EDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 128 MAYO DEL AÑO 2009    ISSN 0124-4388    elpulso@elhospital.org.co

Fundado en Medellín, el 30 de julio de 1998. Director: Julio Ernesto Toro Restrepo. Comite Editorial: Juan Guillermo Maya Salinas, Alba Luz Arroyave, Jairo Humberto Restrepo, Javier Ignacio Muñoz y Gonzalo Medina. Dirección Comercial: Diana Cecilia Arbeláez. Editora: Olga Lucía Muñoz López. Asesoras comerciales: Amparo Abril Rojas y María Eugenia Botero. Web master: Santiago Ospina Gómez


Tiempo de
sumas y restas...

Siendo como es, la ley más reglamentada, tergiversada y “manoseada” de la historia colombiana, la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 devino en una norma confusa e inaprensible, que a 15 años de expedida registra un sistema de salud en jaque, en un punto de quiebre que amenaza con convertirse en un punto de no retorno.
La Ley planteó en 1993 que los “objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención”. Y que “además de los principios generales consagrados en la Constitución Política, son reglas del servicio público de salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud las siguientes: Equidad, obligatoriedad, protección integral; libre escogencia; autonomía de instituciones; descentralización administrativa; participación social; concertación; y calidad”.
En los últimos años, rigurosas y documentadas investigaciones demuestran que el sistema de salud creado por la Ley 100 no es equitativo; que la obligatoriedad de afiliación se la pasan por la faja tanto empleadores como entes territoriales, directos responsables; que la protección en salud no es integral, y que descuidó o no implementó todas sus fases (educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia); que la libre escogencia no existe sino en el papel; que la autonomía de las instituciones ha quedado en entredicho más de una vez; que la descentralización administrativa opera para algunos aspectos y para otros no (por ejemplo, se delegan competencias pero no recursos); que la participación social sigue siendo una utopía y que los usuarios son convidados de piedra sin voz ni voto ni poder alguno en el sistema de salud, al punto de ser apenas un número en las estadísticas o ser útiles para justificar cobros de atenciones nunca prestadas; que la concertación sigue siendo una palabra bonita, que en la realidad del sistema equivale a desarticulación y posiciones dominantes; y que en calidad, el Estado no cuenta con los mecanismos (e instituciones de control) suficientes y necesarios para garantizar “atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional”, según reza la Ley.
También se ha demostrado que las aseguradoras e intermediarias de la salud crecieron y se fortalecieron económicamente, en tanto que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (clínicas y hospitales especialmente), tuvieron que entrar en una competencia que significó el cierre o el debilitamiento para muchas de ellas. Y si los intermediarios fueron los afortunados con la Ley 100, en la contraparte quedaron además de las IPS, el personal que se desempeña en el área de la salud y los usuarios. El talento humano en salud perdió estatus y reconocimiento, tanto económico, como social. Y los usuarios, razón de ser del sistema de salud, han tenido que recurrir a los estrados judiciales a reclamar su derecho a la vida, la salud, la calidad de vida y la dignidad, que les reconoce de hecho la Constitución y que procuraba materializar la misma Ley 100.
Por eso esta vez, EL PULSO trae a sus páginas más que la voz de los usuarios o de los actores o de las autoridades del sistema de salud, la evidencia recogida en sesudas investigaciones sobre aspectos generales o particulares del quinceañero sistema de salud colombiano, donde se demuestra sin lugar a duda ninguna, que este sistema y sus responsables incumplieron su deber legal y constitucional de garantizar a los nacionales el servicio esencial de salud a que tienen derecho, en observancia de los principios y promesas de la Ley 100.
Y ante esa realidad contundente, volver a invitar una vez más, a todos los actores del sector salud, a promover y generar un amplio debate para encontrar salidas definitivas a la sin salida en que se encuentra el sistema de salud en este momento. ¿Cuáles serán esas salidas? O, ¿será mejor intentar otro modelo, acopiando el conocimiento de la experiencia aprendida?

 
 




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