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Gabriel Carrasquilla
Gutiérrez, director del Centro de Estudios e Investigaciones
en Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, fue
uno de los expertos invitados a las discusiones previas a la
reforma de la Ley 100/93. Así evaluó la nueva
norma: “Dentro de lo positivo, resalto la inclusión
de un capítulo de salud pública que muestra al
menos voluntad para dar relevancia a este aspecto que estuvo
disminuido como prioridad; también es positivo que el
gobierno tenga que incluir en el Plan de Desarrollo acciones
específicas en salud pública que el Ministerio
deberá reglamentar. Segundo, se describe todo lo que
debe comprender el Plan Nacional, con énfasis en un enfoque
que si se cumple será muy positivo: el de factores de
riesgo, con lo cual cambia un poquito el concepto de trabajarlo
por daños o por enfermedades; es una orientación
básicamente preventiva. Además, se confirman las
funciones del Invima en su vigilancia de medicamentos y alimentos”.
“Veo dos debilidades”, puntualizó el doctor
Carrasquilla: “Me parece muy tímido el fortalecimiento
del Instituto Nacional de Salud, donde se agregan dos cosas:
la realización de investigaciones sobre los problemas
más graves de salud del país y las funciones de
vigilancia epidemiológica y de salud pública.
El INS tiene que tener mucha más injerencia y capacidad
de acción en los entes territoriales y más protagonismo
en el componente de salud pública: la Ley no se lo da.
También es tímida la norma en la exigencia que
en acciones de salud pública deben de cumplir las aseguradoras
y las Empresas Promotoras de Salud (EPS): debió hacerse
mucho más énfasis en acciones de salud pública
que beneficien directamente a sus afiliados y a la población
en general. Esperamos también que mejore respecto del
Plan de Atención Básica que tenía muchas
deficiencias e inconvenientes, incluso en el empleo de los recursos
en los entes territoriales. Si ya existe un Plan General de
Salud Pública con mayor inclusión en el Plan de
Desarrollo, yo espero que tenga un impacto más grande
que el que ha tenido el PAB, y como éste, debe complementar
el POS, ser ejecutado por departamentos y municipios, pero con
apoyo y vigilancia estrecha del Ministerio de la Protección
Social: ahí es donde el Instituto también debería
jugar un papel importante” |
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