Desde 2022, el desabastecimiento de medicamentos es una problemática que persiste en el país y se afianzó en 2024 con la intervención de las EPS, afectando a miles de usuarios y aumentando su gasto de bolsillo para poder acceder a tratamientos.

La escasez inicial estuvo mediada por la pandemia, marcada por el aumento de la demanda y la escasez global de materias primas, lo que afectó los medicamentos disponibles para los usuarios y los insumos médicos básicos para clínicas y hospitales del país.

En su momento, una encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) encontró que, de 135 prestadores analizados, el 89 % presentaba escasez y contaba con un rango de reservas de entre 9 y 17 días.

Para inicios de 2023, la crisis reveló la especulación con los precios de los medicamentos e insumos. Se encontró que algunos productores desabastecían primero el canal institucional frente a un canal comercial más rentable, con un aumento promedio de los precios de entre el 7 % y el 15 % en los insumos y de entre el 30 % y el 47 % en los medicamentos.

Entre las razones que aducían los proveedores a las entidades hospitalarias, además de la escasez de materia prima, estaban los problemas de importación y nacionalización de productos, el aumento de los precios debido a las tasas de cambio y los costos de transporte.

De un desabastecimiento por aumento de la demanda se pasó, en 2024, a un desabastecimiento por falta de pago, a raíz de la intervención de varias EPS, que redujeron la entrega de medicamentos a sus usuarios. Los más afectados fueron los pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades raras y huérfanas, trasplantes, VIH y cáncer.

La reacción de los usuarios, luego de cinco años de inconsistencias, ha llevado a que el 36 % de las tutelas en salud correspondan a demoras o a la negación del suministro de estos medicamentos esenciales, mientras que las quejas reportadas a la Supersalud se proyectaban en dos millones para finales de 2025, según datos de la Defensoría del Pueblo.

En la coyuntura actual, el Gobierno saliente argumentó que las dificultades en la entrega de medicamentos “corresponden a fallas en los procesos de gestión, distribución y dispensación por parte de algunos actores del sistema, y no a la ausencia de los productos, ni a falta de recursos, que se han fortalecido con el incremento de la UPC, el giro directo y el pago oportuno a las EPS”.

La ADRES, en un informe del primer trimestre de 2026, observaba qué medicamentos que se estaban reportando como desabastecidos, especialmente para enfermedades mentales, sí registraban disponibilidad en el mercado nacional.

Ante esta disparidad entre la información reportada y las existencias reales, en abril de 2026 se expidió la Resolución 1763, que creó el Sistema de Información para la Centralización de Alertas de Abastecimiento (SISCAATS), el cual exige a las EPS, IPS y gestores farmacéuticos reportar los inventarios de medicamentos y las fallas en la distribución, so pena de sanción para aquellos que no lo hagan.

Siguiendo la ruta del medicamento desde la financiación hasta la entrega, “hoy el principal problema radica en que diferentes actores no tienen recursos para abastecer y las EPS no cumplen a los operadores farmacéuticos”, sostiene Jamel Henao, gerente general de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN).

En particular, las EPS intervenidas “hacen necesaria una inyección de recursos, de acuerdo a una UPC determinada, que fluya hacia los gestores y a la industria farmacéutica”, cumpliendo uno de los principales propósitos de la intervención, que era dar un manejo adecuado al abastecimiento de medicamentos.

Desde su óptica, en el corto plazo, los primeros 100 días del Gobierno requieren una gestión de los medicamentos existentes, enfocada en mantener el abastecimiento en las zonas afectadas por el sismo y estabilizar la situación de los usuarios con enfermedades crónicas, de alto costo y ruinosas.

Asimismo, se requiere reorganizar a los actores existentes y llegar a acuerdos que permitan volver a los niveles de confianza y negociación que se tenían tres años atrás, cuando las EPS tenían contratos con gestores y operadores logísticos, existía un adecuado relacionamiento con la industria farmacéutica y había un flujo de recursos que no generaba alarma para ninguno de los actores.

A mediano y largo plazo, propone que el financiamiento se optimice a través de compras centralizadas que permitan reunir la demanda de necesidades para lograr capacidades de alcanzando economías de escala y mayor poder de negociación frente a las compras individuales. “Sería una de las mejores alternativas por eficiencia y eficacia”, para estabilizar el abastecimiento en el territorio nacional.

Cambiar el modelo de compras por evento a compras por riesgo y pasar de compras por patologías específicas a compras con integración farmacológica sería una estrategia adicional para reducir costos y aumentar la efectividad en la población.

“Existe una alta fragmentación de contratación de medicamentos para personas que sufren diferentes patologías, se contratan de forma separada por enfermedad y los medicamentos que se formulan desconocen la realidad farmacológica de consultas anteriores. Se resolvería con que el paciente tenga un gestor integral”, advierte Henao.

La regionalización de operadores farmacéuticos es otra alternativa de mejora que también ha considerado la Defensoría del Pueblo “para hacer frente a las demoras, escasez local y pérdida de eficiencia en la dispensación”, que se vive en departamentos aislados como Amazonas, Guainía y Vichada, con menos de tres operadores activos, frente a otros como Valle o Boyacá, que tienen más de diez gestores.

Hoy, un abastecimiento oportuno de medicamentos sería la primera prueba concreta de confianza del nuevo Gobierno para los colombianos. Esto implica poner a conversar los datos que reportan los actores y los gestores farmacéuticos con los recabados por el Minsalud y tomar decisiones de política pública sostenibles en el tiempo.