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Rubén Darío
Gómez Arias, Secretario ejecutivo de la Red Colombiana
de Investigación en Políticas y Sistemas de Salud,
y profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública de
la Universidad de Antioquia, sopesó virtudes y defectos
de la 1122: “Noto grandes avances en relación con
la salud pública que tenía muy bajo perfil en
la Ley 100/93 y aún la percibo muy desintegrada del resto
del Sistema de Seguridad Social en Salud. Como avances, supera
la diferencia entre lo individual y lo colectivo, es más
acorde con una teoría de la salud pública coherente,
y llama la atención sobre el Plan Nacional de Salud Pública
como articulador de acciones donde se supera la concepción
restringida del Plan de Atención Básica (PAB),
pues integra otras actividades intra-sectoriales, lo que se
pudo haber hecho sin esta ley, sólo con voluntad política”.
El catedrático cuestionó la ley: “No resuelve
el fraccionamiento de las políticas sanitarias. El aseguramiento
asume unos problemas y los entes territoriales otros, y no compromete
las acciones de las aseguradoras; la ley pudo ser más
agresiva, había propuestas que el Ministerio y los actores
del sistema conocían, donde se hizo ver que la salud
pública no puede salir adelante si el aseguramiento no
se compromete con los indicadores de gran influencia en el perfil
sanitario del país, como la mortalidad materna e infantil,
las enfermedades cardiovasculares y las de la infancia. Las
aseguradoras siguen funcionando como rueda suelta del Sistema,
y pese a que la Ley dice que el Ministerio de la Protección
Social reglamentará lo del Plan, no se ve claramente
una decisión del legislador. Queda sin resolver también
el problema de la autoridad sanitaria municipal, el control
sanitario es muy débil sobre todo en los municipios,
aunque en el capítulo VI se fortalece la autoridad sanitaria
en el nivel central (Ministerio, INS, Invima), y eso está
bien, pero la norma no se compadece con el espíritu descentralizador
de la Constitución”. |
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información... |
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