Según el Diccionario de la Real Academia Española, “sistema” es el “conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”. También, según la Academia, “regular” es “ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines”, y el “reglar o poner en orden algo”. Cuando de instituciones del área social se trata, uno de los componentes fundamentales para la visión y el manejo sistémico, es la “regulación” que se hace de ese sistema.
Por eso, cuando se concibió el “pluralismo estructurado” (de Julio Frenk y Juan Luis Londoño), que luego inspiró el Sistema General de Seguridad Social en Salud, quedaron establecidos 4 aspectos determinantes del nuevo sistema: diversidad de intermediarios, regulación, espacio para la elección y universalidad. El nuevo esquema tenía como objetivo último la cobertura total en salud y la buena calidad del servicio, propósitos que se consiguen si la buena regulación está acompañada de unos aseguradores y prestadores que compiten entre sí, y de unos usuarios que pueden escoger entre intermediarios. Dichos procesos no se concibieron para dejarlos simplemente al juego del libre mercado, sino que estaba claro que la regulación era fundamental y esencial para lograr la confluencia de intereses hacia el bienestar general.
Con la Ley 100 de 1993, el papel de dirección del Sistema se le entregó al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, con funciones claras y trascendentales; con el paso del tiempo, ese papel esencial y clave del Consejo se fue desdibujando, hasta convertirse en un organismo inoperante, con falta de capacidad técnica y verdadero poder político, ante su control por el ministro de salud (anteriormente, hoy ministro de la Protección Social) y por estar muchas veces supeditado tanto el Consejo como el ministro de salud a los criterios económicos del ministro de Hacienda, también miembro del Consejo.
Por ello, en la discusión de reforma a la Ley 100, que devino en la aprobación de la Ley 1122 con apenas algunas modificaciones y ajustes como lo dice la misma ley, se creó la Comisión de Regulación en Salud -CRES-, que reemplaza al Consejo y lo relega al papel de asesor de la Comisión. Ante la creación de la CRES, surgen voces defensoras y detractoras desde los distintos actores del sistema de salud, pero sí parece haber consenso en la esperanza de que puede cumplir por lo menos un papel más técnico que el cumplido por el Consejo, en beneficio del sistema de salud. En el debate de esta edición de El Pulso, pueden conocerse diversas posiciones asumidas por algunos de ellos, todas orientadas a la búsqueda del mejor suceso posible para la CRES, ya nueva entidad encargada de la dirección y la regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De la CRES se espera que sea un organismo fuerte, libre de manipulación política y económica a favor de algún actor del Sistema, tal y como ocurre con otras poderosas Comisiones de Regulación, caso la CREG por ejemplo. Sin embargo, hay quienes afirman que la CRES no es de buen augurio, porque no tendrá la capacidad suficiente para actuar directamente sobre los males que aquejan al sistema de salud creado por la Ley 100, por lo que no se cumpliría con la promesa fijada cuando se creó la Comisión, pues sus actuaciones serían prácticamente “de oficio” y bastante modestas ante lo que se espera de ella.
Sin embargo, para ver a quienes asistirá finalmente la razón, es necesario que en primer lugar, se constituya la CRES; que la elección de los comisionados sea con justicia por méritos y no en pago de favores políticos; y que la Comisión empiece a tomar decisiones de regulación del sistema de salud con base en estudios científicos y técnicos suficientes y pertinentes.
La suerte está echada, y ahora todos esperamos que la CRES cumpla ese papel tan necesario de regulación en el sistema de salud.