Quienes hemos sido testigos de lo que representó y representa para Colombia la reforma a la salud establecida con la Ley 100 de 1993, que creó un Sistema General de Seguridad Social en Salud a la colombiana, con ingredientes como la solidaridad institucionalizada, ahora presenciamos el intento de reorientar el rumbo de ese sistema, luego de un agitado tránsito de 3 años por el Congreso de la República que culminó con la aprobación de la Ley 1122 de 2007.
Hay fechas para recordar: el 13 de diciembre de 2003, en un debate en el Congreso sobre crisis hospitalaria, se propuso una evaluación de cara a los 10 años de la Ley 100, que desembocó en la creación de la Comisión Accidental de Salud en marzo de 2004; luego vino el debate de 18 proyectos de reforma que culminó con el hundimiento de la propuesta en el primer semestre de 2006, y que se revitalizó en el segundo con el debate a 17 proyectos y mensajes de urgencia e insistencia de la Presidencia de la República, hasta ser aprobada en diciembre de 2006 y sancionada en enero de 2007 la Ley 1122, a 13 años de expedición de la Ley 100/93.
Ahora tenemos entonces una norma que el Ministerio tiene la responsabilidad de reglamentar sabiamente, para lograr que sea una ley efectiva y eficaz, al servicio de todos; cuando se empezó a promocionar la revisión de la Ley 100, flotaban muchas preguntas: ¿Qué se va a reformar? ¿Será una reforma, una contra-reforma, un ajuste funcional o un desmantelamiento de la ley y su sistema para sustituirlo por otro? La misma ley nos dice hoy que se trata de introducir modificaciones y ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud; pero al tener el Ministerio el deber de reglamentar lo pertinente, hay temor de que se repita la historia de la Ley 100, de la que siempre se concluyó que en esencia era una buena ley, bien inspirada y completa, pero que había fallado en la reglamentación y en la aplicación. La Ley 1122 está en manos ahora del gobierno nacional, y la esperanza de todos es que en su sabiduría, el Ejecutivo logre encontrar las vías y los medios precisos y efectivos, para que se corrija lo que se autorizó corregir y se logre lo que se busca lograr: una garantía de servicio de salud a los usuarios, con calidad y oportunidad. A fin de cuentas, para eso se creó y para eso se embarcó el país en este intento de reorientar la Ley 100. Eso es lo primordial.
Lo demás, los mecanismos para comprometer a todos los actores del sistema a cumplir su papel en este propósito de tener buenos servicios de salud para todos los colombianos y progresivamente en igualdad de oportunidad y beneficios, están definidos para que cada quién desde su lugar, cumpla el deber que le corresponde, sin más trampas al sistema, sin privilegiar el bien particular sobre el bien común, sin pérdida o despilfarro de recursos, sin esfuerzos descoordinados, y muy especialmente, sin la falta del deseo de cumplir a cabalidad con los deberes morales y sociales dentro del sistema de salud en beneficio del usuario final, que es todo y cada uno de los colombianos.
La Ley 1122 no busca modificar aspectos fundamentales, sino enderezar lo existente de manera que no sea apabullado por prácticas que contrarían el espíritu original de la Ley 100. ¿Quién no estaba de acuerdo por ejemplo, con los principios de la Ley 100? El punto es cómo materializar ese espíritu, como hacerlo real, como vivenciar de manera efectiva y equilibrada ese sistema de salud que ya dista poco de la mayoría de edad. Ese es el desafío. ¿Seremos o no seremos capaces de superarlo? En ese momento histórico estamos, en una hora de decisiones que en honor a la honradez, deben ser lo más transparente y honestas posible.
La Ley 1122 tiene sus moles y sus bemoles; sin embargo, después del ingente esfuerzo económico, social, intelectual y político que demandó su debate, y así el resultado no se ajuste a lo que muchos esperaban, representa ahora un nuevo punto de partida en el sistema de salud. Que si, que no, que talvez… es propio y libre de cada quién. Que se avanzó, que todavía falta… sí. Pero como parte del sistema, cada actor deberá insistir en seguir aportando a la construcción de un sistema de salud que responda a las expectativas y necesidades del pueblo colombiano.
Ahora todos estamos a la espera del futuro que le depare a la Ley el Ministerio, el gobierno, el Ejecutivo, que está en la obligación de prestar su mejor servicio en la reglamentación de la norma, para que el país tenga una carta de navegación que permita avanzar en la garantía de entregar a la colombianos unos adecuados servicios de salud, en condiciones de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, como nos prometieron desde diciembre de 1993 y ahora nos vuelven a ratificar. Que por lo menos la constancia venza…