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En el debate parlamentario a la reforma
de la salud, se mantienen los cuestionamientos básicos
a los proyectos de ley. El director de la Fundación
Ifarma, Francisco Rossi, afirmó: “Santos, pensando
en la reelección, convertiría a la salud en
un terreno de negociaciones, en una moneda de cambio entre
intereses políticos y económicos”, y agregó
que “las iniciativas quieren superar los fracasos de
los 20 años de la Ley 100”. Planteó como
problemas centrales por resolver: fragmentación del
financiamiento, deterioro de la oportunidad y calidad de los
servicios, la corrupción sobre todo en el crecimiento
exponencial del gasto en procedimientos y servicios No-POS,
y la incapacidad de incorporar Atención Primaria en
Salud y Redes Integradas de Servicios.
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Reconoció logros: cobertura
casi universal, unificación del contributivo y el subsidiado,
mejor acceso a servicios y protección financiera, pero
dijo que los proyectos dejan más preguntas que tranquilidades,
por ejemplo sobre nuevos roles de viejos actores. Estimó
que congresistas que tengan participación en EPS, IPS
o gremios, que recibieron apoyo financiero para sus campañas
por actores interesados o tengan deudas morales por responsabilidad
en descalabros institucionales, deben dar un paso al costado
en el debate.
Por su parte, Mario Hernández, profesor de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional, expresó que
la iniciativa de ley estatutaria limita el derecho a la salud
a un plan de beneficios y a la capacidad de pago de las personas,
y así “los jueces de tutela no puedan aceptar
como derecho lo que no está incluido”. Para Óscar
Rodríguez, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo
de la misma universidad, el proyecto de ley ordinaria “es
un saludo a la bandera”, entre otras cosas porque al
ser los gastos médicos prioritarios, “el panorama
de las finanzas públicas no permite cumplir con ese
requisito”.
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La
Ley vs. La Corte
El vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Federación
Médica Colombiana, Germán Hernández, conceptuó:
“La propuesta del ministro, ingeniero Gaviria, desconoce
de manera gruesa los contenidos constitucionales y la jurisprudencia
y, como si lo anterior fuera de poca monta, pretende modificar
la Constitución Política y el acervo jurisprudencial
por medio de una norma reglamentaria”. Explicó:
“En otras palabras, lo que pretende la anunciada norma
es 'purgar' o 'lavar' las ilícitas apropiaciones que
efectuaron en las EPS los accionistas y administradores de los
recursos públicos”.
En igual sentido, profesores de la Facultad Nacional de Salud
Pública de la Universidad de Antioquia se mostraron indignados
porque ante una crisis de gran magnitud, el gobierno propone
una reforma que mantiene el negocio de la salud en manos de
los actores responsables del caos, dijeron que la idea redes
de salud es improvisada, inconveniente y en contravía
de la descentralización, criticaron el propósito
de mantener la integración vertical, y afirmaron: “El
argumento maniqueo de que el sector privado es por naturaleza
bueno y eficiente, mientras el Estado es por naturaleza corrupto
e ineficiente, sólo sirve para justificar la acumulación
de riquezas en manos de unos pocos agentes particulares”;
también dicen que la propuesta de reforma mantiene la
separación entre salud pública (lo no facturable)
y acciones individuales facturables. Elogiaron la transformación
del Fosyga, pero la vieron con reservas por sus implicaciones
administrativas, burocráticas y de corrupción.
Una solución nacional
El debate está polarizado. El profesor Mario
Hernández dice que en torno de la ley estatutaria, una
postura limita la reforma a un plan de beneficios para que los
jueces no puedan otorgar por tutela lo excluido. La otra postura
acude al bloque de constitucionalidad para ampliar la reforma
a las condiciones de vida saludables, con atención integral
según la necesidad y no por la capacidad de pago. Ante
la ordinaria, la división es entre los amigos del sistema
de aseguramiento con competencia regulada de la Ley 100, con
ajustes de regulación, y los amigos de un sistema único
y descentralizado de seguridad social “sin regímenes,
sin plan de beneficios y sin intermediarios”.
La única salida decorosa para Colombia ante este empantanamiento,
para todos los colectivos que han analizado la situación,
es entonces la movilización nacional por el derecho a
la salud. Aldo Cadena, secretario de Salud de Bogotá
desde el pasado 8 de mayo, dijo que su dependencia coordinará
con otros sectores de Bogotá y Colombia una lucha de
oposición al proyecto de ley de reforma a la salud. El
senador Jorge Robledo ve como única solución a
la crisis de salud, “un inmenso movimiento ciudadano, semejante
al que derrotó la reforma a la justicia”. Para el
investigador Saúl Franco, “sólo la organización
y la movilización social y popular pueden cambiar la
agenda oficial, establecer otras prioridades e introducir cambios
de fondo en las políticas”. Y propuso, entre otros
puntos, un acuerdo político básico por el derecho
a la salud en Colombia, cuyo germen organizativo puede ser la
Alianza Nacional por un Nuevo Sistema de Salud (Ansa), alianzas
estratégicas con organizaciones que impulsan otras reformas
sociales, formular colectivamente un Proyecto de Ley Ordinaria
que desarrolle en un modelo de salud y seguridad social los
postulados esenciales de la Ley Estatutaria, y realizar un Encuentro
Nacional por el Derecho a la Salud. |
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