 |
|
|
 |
|
|
En la
última semana de marzo pasado todo indicaba que (¡por
fin!) se había conformado la Comisión de Regulación
en Salud -CRES-. Los nombres de sus miembros circularon en diversos
sitios web y tras de ellos sonaron amenazas de tormenta por
posibles demandas de quienes no se sentían representados.
Sin embargo: o la medida se echó para atrás ante
las presiones, o todo fue un globo informativo para medir fuerzas
y reacciones. La verdad simple es que la CRES sigue sin despegar
y su conformación es blanco de un cada vez mayor número
de críticas.
La primera preocupación surge de la excesiva demora del
proceso.
|
Dos
años y 4 meses después de expedirse la Ley 1122/07
que ordenaba su creación, no han sido nombrados los miembros
de la Comisión, mientras muchos temas que serían
de su competencia son reglamentados vía decretos del
Ministerio de la Protección Social. Entre tanto, el Consejo
de Seguridad Social en Salud ha destinado en sus provisiones
los recursos para cuando la CRES vea la luz y reglamenta algunos
temas del sector que le presenta el Ministerio.
Un nombramiento fallido
El último revolcón noticioso de la CRES
surgió a mediados de marzo pasado, cuando diversas fuentes
afirmaban que los comisionados habían sido elegidos por
el Presidente de la República de un grupo de 33 personas
de 11 ternas remitidas por el Ministerio de la Protección
Social, que habían sido presentadas por entidades y organizaciones
facultadas para tal fin. Los 5 comisionados ‘nombrados’
eran: Gustavo Adolfo Bravo Díaz, economista postulado
por la ANDI; Esperanza Giraldo Muñoz, también
economista, de la terna de la Asociación Colombiana de
Hospitales y Clínicas -ACHC-; Heriberto Pimiento Patiño,
médico postulado por la Federación Médica
Colombiana -FMC-; Ramiro Vergara Támara, odontólogo
presentado por Assosalud -Asociación Nacional de Profesiones
de la Salud-; y Martha Lucía Gualtero Reyes, abogada
postulada por varias asociaciones de usuarios.
Una situación curiosa: el supuesto nombramiento se conoció
antes de que el Ministerio publicara los nombres de los ternados
en su página web, donde solo aparecieron el 1º de
abril, lo cual demuestra los problemas en el manejo de tiempos
que tuvo la cartera, y crea dudas sobre la claridad y transparencia
del proceso, tal como denunciaron algunas entidades postulantes:
“El Ministerio se tardó demasiado para establecer
las reglas de juego del proceso y para darle a las entidades
instrucciones precisas sobre lo que tenían que hacer
para abrir las convocatorias; eso generó muchas dificultades
a diferentes organizaciones, que debieron cumplir actuar de
forma apresurada y sobre la marcha ir consultando al Ministerio
y al Departamento Nacional de la Función Pública,
retrasando actividades sobre cómo calificar hojas de
vida, hacer exámenes y otros aspectos muy importantes
del proceso”. Incluso algunas organizaciones no pudieron
presentar su terna, debido a que lo limitado del tiempo no les
permitió cumplir los plazos estipulados.
Pero los problemas apenas comenzaban: una vez conocidos los
nombres de los posibles comisionados, aparecieron en los entretelones,
amenazas de demandas de organizaciones que sintieron menoscabados
sus derechos. Bajo el titular de “Interés oculto”,
la edición del 19 de marzo del periódico Portafolio,
señalaba: “Se armó alboroto por la conformación
de la Comisión de Regulación en Salud (Cres).
Como en la lista de candidatos no quedó ningún
aspirante de las EPS, se dice que están moviendo cielo
y tierra para entrar. Su 'lobista' sería Teresa Tono,
una contratista que salió del Minprotección. Las
cinco ternas ya están en la página de Presidencia
de la República”.
Lo más grave del asunto: ante las reacciones, el nombramiento
se detuvo y fuentes del Ministerio hablaron de volver a entrevistar
a los comisionados pre-seleccionados, lo que añade otro
capítulo que no estaba previsto en ningún lado,
ni siquiera en el decreto 2277/08 que reglamentó el nombramiento
de la CRES, que señala en su articulo 6º que el
proceso incluye: examen de antecedentes laborales, examen de
conocimientos y una entrevista, la cual fue realizada a todos
los candidatos por las organizaciones autorizadas para conformar
las ternas, pero no dicta disposiciones sobre nuevas entrevistas.
Lo anterior es considerado por algunos participantes en la convocatoria,
como “otro síntoma que deja mucho que desear frente
al proceso de nombramiento de la CRES y sobre la trasparencia
con que se está dando”. Pero además, abre
todas las justificaciones jurídicas para posibles demandas:
no se cumplieron a cabalidad los tiempos estipulados en el decreto
2277, argumento para demandar el proceso por parte de quienes
se sienten sin representación; y de efectuarse una nueva
entrevista, podrán demandar todos los que se consideren
afectados, al incluir un procedimiento no previsto.
