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La Convención de los Derechos del
Niño (CDN) establece claramente la preocupación
por la situación de la niñez y de la adolescencia
en aspectos tales como nutrición, educación,
salud y bienestar en general, y recomienda a los Estados
asignar recursos presupuestarios suficientes orientados
a la igualación de oportunidades y capacidades.
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Según el
Departamento Nacional de Planeación, la inversión
del PGN destinada al gasto en niñez está concentrada
principalmente en los sectores de Inclusión Social, Educación,
Salud y Trabajo.
Múltiples estudios han demostrado la alta rentabilidad
de la inversión en la niñez y sus beneficios en
términos de capital humano, social y democrático.
Sin embargo, en América Latina y el Caribe aún
existen grandes retos, donde habitan 81 millones de niños
y adolescentes en condiciones de pobreza: el 45% carece de una
o más condiciones básicas como alimentación,
educación, vivienda o salud. A esta realidad se suma
el desarrollo desigual, y en muchos casos incipiente, de los
sistemas de protección social, tanto en términos
de cobertura como de calidad.
Respecto de la medición del gasto en niñez, las
metodologías utilizadas en la región son muy dispares
y recomiendan focalizar los esfuerzos en actualizar los indicadores,
hasta contar con una medida comparable internacionalmente. Se
recomienda a su vez delimitar el alcance y el tipo de gasto,
y realizar estudios de costos, eficiencia e impacto. En otras
palabras, se desea armonizar criterios y formas de cálculo
para medir la inversión social en infancia y adolescencia.
Los expertos internacionales reunidos coincidieron en la necesidad
de fortalecer los sistemas de información y las capacidades
técnicas para el seguimiento y monitoreo físico
de la inversión.La desagregación del presupuesto
por momentos del ciclo vital, el enfoque diferencial para la
atención en la niñez, y la asociación entre
presupuestos y resultados en la garantía de sus derechos,
son otros de los desafíos actuales.También se
identificó la importancia de promover la participación
ciudadana, incluidos los niños, en la evaluación
de resultados de gestión en los diferentes niveles territoriales,
rendición de cuentas, difusión de información,
consolidación de observatorios y simplificar terminología.
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