MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 16    No. 225  JUNIO DEL AÑO 2017    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

 
Reforma a la 715: propuestas
en la prestación de servicios
Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@sanvicentefundacion.com
Los pasados días 15 y 16 de marzo convocada por la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la USAID, especialistas de todo el país analizaron las características que debería tener la reforma a la 715. En artículos anteriores hemos presentado algunas de las propuestas, en esta ocasión analizaremos lo que se propone desde la prestación de servicios.
Muchas exigencias y pocos recursos
Para los secretarios departamentales de salud los problemas actuales son de tal magnitud que solucionarlos indicaría la dirección de la reforma. María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud del Valle, señaló que las deudas de su departamento por $30 mil millones correspondientes a prestaciones No POS, no se solucionan con la Ley Estatutaria por más buenas intenciones que esta tenga, de ahí que se requiera una reforma estructural que muy probablemente tendrá que ser emprendida por el próximo gobierno.
Por su parte, Omar Álvarez, Director del Instituto departamental de salud de Nariño, confirmó la gravedad del problema de los recobros, los cuales desde su departamento son casi imposibles de tramitar ante el FOSYGA, y agregó otro hecho preocupante que también se desprende de la centralización: “Las EPS no dirigen a sus pacientes a la red pública. Contratan con entidades privadas donde son accionistas y el Ministerio y la Supersalud en silencio. Las entidades territoriales continuamos solas, pero cuando se trata de hacernos requerimientos, estos no se dejan esperar, son minuciosos y fuertes”.
El doctor Álvarez en Nariño, denunció también que en su departamento el hecho de que 134.000 usuarios de Cafesalud se encuentren sin ningún tipo de atención por urgencias, o que se presente la continuidad de una práctica de las EPS que obliga a las ESE a realizar actividades de promoción y prevención por metas, se escapa a la vigilancia del sistema debido a la centralización de este tipo de funciones. Esto lo ratificó Faiber Augusto Segura, Secretario de Salud del Huila, quien afirmó: “La vigilancia y control en las pequeñas ciudades es una herramienta sin dientes”.
La necesidad de fortalecer el papel de los entes territoriales dentro del SGSSS parece ser un reclamo generalizado, incluso cuando se mira desde afuera. Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de ACESI, considera que los entes territoriales deben tener un mayor poder para ejercer su función de rectoría, falencia que hasta ahora ha llevado a incumplir elementos básicos del sistema como las normas que desde tiempo atrás ordenan que la atención de las personas se preste en su lugar de residencia.
Por su parte, Luis Alberto Martínez director ejecutivo de AESA señaló que se requiere autoridad sanitaria: “Hoy, la Secretaria de Salud de Bogotá y la Secretaria de Salud de Antioquia, por ejemplo, no pueden hacer nada en contra de los incumplimientos de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, lo que ha llevado a la acumulación de una deuda que en el caso antioqueño llega al billón de pesos”. Además cuestionó la continuación del concepto de competencia dentro del sistema ya que en el país por lo menos en 800 municipios sólo hay un prestador, y es de carácter público: “Allí no opera la competencia entendida como compra-venta de servicios, de ahí que sea necesario financiar la oferta adecuada de servicios de salud y desde una estrategia de APS, sin que se dejen las cosas al garete ya que se pueden tener indicadores de eficiencia y de resultados”, aseguró el doctor Martínez y agregó: “Necesitamos más Estado y eso se puede lograr con una Ley orgánica que recupere las competencias de los entes territoriales, mínimo para ejercer las funciones esenciales de Salud Pública”.
Una estatutaria insuficiente
Aunque eran grandes las expectativas de un cambio radical en el sector de la salud luego de la expedición de la Ley Estatutaria, la realidad ha mostrado que dos años después son muchas más las normas que se deben modificar dentro del marco del alcance del derecho fundamental a la salud consignado en la ley. Luis Alberto Martínez señaló que los cambios jurisprudenciales y la LES, hacen es un llamado a la recuperación del papel del Estado en la rectoría del sistema, más que a un fortalecimiento del mercado.
Con una visión un poco más pesimista, María Cristina Lesmes, reconoce que hay una Ley Estatutaria, pero: “La ley 100 sigue existiendo y siendo el eje de la salud de los colombianos, por eso subsisten la separaciones en regímenes y el POS”. Y es que más allá del cambio de la norma, Faiber Segura, afirma “lo que se requiere es la modificación del sistema, no de una norma”.
Salud pública sin recursos
Un componente esencial para la salud pública del país surge de la ley 715, la asignación de los recursos. Juan Carlos Giraldo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ACHC señaló que es necesario reflexionar frente a la distribución porcentual de esos recursos: “existe un gran desequilibrio en lo asignado a salud pública y eso va en contravía de lo que debería ser el funcionamiento sano de un sistema de salud. Tenemos un sistema basado en la enfermedad, en la venta de servicios y el discurso de hacer salud pública para evitar la enfermedad no está siendo efectivo y una demostración es que la demanda de servicios no ha caído”.
Para el doctor Giraldo la nueva
fórmula a incluirse en una reforma a la ley 715
debe teneruna recomposición donde se aumente el
gasto en salud pública y se vuelva a tener un subsidio
ala oferta con un tamaño adecuado, ya que hasta
ahora se ha venido respondiendo más a las
necesidades de los aseguradores que a
las necesidades de la población.