Competencia de los nuevos comisionados
El descontento con los nuevos comisionados no se limita
a quienes no fueron escogidos; algunos analistas señalan
que con excepción de Martha Lucia Gualtero, quien se
destaca en la Defensoría del Pueblo al frente del tema
de salud, los demás no tienen reconocimiento nacional
ni cualidades de liderazgo en el sector, que amerite su presencia
en la CRES: “Esperábamos para la Comisión
un perfil de sus integrantes muy alto, una comisión de
expertos de las más altas calidades; pero los nombres
mencionados no llenan esa expectativa ni por trayectoria académica
ni dentro del sector. Además hay allí ex funcionarios
del Ministerio de la Protección, lo cual hace muy cuestionable
el nivel de independencia que puedan tener, más cuando
de la misma CRES hace parte el Ministro, su anterior jefe”,
manifestó un especialista del sector que solicitó
reservar su nombre.
El aparente bajo perfil de los posibles comisionados puede obedecer
a la deserción de muchos pre-candidatos, que se desmotivaron
por aspectos como la baja independencia que tendría la
CRES, e incluso los bajos salarios, ya que según las
convocatorias la remuneración será la definida
en los artículos 3 y 4 del decreto 643/08, donde se establece
que un experto de Comisión reguladora tendrá una
remuneración de $1´818.464 y $3´232.823 por
gastos de representación, para un total aproximado de
poco más de $5 millones mensuales, cantidad irrisoria
para la responsabilidad del cargo.
Otras inconformidades
Posibles fallas estructurales en el proceso son señaladas
dentro del sector. Por ejemplo, el que las convocatorias hayan
sido separadas, con exámenes diferentes preparados por
cada entidad, hace pensar que si se trataba de un concurso de
méritos, no todos los participantes respondieron los
mismos interrogantes ni atendieron las mismas entrevistas, generando
diferencias en la forma como los ternados lograron una posición
en cada organización, causando desequilibrio o por lo
menos falta de igualdad en las condiciones de participación;
también, el que el orden de calificación de los
ternados no es tenido en cuenta al momento de la elección
presidencial, anula el concepto de méritos, añade
incertidumbre sobre la experticia real de las personas, y abre
la compuerta al cuestionable lobby que rodea los nombramientos
públicos y que esta vez se presentó: “Siempre
pensamos que debería haber sido un concurso estrictamente
de méritos y que el Presidente debió tener una
discrecionalidad mucho menor en cuanto a la gente que nombraba,
y que estuviera determinada por la posición que hubieran
ocupado en un proceso único de elección de los
comisionados”, señaló una organización
participante.
También es curioso que si la Ley 1122/07 prohíbe
expresamente en el parágrafo 1º de su artículo
5, que los comisionados tengan algún tipo de vinculación
contractual o comercial con EPS, IPS, y productoras o comercializadoras
de medicamentos (e incluso extiende la prohibición al
tercer grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º
civil), los gremios de estas organizaciones presentaron ternas,
que si bien pueden estar conformadas por personas sin vínculos
directos con dichos sectores, la dependencia se crea por la
misma postulación, lo que explica los reclamos señalados
por Portafolio, de quienes no fueron incluidos. Es más:
para algunos analistas, pese a que el decreto 2277 ratifica
lo ordenado en la 1122 (“Las personas que hacen parte de
las ternas no van en representación de las entidades
que hicieron la convocatoria”), eso es muy difícil
de sostener más allá del papel. Así lo
confirman quienes participando del proceso, aseguran: “Si
bien la intención de la ley era blindar a la CRES de
intereses directos de los actores, como no va a tener la comisión
representantes de ellos, ya que su función será
regular el sistema”.
Lo más preocupante es que mientras no se nombren los
comisionados de la CRES, en el sector salud se juegan puntos
fundamentales del sistema que están siendo regulados
por el gobierno, pese a ser funciones directas de la Comisión,
como la definición de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC); la revisión, actualización y unificación
del Plan Obligatorio de Salud (POS), ahora en tránsito
al Plan Limitado Único de Salud (PLUS); establecer y
actualizar un manual tarifario; recomendar y reglamentar tanto
leyes como decretos en el ámbito de la salud, entre otras.
Se mantiene así una interinidad preocupante, que deja
en manos del Ministerio decisiones no concertadas. Ya, algunas
organizaciones anuncian veedurías ciudadanas permanentes
sobre las ejecutorias de la CRES, por cuanto hasta ahora, por
el desarrollo del proceso de nombramiento, se plantean serias
dudas sobre su funcionamiento. La nueva CRES nacerá entonces,
con ojo avizor sobre su espalda. |
| |
|
Derrotero de decretos
|
| Casi 2 años
después de expedida la Ley 1122, el Ministerio de Protección
Social con su decreto 2277 reglamentó la forma de nombrar
los comisionados de la CRES: estableció plazos para la
inscripción de entidades que se consideraban con derecho
a presentar candidatos (vencían el 15 de julio/08). El
29 de agosto siguiente, el Ministerio publicó en su sitio
web los listados de entidades autorizadas y rechazadas para
presentar ternas, según cumplían o no los requisitos.
Ahí se inició un proceso de 3 meses en los que
las entidades debían convocar públicamente a los
interesados en participar, luego las ternas fueron entregadas
al Ministerio que tenía 10 días hábiles
para trasladarlas al Presidente de la República; esto
quiere decir que según los plazos, las ternas se deben
encontrar en el despacho presidencial desde enero de 2009, pero
el humo blanco sigue sin aparecer. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
