El Plan Decenal de Salud Pública no es bueno, sino que es demasiado bueno, casi perfecto, un instrumento de política pública tan bien concebido y orientado que queda como un parche en un sistema de salud tan malo como el colombiano. Por ello, la mayoría de sus actores no se lo merecen. Frente a él se podría decir lo que dijo Víctor Hugo cuando le mostraron la Constitución de 1863, la de la Convención de Rionegro para los Estados Unidos de Colombia: que era magnífica, pero parecía escrita para un país de ángeles.
Eso es el Plan Decenal: un documento utópico, incongruente con el contexto del sistema de salud, con nuestro entorno político y social, y divergente con el espíritu de la reforma que intenta el gobierno. Plan Decenal y reforma marchan por caminos distintos, incluso antagónicos. Y es lógico: la confección del Plan fue confiada -por fortuna- a un grupo de expertos apoyados por una infraestructura científica universitaria, que a su innegable sabiduría suma un sentido de sensatez, honestidad y correcta interpretación de la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud. A ello se agrega una consulta territorial y ciudadana cuyas aportaciones fueron incluidas -en buena medida- en el texto definitivo, y que refleja el sentir del país nacional frente a su estado de salud y frente a las perversidades del modelo mercantilista vigente.
Pero, ¿tendrán los gobernantes en lo sucesivo la voluntad política para ejecutar el Plan? Difícilmente podría ser verdad tanta belleza. Mientras el Plan postula un conjunto de objetivos, “dimensiones”, metas y estrategias inspirados en la satisfacción del derecho a la salud, el mejoramiento integral de sus determinantes sociales, la superación de condiciones de vida, la reforma insiste vía ley ordinaria en perpetuar un modelo y un sistema inhumanos, a partir del sofisma según el cual la actual crisis es sólo financiera.
Frente a una reforma que en nada soluciona la debilidad de municipios y departamentos para una gestión integral, que es inerme para brindar capacidad resolutiva a hospitales y clínicas, que no exige a las EPS pagar la escandalosa deuda que tiene a muchas IPS in artículo mortis antes de asumir nuevas responsabilidades, que pretende quitar a la Contraloría General su injerencia en el control de recursos del sistema de salud, ¿qué margen de operatividad tiene un Plan que invoca la dignidad del paciente, su derecho al acceso y disfrute pleno de servicios de salud?
En un sistema como el que plantea la reforma, donde los actores más poderosos mantienen el esquema fragmentado de la atención, la explotación económica de la enfermedad y el mantenimiento de viejos privilegios, en un país que sigue en el podio mundial de la inequidad, ¿será posible como consagra el Plan Decenal, lograr cobertura universal en salud con “acceso efectivo a servicios de atención equiparables entre zona urbana y rural, y entre el quintil más pobre y el quintil más rico”, tener en desarrollo en 2015 “el programa de suministro del agua potable al 100% de la población”, reducir drásticamente para 2021 las mayores prevalencias en salud materno-infantil, sexual y reproductiva y en enfermedades crónicas, y “reducir a la mitad el porcentaje de personas que padezcan hambre” para 2015”? El “socialismo del siglo XXI”, a la venezolana, le queda chiquito al prodigioso Plan Decenal…
¿Qué tan capaz será un Estado claudicante y cooptado por el sector privado, de cristalizar el “fortalecimiento de la autoridad sanitaria”? Sin dudar, al Plan Decenal de Salud Pública hay que apoyarlo radicalmente por su bondad intrínseca: al menos es un catálogo de buenos propósitos. Pero hay que impulsar una reforma verdadera, que cimente un entorno distinto para su ejecución, un modelo humano de salud. Entretanto, tendremos un costoso ejercicio de auto-complacencia del gobierno, muy rentable en épocas electorales.