MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 16    No. 225  JUNIO DEL AÑO 2017    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

 
Cómo está el campo colombiano en cuanto atención y diagnóstico del VIH
Daiana González - elpulso@sanvicentefundacion.com
De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas contra el SIDA (ONUSIDA), durante 2014 se registraron 2 millones de personas infectadas con el virus del VIH en el mundo, frente a la cifra de 3,1 millones registradas en el año 2000. Mientras que en América Latina el número de muertes relacionadas con el Sida se redujo en un 29 por ciento.
El virus de Inmuno deficiencia Humana cada vez cuenta con un mayor cubrimiento de la prueba diagnóstica y un mayor acceso a los procedimientos a nivel global. Sin embargo a nivel nacional aún son visibles los casos de instituciones prestadoras de salud que no cumplen adecuadamente con la entrega de medicamentos para estos pacientes, además del estigma social que todavía se genera frente a una persona que es diagnosticada con VIH.
En Colombia, según el Fondo de Enfermedades de Alto Costo, a 2014 había 53.408 casos de VIH. La primera entidad territorial con más casos es Bogotá con un número de 15 mil pacientes aproximadamente; el segundo lugar es Antioquia con 10 mil; el tercero es Valle con 8 mil personas aproximadamente; Atlántico con 3900; y el quinto lugar sería para Bolivar con 2500 casos.
En Medellín, por ejemplo, el número de casos de VIH viene en aumento. Según el SIVIGILA, de tener una tasa de incidencia del 41,9 en el 2015, pasó a 47,8 para el 2016 (ver tabla). “Nos hemos unido con la política de ONUSIDA y es la promoción del 90-90-90 y uno de los 90 es conocer el diagnóstico del 90 por ciento de las personas que tienen VIH y que aún no lo conocen”, explica Luz Marina Peláez, médica experta en VIH y coordinadora del programa Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, de la Secretaría de Salud de Medellín.
De acuerdo con Mauricio Lozano, médico experto en la IPS Asistencia Científica, dedicada al estudio del VIH, estos datos reflejan que hay una mayor organización en el diagnóstico y el registro de esta enfermedad.
Sin embargo, también revela que falta ampliar el proceso de diagnóstico en zonas como la ruralidad colombiana, donde se tiene una enorme deuda en la atención de esta enfermedad. “Entre más rural vayamos menos oportunidades hay de registrar al paciente y de que este pueda seguir un proceso con todo lo que se necesita. Mientras más rural, más dificultad diagnóstica y seguramente no se tendrán los recursos en estas zonas para hacer seguimiento”, explica Lozano.
El VIH en la ruralidad colombiana
Según Peláez, desde que surge la Política Integral de Atención en Salud en Colombia, se crea el sueño de que “a cada persona se le pueda destinar una adecuada atención en su zona de origen sin que tengan la necesidad de desplazarse de su municipio”, comenta ella. Sin embargo este objetivo se vuelve difícil de cumplir debido principalmente a tres problemáticas:
La primera es que las personas de zonas rurales o municipios alejados de la capital eligen seguir su proceso en ciudades principales y no en su municipio. De acuerdo con Luz Marina, esto es debido al temor de los pacientes a la discriminación y a que sus conocidos se enteren de su contagio. “Esto perjudica enormemente el acceso al tratamiento de estas personas porque el estar viajando les cuesta 100 mil pesos o más, dejar su trabajo, y una lista de complicaciones que dificulta el proceso”.
Según Peláez, detrás de
una persona diagnosticada hay
cinco que no lo saben.
La segunda problemática que enmarca la experta es que si esta política se cumple, quienes atenderían a los pacientes serían los médicos rurales que van cambiando de forma constante en los municipios y que frecuentemente no cuentan con la capacitación adecuada para tratar este tipo de enfermedades. “El entrenamiento debe ser un compromiso desde las universidades para que las personas estén preparadas en cuanto atención, diagnóstico y tratamiento del VIH”, propone Peláez.
Mientras que, según la experta, uno de los compromisos que deben adquirir las EPS es el de pagar el desplazamiento de aquellas personas que son diagnosticadas y que llegan de zonas rurales del país a seguir el tratamiento y, de acuerdo a su progreso con la enfermedad, la entidad prestadora puede decidir enviar los medicamentos al paciente cada mes con la intención de que no deba desplazarse continuamente a las ciudades capitales. “Les da miedo pedir un permiso en su trabajo porque ahora casi que les piden que traiga la historia clínica. Además una persona que contrae VIH debe seguir un tratamiento antiretoviral que requiere de un control mensual, eso quiere decir más permisos. Entonces les genera tanta angustia que las personas prefieren no tomar los medicamentos y asumir unos riesgos simplemente para que en la empresa nadie se dé cuenta”, detalla Peláez.
Por otro lado, uno de los mayores problemas que enfrenta la población rural, específicamente en las zonas que han sido foco de conflicto armado, es el temor a que grupos al margen de la ley tomen represalias al conocer del contagio. “Hay grupos al margen de la ley que controlan este tipo de información y el diagnóstico se vuelve una excusa para hacer limpieza social”, relata el médico Mauricio Lozano.
Algo similar percibe Peláez, quien en su larga trayectoria ha tratado población diagnosticada con VIH ubicada en zonas que han sido foco del conflicto armado en el departamento de Antioquia, como Puerto Berrío y Caucasia. “Ha habido casos de muertes aisladas, sin justificación y cuando hacen la investigación se dan cuenta de que los grupos armados se enteraron de que la persona tenía VIH y no querían que la comunidad se diera cuenta”, relata ella.
De esta manera así como los grupos armados generan una estigmatización de las personas contagiadas del VIH también podrían ser unas de las causas de propagación de esta epidemia, explica Lozano. “El conflicto no solamente trae armas y dinero, sino que cada vez que hay dinero de por medio hay casos de comercio sexual y esa es una puerta de entrada para las enfermedades de transmisión sexual”. Para mitigar esta problemática tanto Peláez como Lozano están de acuerdo en exigir un mejoramiento en el sistema de salud en estas zonas descuidadas por el Estado.
 
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