Para el doctor Giraldo la nueva fórmula a incluirse en una reforma a la ley 715 debe tener una recomposición donde se aumente el gasto en salud pública y se vuelva a tener un subsidio a la oferta con un tamaño adecuado, ya que hasta ahora se ha venido respondiendo más a las necesidades de los aseguradores que a las necesidades de la población.
El cumplimiento de programas de Salud Pública (SP), además de la insuficiencia de recursos, afronta otros problemas, como lo indicó Luis Alberto Martínez: “Las normas que obligan a la eficiencia fiscal impiden que los contratos para ejecutar los programas de SP tengan la continuidad necesaria, y estos salen a vacaciones durante gran parte del año, lo cual no tiene sentido”.
El dirigente agregó que en la actualidad los servicios de salud se orientan a fortalecer los de mayor rentabilidad - En Antioquia se han cerrado 10 servicios materno-infantiles- “es necesario recuperar la planificación en salud pública con base en las necesidades reales de la población”. La tarea no es simple, ya que como afirma María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud del Valle: “se requiere de por lo menos una década para que un sistema fundado en la prevención funcione”.
Prestación desde lo público: una damnificada
Varias propuestas se lanzaron con el fin de aligerar la crisis de los hospitales públicos. Desde ACESI el llamado fue a garantizar recursos suficientes para atender de manera adecuada los servicios mínimos, así como las plantas de personal necesarias para cumplir con la tarea de cuidar la salud de la población en sus territorios.
La doctora Olga Lucia Zuluaga fue más allá, planteó la necesidad de cambiar la estructura de la ESE para impedir, entre otras cosas, que se trasladen recursos importantes que deberían centrarse en lo asistencial a los procesos de administración: “la estructura de las Empresas Sociales del Estado debería atender a las necesidades de la población, con conformación de Redes Integradas de Servicios de Salud pero con fundamento en la Ley 1438, y no con la desconfiguración del concepto que efectuó la Resolución 1441”.
Si en algo coincidieron los participantes del evento fue en que el tamaño de la bolsa y la distribución actual presenta grandes inequidades regionales, pero también habría disparidad en el monto de los recursos para la salud frente a otros sectores sociales, aseguró Juan Carlos Giraldo. “Si Salud va a ser la primera prioridad del próximo gobierno, necesita presupuesto. Con la Ley 715 se pensó que la sostenibilidad de la red hospitalaria y del régimen subsidiado se se alcanzaría a través de una autosostenilidad y por eso se propuso desmontar el subsidio a la oferta por el de la demanda; sin embargo es difícil encontrar buenos números y resultados, así que debemos generar una discusión de fondo con el Ministerio de Hacienda frente a la sostenimiento de los hospitales públicos”.

 
Bogotá: una tierra aparte
Las características de la capital del país la hacen diferente en muchos aspectos al resto de Colombia. Luis Gonzalo Morales, Secretario de Salud del Distrito, afirmó que Bogotá se encuentra adelante también en problemas: “Acá está sucediendo lo que va a suceder en el futuro en el resto del país. Si bien al tener 10 millones de habitantes se cuenta con un modelo diferente, en Bogotá el subsidiado es una minoría y solo alcanza al 15% de la población mientras el 85% restante es contributivo, situación que llevó a reducir de 22 E.S.E. a cuatro unidas por un mismo mecanismo de gobierno”.
Esta estructura en red que cuenta con un comité directivo del que hace parte Capitalsalud, curiosamente se encuentra por la Superintendencia de Sociedades para una supuesta cartelización, aunque la ley 1438 permite la conformación de redes.
 
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