El Gobierno entrante inicia con grandes desafíos en torno a la salud pública, los cuales revelan un mapa reconfigurado de necesidades y prioridades, pero también de recursos disponibles.

El sismo del pasado 10 de agosto dejó afectaciones en 14 departamentos y puso en evidencia las brechas de inequidad en el acceso a la salud, a las vías de transporte, a los servicios públicos esenciales, a la alimentación; deficiencias en la planificación y el ordenamiento territorial, incumplimiento de normas de sismorresistencia y deficiencias en la gestión de riesgos y en el debido mantenimiento de las infraestructuras hospitalarias.

La otra parte del país continúa experimentando la crisis de desabastecimiento de medicamentos, las esperas para citas y exámenes para detección temprana que pueden tardar entre 60 y 180 días y las dificultades para la continuidad de la atención.

Las propuestas de campaña para la salud de los colombianos, enfocada en inyección de recursos para el desfinanciamiento del sistema y dar un giro al desabastecimiento de medicamentos, hoy exige más que nunca enfocarse a una nueva realidad con una mirada integradora y preventiva.

Implica replantearse varias necesidades, comenzando por la recuperación, en el mediano plazo, de la red hospitalaria pública y privada, luego de que más de 300 establecimientos de salud fueran reportados como afectados por el sismo.

“Tenemos que realizar un censo sanitario nacional de daños, tener la capacidad de reconstrucción y quizás amerite crear un fondo como el Fondo Nacional Hospitalario que se encargaba de construir, reconstruir y hacer mantenimiento. Hay que garantizar que estén construidos con las normas sísmicas y que estamos preparados para sustituir lo que pueda fallar en un momento determinado”, sostiene el presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Juan Eduardo Guerrero.

Una segunda necesidad es fortalecer la Atención Primaria en Salud, como una alternativa para eliminar barreras de acceso y atención, cuando los hospitales se encuentran sobreocupados como sucede hoy.

“Debemos mantener una red abierta para otros problemas, como las enfermedades crónicas y huérfanas, el seguimiento de muchas patologías y la salud mental, que requiere en este momento un refuerzo supremamente grande”, señala Guerrero. A su juicio, la telemedicina y la telesalud pueden ayudar a evitar que estos pacientes congestionen los servicios de urgencias.

Se suma la necesidad de conocer la diversidad de la afectación en zona urbanas, rurales y apartadas, comunidades negras y indígenas, para brindar una respuesta acorde.

“Hacemos un llamado a la alianza académica nacional, para el presente y futuro de la salud pública. En los territorios se necesitan planes de reconstrucción y de reavivación de la economía, esto requiere de múltiples profesiones y es una oportunidad para las universidades miren el territorio como una escuela de aprendizaje, investigación y gestión de proyectos de reconstrucción”, propone Guerrero. “Hay que pasar a una política de Estado, reconfigurar nuestras organizaciones para atender las necesidades, pensar cómo reconstruir sin volver al punto de partida”.

Después de la experiencia de Armenia, en 1999, se plantean que los proyectos de reconstrucción podrían oscilar como mínimo entre 5 y 10 años en las regiones afectadas.

Otra necesidad de salud pública inminente para el país, es atender los impactos del cambio climático con el fenómeno del niño, en torno al abastecimiento de agua, la inseguridad alimentaria y las afectaciones trasmitidas por vectores.

Reconfigurar el camino a seguir

Con un terremoto al tercer día de gobierno, el país puede perder su ruta o reconfigurarla. Para Guerrero: “No se puede eludir el tema de la viabilidad financiera de la EPS y el financiamiento, definir cuáles EPS son viables y necesitan ser transformadas y cuáles no”.

Herramientas como el sistema de información financiera con la facturación electrónica, el cruce de cuentas y de informes financieros en la DIAN, la ADRES y el Ministerio de Salud, para saber si hay facturación indebida en EPS e IPS, pueden dar luces para apoyar este proceso.

También es urgente revisar cómo se distribuyen los recursos en los territorios y qué rol tendrá la UPC. “Se requiere una forma de financiamiento donde se equilibre la fuerza de la atención en el cuidado, dar una base sólida a la mediana complejidad en los territorios intermedios, que la APS tenga financiamiento fijo y capacidad de respuesta para detección temprana, y que se favorezca el acceso al servicio en los territorios lejanos y olvidados”, afirma Juan Eduardo.

De otro lado, en todo el contexto nacional, determinantes sociales como acceso al agua, al saneamiento, a la vivienda, a la alimentación y al empleo, tienen problemáticas de salud pública asociadas: inseguridad alimentaria que llegó a un 30 % según datos de ACEMI, desnutrición, mortalidad materna, violencia intrafamiliar y un aumento de enfermedades crónicas del 166,8 %, entre 2015 y 2024. Problemáticas que requieren análisis, discusión y medidas contundentes.

En el Congreso actualmente hay un proyecto de ley relacionado, a la espera de debate, porque la reconstrucción del terremoto no puede olvidar los determinantes sociales, y más ahora cuando aumenta la población con niveles de pobreza y necesidades insatisfechas.

“Tenemos que decidir si continuamos con un sistema de salud que está mirando la rentabilidad financiera o vamos a estimular un sistema que mira la solidaridad y el derecho a la salud”, afirma Guerrero. Y enfatiza que “este terremoto es una advertencia, debemos hacer un acuerdo nacional en mesas técnicas, con sustento ético y filosófico que nos permita resolver los problemas de fondo, que no están claramente explícitos en el plan de gobierno y se deben expresar en el plan de desarrollo que aprobará el Congreso”.

APS como alternativa de prevención

En el actual contexto integrar la APS, que ha sido una de las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la OMS, podría ser una alternativa menos costosa de lo que parece en términos de preparar profesionales y destinar financiamiento.

Desde la Asociación Colombiana de Salud Pública consideran que la atención primaria tiene efectos inmediatos al estar cerca de la gente para garantizar la vacunación, para que los medicamentos lleguen de forma oportuna a las casas y puedan controlar enfermedades, especialmente las no transmisibles, o para atender la salud mental en este momento de crisis.

“Hay unas pruebas de diagnóstico temprano que pueden hacerse en la casa de las personas, no tienen grandes costos para poder hacer su procesamiento, y evitan descubrir enfermedades cuando sea irremediable”.

”Se nos está muriendo gente en La Guajira, en el Pacífico, en la Orinoquía, la Amazonía y en algunas grandes ciudades, por asuntos que fácilmente se podrían resolver. Eso no es lo que queremos, la atención deber ser temprana y para eso hay que llegar a un acuerdo progresivo de inversión, al menos la tercera parte del presupuesto en salud para la APS”.