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Una fría solución sin pizca de sentido social
ni humano, es la propuesta de liquidar la EPS Savia Salud
dada su crisis financiera. Si bien se busca resolver un
problema económico, no se dimensionan las incalculables
consecuencias sociales: la primera y más importante,
se pone en grave riesgo la prestación de servicios
de salud a 1.7 millones de afiliados de la población
más vulnerable en toda Antioquia, lo que tarde o
temprano dejaría una estela de muertos por no poder
acceder a una atención en salud para un servicio
de alta complejidad o a un medicamento o un tratamiento
necesario para conservar la vida.
Ya se han visto casos de pacientes con cáncer que
solo les queda la opción de languidecer y morir por
falta de un medicamento o tratamiento, porque la EPS tiene
problemas para brindarlo oportunamente y si lo remiten a
un hospital allí pueden suministrárselo, pero
por ejemplo no puede asumir la continuidad en la entrega
de un medicamento ni dejarlo hospitalizado indefinidamente;
este drama ya lo viven ahora algunos pacientes de cáncer
u otras enfermedades, que ante los problemas de Savia Salud
para entregar medicamentos, ingresan repetidamente a un
hospital por Urgencias. Igual pasa con pacientes cardiovasculares
o renales que por no ser atendidos oportunamente se complican,
algo que no sucedería si el riesgo fuera gestionado
debida y oportunamente por la EPS. Y ni qué decir
de poblaciones como niños y ancianos que por no ser
direccionados adecuadamente, hasta en casos simples de una
gripa o un ataque simple de asma, pueden complicarse y desarrollar
enfermedades respiratorias graves que los llevan a la muerte;
o de gestantes que sin control prenatal o cuidado de su
embarazo se les aumenta el riesgo de complicaciones y de
muerte durante el embarazo o el post-parto.
Reseñamos solo estos ejemplos, pero son muchas las
opciones de que a un afiliado de Savia Salud se le multipliquen
las posibilidades de morir, si se rompiera de tajo el cuidado
del aseguramiento y de gestión del riesgo al liquidar
esa EPS.
La segunda gran consecuencia de liquidar Savia Salud: se
dejaría pendiendo de un hilo la supervivencia de
clínicas y hospitales de Antioquia, a los cuales
Savia Salud les adeuda cerca de $400.000 millones, y de
muchos de los cuales es su mayor deudor. Actualmente les
paga a las IPS alrededor de $94.000 millones mensuales,
que junto con los pagos de la EPS SURA son el poco oxígeno
financiero que ingresa a la red prestadora del Departamento.
Entonces si se liquida, ya ni siquiera esos pagos llegarían
a las IPS.
Y en tercer lugar, se profundiza la crisis social, porque
los indicadores de salud de Antioquia caerían más
bajo; aumentaría la morbilidad y la mortalidad por
enfermedades crónicas no tratadas debidamente; colapsarían
los servicios de Urgencias con pacientes que solo tendrían
esa puerta de acceso al sistema de salud y que incluso van
a los hospitales en búsqueda de un medicamento o
por oxígeno; se cerrarían servicios y probablemente
hasta instituciones hospitalarias completas en algunos casos,
causando a su vez despidos de personal asistencial (por
ejemplo, en las 17 IPS de la Alianza Somos 14+1
laboran más de 21.000 personas que verían
en riesgo su empleo). Y esto crearía una gran zozobra
entre la población antioqueña, dada la incertidumbre
de poder acceder a servicios indispensables para conservar
la salud y la vida.
Cuando la EPS mixta Savia Salud inició operaciones
el 1° de mayo de 2013, el ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, afirmó que constituía un ejemplo
digno de imitación para Colombia. Y desde el gobierno
nacional se planteó esta experiencia como posible
modelo para resolver los problemas del régimen subsidiado
en todo el país. Y en verdad que Savia Salud alcanzó
logros importantes en el cuidado del aseguramiento de su
población a cargo y en sus indicadores de salud.
Pero ahora que pasa por una mala hora, es cuando el gobierno
nacional, departamental y local tienen que honrar su palabra
de garantizarle el aseguramiento a la población más
pobre y vulnerable de Antioquia a través de la salvación
de la EPS Savia Salud. Si no lo hacen, hasta responsabilidad
penal tendrán que asumir cuando llegaran a presentarse
muertes en Antioquia por falta o dificultades en la atención,
y tendrán aún que enfrentar y responder socialmente
por las consecuencias de cerrar hospitales indispensables
en todo el territorio antioqueño.
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