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Cursa en el Senado de la Republica
el proyecto de ley 051/15 que busca sancionar con cárcel
a los representantes legales o empleados de entidades que omitan
o denieguen la atención de urgencias a personas cuya
vida está en inminente peligro, con penas de prisión
de 48 a 72 meses (4 a 6 años de cárcel) e inhabilitación
para ejercer su profesión por igual término. Y
si como consecuencia de dicha conducta sobreviene la muerte
del paciente, la pena de prisión se aumentará
hasta en una cuarta parte.
El proyecto aprobado en primer debate el 1° de diciembre
de 2015, que adiciona el artículo 131-A sobre “Omisión
o denegación de urgencias en salud” al Capítulo
VII del Título I del Libro Segundo del Código
Penal, quedó modificado en los siguientes términos. |
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“El director,
administrador, representante legal, funcionario o contratista
de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia
Nacional de Salud que sin justa causa, omita, impida, retarde
o niegue la prestación del servicio de salud a una persona
cuya vida se encuentre en situación de inminente peligro,
incurrirá en prisión de 48 a 72 meses e inhabilitación
para el ejercicio de la profesión por el mismo término”.
La iniciativa que busca acabar con el llamado “Paseo de
la muerte”, tiene sus orígenes en 2013 cuando se
tramitaba la Ley Estatutaria en Salud y algunos pacientes murieron
esperando autorización de servicios de una EPS. En esa
ocasión, el senador Armando Benedetti, autor del proyecto
de ley 051 de 2015, dijo que había que “ponerle
dientes” para controlar dicha situación. Ahora el
proyecto pasará a segundo debate del Senado.
Luis Alberto Martínez, director de Aesa (Asociación
de Empresas Sociales del Estado de Antioquia), indicó
que se requería reformar el Código Penal y de
ahí nació el proyecto de ley que busca adicionarle
un artículo: “El proyecto va en segundo debate,
pero no creemos que pase y no lo vemos conveniente. Están
buscando el ahogado río arriba, porque los colapsos en
urgencias se deben al sistema de salud y no a negligencias”.
Olga Lucía Méndez, directora del Hospital Universidad
del Norte (Barranquilla), en cambio, si ve posible que esta
vez sea aprobado, debido a todo el “ruido” alrededor,
lo cual le preocupa pues piensa que “así como reglamentan
la obligatoriedad de la atención, deberían buscar
los recursos jurídicos para blindar los recursos económicos
del sistema”. |
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“La negación
de servicios de salud
no es por negligencia sino por la imposibilidad
material de prestarlos. La responsabilidad muchas
veces no está en cabeza de los médicos o directivos,
sino en el propio sistema de salud”.
Dr. Germán Reyes
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Por su parte, Germán
Reyes, presidente de Asmedas Antioquia y ex congresista, afirmó
que “no es con medidas punitivas como van a solucionar
todos los cuellos de botella que hay en los servicios de urgencias”.
Cuestionó cómo se podrá determinar cuándo
realmente es un caso de inminente peligro y agregó que
“la negación de servicios no es por negligencia
sino por la imposibilidad material de prestar los servicios.
La responsabilidad muchas veces no está en cabeza de
los médicos o directivos, sino en el propio sistema de
salud”.
Los 3 directivos ven con preocupación la iniciativa y
coinciden en que representa un alto riesgo para directivos y
profesionales de clínicas y hospitales, y no es una solución
de fondo. “Como representante de una institución
hospitalaria, uno quiere ser consecuente con los servicios que
presta. De hecho la atención de la urgencia vital es
obligatoria y procuramos siempre garantizarla”, dijo Olga
Lucia Méndez. “No podríamos decir que hay
negligencia, antes hay mucha bondad si se tiene en cuenta que
hay un funcionamiento inadecuado que no permite que haya servicios
con toda la oportunidad”, agregó Reyes.
El “Paseo de la muerte” hace referencia a la situación
que se produce cuando una persona, a pesar de su estado de gravedad,
es rechazada por no estar afiliada o estar en mora con el pago
de aportes a salud o por no cumplir requisitos de afiliación,
siendo remitida de una institución prestadora de servicios
de salud a otra donde tampoco es recibida o se le atiende con
lentitud, por lo que incluso se puede presentar la muerte.
En este sentido, Olga Lucia Méndez hizo énfasis
en las dificultades de la red de servicios en las ciudades por
el incumplimiento de las aseguradoras, pues no tienen red vigente
para atender, lo que generó crisis a nivel nacional en
el funcionamiento de los hospitales: “Sin esto solucionado,
la atención de pacientes no es integral, siendo imposible
la remisión de pacientes una vez estabilizados después
de la atención de la urgencia”.
La crisis de la salud continúa y los recursos son cada
vez más limitados, por eso los voceros coinciden en que
la solución debe ser de fondo y contemplar cómo
se garantizarán los recursos para la atención
de los pacientes, pues de lo contrario, será cada vez
más insostenible.
Por lo pronto el sector salud está a la expectativa de
los avances del proyecto de ley 051/15. Aunque se tenía
estimado que en marzo se llevaría a cabo un nuevo debate,
hasta ahora no ha habido avances . |
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