parte de ella dentro del período
de intervención de Dasalud, todavía no se ha definido
quién pagará esa deuda, si la Gobernación
del Chocó, el Ministerio de la Protección Social
o el Ministerio de Hacienda; tampoco está claro qué
entidad pagará la deuda anterior a la intervención
de Dasalud, ni la generada ahora posterior a esa intervención.
La expectativa es firmar acuerdos de pago con corte a 2008,
con el fin de regularizar los pagos mensuales de ahora en adelante.
La crisis de pagos por servicios de salud se agrava en Chocó,
dado el nuevo volumen de población afiliada al régimen
subsidiado, la irregularidad en el manejo de los recursos para
salud y la insuficiencia del presupuesto departamental para
pagar por la atención de los pacientes, especialmente
los de alta complejidad.
Por ahora, el Hospital Universitario San Vicente de Paúl,
uno de los más afectados con esta cesación de
pagos por parte de Dasalud Chocó, está a la espera
de firmar un acuerdo con la interventoría de la entidad,
que permita reconocer por lo menos parte de la deuda acumulada
desde 2004. También, determinar qué población
atendida en San Vicente es de segundo nivel de complejidad,
para apropiar los recursos correspondientes y poder hacer pagos
al Hospital de Medellín. |
