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Luego de que el pasado 9 de enero el presidente Uribe sancionara
la Ley 1122 de 2007, que introduce algunas modificaciones
a la Ley 100 de 1993 en lo referente al libro de salud, empezó
en el país una acelerada carrera de asimilación,
ilustración e interpretación del texto aprobado
tras un proceso vivido en el Legislativo durante 4 años
en todo un “pulso” político. En sentido estricto,
la Ley 1122 no llega a constituir una “reforma de la
reforma”, pues como reforma en salud en Colombia se identifica
la implantada en 1993 con la aprobación de la Ley 100:
la Ley 1122 sólo ratifica el modelo de aseguramiento
y la estructura instaurada hace 13 años en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, procurando algunos
ajustes para reorientar la aplicabilidad y el logro de los
objetivos de la Ley 100. Se mantiene el modelo, los actores,
las funciones, los esquemas de financiación y flujo
de recursos, la vigilancia y los objetivos. Además,
en esencia, en 45 artículos sólo hace explícita
la modificación de dos artículos de la Ley 100:
el 204 y el 214.
Ahora, al dejar pendiente la reglamentación de más
de 30 aspectos al Ministerio de la Protección Social,
el sector salud está a la expectativa de lo que será
el futuro del sistema de salud, al ajustarse a las modificaciones
establecidas por la Ley 1122.
“Que la reglamentación
preserve el espíritu de la Ley”
Luego de haber sido quien iniciara el debate a 10
años de la reforma en salud establecida por la Ley
100/93, hoy la presidenta del Congreso de la República,
Dilian Francisca Toro, confía en que la reglamentación
que expida el Ministerio de la Protección Social fortalezca
la Ley, al preservar su espíritu: “Estamos muy
pendientes de que la reglamentación conserve realmente
el espíritu de la Ley. Eso es lo más importante.
La implementación y operativización de la ley
será fundamental; también, que el sistema de
inspección-vigilancia y control que quisimos fortalecer,
cumpla su labor fundamental, para que todos los actores cumplan
con su función. Es importante exigir que se cumplan
los deberes y que se adopten los correctivos necesarios para
lograr los objetivos de la Ley”.
Problemas que persisten
Según el consultor Iván Jaramillo Pérez,
“entre los problemas no resueltos por la Ley 1122 está
el del sistema de información, muy deficiente tanto
en salud pública como en el manejo de bases de datos
de los regímenes subsidiado y contributivo, donde subsisten
grandes duplicaciones y por tanto una gran pérdida
de recursos; se avanzó con mecanismos de control de
los recursos en los entes territoriales, pero no se estableció
un control radical a los recursos que deberían estar
en manos de ARS y EPS, lo cual les permite que recursos del
régimen subsidiado se confundan patrimonialmente con
recursos de los dueños de las ARS. Quedó en
la incertidumbre el billón de pesos que se necesita
para conseguir la cobertura universal, puesto que sólo
dice que el gobierno daría esos aportes ello no se
estableció en una norma taxativa y obligatoria. Pese
a los logros de aumentar el subsidio parcial hasta el 50%
del subsidio pleno, también se mantiene la inequidad
por diferencia del plan de beneficios, aunque se recomendó
a la CRES avanzar en el igualamiento del plan subsidiado con
el contributivo. Y en integración vertical, el límite
del 30% es una medida de negociación entre los diferentes
actores”.
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