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| Desde 2011, clínicas
y hospitales de Antioquia adelantan acciones conjuntas para
reclamar al gobierno nacional salidas a la crisis de iliquidez
de sus instituciones, ante el aumento desbordado de una cartera
hospitalaria morosa que los tiene en jaque. Hoy en 2016, luego
de 5 años del reclamo continuado y angustioso, el gobierno
sigue sin entregar soluciones de fondo para resolver esta crisis
financiera de raíz: a septiembre 30 de 2011 a 14 clínicas
y hospitales les adeudaban $701.951 millones; hoy en 2016, a
las 17 IPS de la Alianza Somos 14+1 les deben $1.7
billones, en una cartera que no para de crecer. |
| Se enviaron cientos de cartas
al gobierno nacional y sus funcionarios: por mencionar solo
algunas, los directores de 14 clínicas y hospitales del
Valle de Aburrá y el oriente antioqueño enviaron
una carta el 25 de julio de 2011 al ministro de la Protección
Social, Mauricio Santa María, y al superintendente de
Salud, Conrado Gómez, informándoles el valor de
la elevadísima suma de dinero que les adeudaban las EPS,
los entes territoriales y el Fosyga, y su incidencia negativa
en el flujo de recursos; el ministro no respondió y el
superintendente conformó mesas de trabajo para conciliar
cuentas, lo cual permitió una mínima recuperación
de cartera; al presidente Juan Manuel Santos en noviembre 15
de 2011; a la ministra de |
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Salud, Beatriz Londoño,
el 10 de mayo de 2012; nuevamente al presidente Santos el 21
de junio de 2012, se publicó carta abierta al ministro
(de Salud) Alejandro Gaviria en el El Tiempo el
9 de septiembre de 2012 y se le envió otra carta el 19
de noviembre de 2012. Todas las misivas con el mismo mensaje:
la crisis de clínicas y hospitales por iliquidez, envejecimiento
de cartera, profundización de cultura del no pago por
aseguradores y reclamo de intervención urgente del gobierno
para seguir operando.
En diciembre de 2012 el periódico EL PULSO en artículo
Hospitales y clínicas de Antioquia en punto de
quiebre, advertía: Los antioqueños
están ad portas de sufrir el mayor riesgo en la atención
de salud en toda su historia, porque clínicas y hospitales
que los atienden en Medellín y municipios del departamento,
grandes y pequeños, públicos y privados, están
al límite en su situación financiera por cuenta
de la cartera morosa de $1.5 billones a más de 7 meses
que les adeudan pagadores del sistema de salud, con poca posibilidad
de pago a mediano plazo.
Y agregaba: El caso es que pese a los llamados de los
prestadores de servicios de salud de Antioquia al gobierno nacional
desde años atrás, las opciones se terminan y las
soluciones no llegan; mientras, las clínicas y hospitales
agotan todas las salidas para mantener sus instituciones abiertas,
funcionando y prestando servicios de salud a la población,
sin que nadie asuma el pago de esos servicios. No se explican
cómo lo hacen y preguntan: ¿Qué otro sector
de la economía nacional subsiste con una cartera semejante?
Muchos ya no tienen recursos con qué brindar atención
a sus pacientes, pero es tan grande su vocación que continúan
haciéndolo, ideando toda clase de soluciones provisionales.
Más ahora se necesita una solución de fondo al
problema estructural del sistema y una medida de peso que resuelva
la coyuntura de iliquidez de los prestadores.
Hoy en 2016, ese diagnóstico sigue tan vigente como en
2012. Y los hospitales y clínicas de Antioquia siguen
reclamando esa solución de fondo, porque ya no solo están
en riesgo sus instituciones, sino la vida y la salud de los
pacientes: las urgencias están reventadas, los enfermos
con riesgos no atendidos se convierten en enfermos crónicos
complicados y ya ha habido muertes por falta de remisión
oportuna, demora o negación de servicios en hospitales
que ya no tienen el recurso material para brindarlos. Pero el
gobierno nacional sigue sordo al clamor de Antioquia
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