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La apurada salida
del Superintendente de Salud, José Renán Trujillo,
entre acusaciones por supuestos casos de corrupción y
amenazas de muerte, deja un pésimo sabor y gran preocupación.
No es una situación puntual.
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La salida de sucesivos
superintendentes, por motivos que van desde acusaciones por
corrupción hasta presiones de sectores empresariales
inconformes con sus decisiones, se volvió un problema
recurrente. Hechos como estos evidencian la orfandad de quienes
ocupan esos cargos para defender el interés público
contra intereses poderosos y ambiciosos, y su vulnerabilidad
cuando aparecen apetitos acomodados propiamente en el cargo,
para tomar como botín las funciones de vigilancia, control
y autorización de amplios sectores de la economía.
La lista de desautorizaciones y salidas destempladas de los
superintendentes, cuando no acceden a pretensiones de ciertos
bloques de empresarios o inversionistas también es larga.
Basta recordar la renuncia del ex superintendente Emilio José
Archila, por oponerse a la fusión de Avianca y Aces,
ó la muy reciente salida del Superintendente de Industria
y Comercio, Jairo Rubio Escobar, por el enfrentamiento con los
bancos por las tasas de interés que éstos cobran
por el uso de tarjetas de crédito y débito. Otro
hecho que seguro traerá gran cantidad de recriminaciones,
es la decisión de hace pocas semanas del Consejo de Estado,
ratificando la condena a la Nación por $226.000 millones,
originada en la nacionalización apresurada de Granahorrar,
dejando en tela de juicio la gestión de la Superintendencia
Bancaria de entonces, hoy fusionada a la Superintendencia Financiera;
es decir, de nuevo se revisa el polémico papel de esta
superintendencia, la misma que antes fue cuestionada por actuar
tardíamente ante la quiebra de los bancos Andino y del
Pacífico, dejando “en la calle” a miles de
ahorradores. Y a la lista ofensas contra la majestad del cargo
que representa ser Superintendente, deben sumarse los casos
denunciados de corrupción del ex superintendente de Notariado
y Registro, Manuel Guillermo Cuello, y del ex superintendente
de Subsidio Familiar, Amaury García.
Papel relevante de las Súper
ante la privatización
La gravedad de estos hechos es mayor cuando se observa
el papel protagónico que deberían tener las superintendencias
en un país como el nuestro, donde se desarrolla un modelo
económico fundamentado en la iniciativa privada y la
reducción del Estado. Desde hace varias décadas
se cree que el sector privado es más eficiente y menos
corrupto que el sector público, y por ello se avanza
en privatización de servicios públicos y delegación
de funciones públicas a diversos tipos de inversionistas.
Amplios sectores de la economía, como el de salud, que
en otros países se recomienda mantener bajo orientación
pública, en nuestro país se llevaron al mercado,
para este emprendimiento también se hacen sucesivas concesiones
en materia laboral, tarifaria y de impuestos. Se crearon por
ejemplo, comisiones de regulación, donde los inversionistas
tienen mayor posibilidad de afectar decisiones tan importantes
como tarifas, con mínima ó ninguna participación
de la población. En juntas directivas del sector público,
como las de Invima y el Consejo de Seguridad Social en Salud,
por ejemplo, participan representantes de organizaciones empresariales,
las mismas que deben ser controladas ó reguladas por
estas entidades.
Hace años, sin mucha reflexión, se supone que
es mejor tener empresas privadas que públicas. Se prefiere,
por ejemplo, recibir el pago del 35% de utilidades por impuesto
a la renta de organizaciones particulares modernas y productivas,
que refinanciar empresas públicas quebradas y cooptadas
por sindicatos y clientelismos. También hemos supuesto
que las empresas hacen su aporte a la sociedad cuando pagan
impuestos y generan puestos de trabajo, y que de esa manera
cumplen con su naturaleza de ánimo declarado de lucro
ó de principios altruistas fundacionales. Pero como de
eso tan bueno no dan tanto, el Estado debe asegurarse que las
diferentes organizaciones sí cumplen con sus finalidades,
y para ello son indispensables, entre otras cosas, las superintendencias.
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Se impone la necesidad
de tener
superintendencias más fuertes y
sin ataduras, para defender
el interés público.
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Las superintendencias
deben verificar que las empresas lo son, que están dedicadas
a agregar valor y no a extraer rentas, que sus estados financieros
y ejecutorias son como se dice y la ley permite; también
debe autorizar su funcionamiento bajo las actividades y normas
correspondientes. Pero ahora oímos que en la Supersalud
pasaban cosas, que estaban demoradas las autorizaciones para
unas EPS por causas que no se saben bien y que algo pasaba con
los chanceros; después de esto, todos los colombianos
queremos salir de cualquier duda, de manera contundente. Luego,
pensando de manera general, se impone la necesidad de tener
superintendencias más fuertes y sin ataduras, para defender
el interés público. La sola idea de que haya habido
censura al superintendente de salud por meter las narices en
temas de beneficio de ciertos grupos y empresarios de juegos
de suerte y azar, es algo que deja un enorme disgusto.
Cuando se mira por ejemplo lo ocurrido en fondos de pensiones
privados, donde hubo pérdidas sucesivas y los riesgos
van contra los ahorradores, y las garantías y ganancias
galopantes son para los bancos, es imposible no preguntarse,
¿qué anda mal en este modelo económico,
aparentemente tan bueno? Estos fondos tal como van, no parecen
hechos para la gente sino a la medida de los bancos. ¿Cómo
haremos para que los contrapesos y controles que deben funcionar
en este esquema económico sean efectivos, porque en temas
como los de superintendencias ya se juntan demasiados fracasos?
Reivindicar el poder de las Súper
No cabe duda que el modelo económico libre y
más abierto de las últimas décadas ha sido
exitoso, en la medida que reactivó el crecimiento, saneó
la economía y modernizó amplios sectores productivos.
Incluso diría que la iniciativa privada es el motor de
la economía, y por ello debe defenderse como un derecho;
pero este concepto requiere depuraciones, contrapesos y controles.
En ello las superintendencias tienen un papel fundamental, que
asegura el logro de los fines públicos y protege la población
de posibles abusos. Las superintendencias también deben
velar por un esquema de verdadera competencia, sin prácticas
desleales o prohibidas, de unas empresas frente a otras.
¿Qué pasa cuando las superintendencias no cumplen
cabalmente las funciones que la Constitución y el pueblo
les encomiendan, sea por amenazas de corrupción, censura
ó amenazas cuando se contraviene algún interés
particular? El gobierno tiene la obligación de llegar
al fondo de esta cuestión y aclararle al país
que es lo que estaba pasando en salud. Preocupa ver que los
cargos de Superintendente se volvieron un “quemadero”,
donde la cuerda se rompe por su punto más débil,
que es el superintendente.
Finalmente, queda claro que el control social debe fortalecerse.
Muchas veces se ha despreciado el control de las personas, las
juntas de usuarios y de mecanismos como el Defensor del Usuario,
establecido en la Ley 1122. De modo similar, hace muchos años
que se viene desprestigiando el recurso de tutela: ¿Qué
sería de tantas personas sin este recurso? Porque tal
como son las cosas, el control le toca hacerlo a la gente. Bien
dice el adagio popular que la mirada del dueño engorda
al ganado ó que “el que tiene tienda que la atienda”.
Los colombianos no le podemos dejar nuestros negocios a las
superintendencias así no más; nosotros mismos
tenemos que encargarnos de vigilar la salud. También
es preciso que apoyemos las instituciones cuando enfrentan intereses
poderosos ó que las denunciemos cuando se desvían
de su misión. |
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