MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMÉRICA No. 336 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 ISNN 0124-4388
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El nuevo Gobierno recibe un sistema de salud atravesado por problemas financieros, dificultades de gestión, tensiones entre los actores y una creciente presión sobre su capacidad de respuesta. Frente a este escenario, la nueva administración plantea una primera etapa concentrada en estabilizar el funcionamiento del sistema antes de abrir una discusión sobre su transformación estructural.
Por eso, la agenda de los primeros meses estará marcada menos por el diseño de una nueva arquitectura institucional y más por la recuperación de condiciones básicas de funcionamiento, la reconstrucción de relaciones entre los actores y el fortalecimiento de la capacidad del Estado para conducir el sistema.
La estrategia puede resumirse en cuatro prioridades: estabilizar, coordinar, recuperar capacidad institucional y preparar una discusión de largo plazo.
Una de las principales definiciones de la nueva administración es tomar distancia de una reforma estructural inmediata.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, ha señalado que el momento exige atender primero las dificultades existentes y recomponer las relaciones entre los diferentes actores del sector.
“Todo. Empezando por dialogar con todos los actores, convocar y trabajar en conjunto”, respondió al ser consultada sobre qué hará diferente frente a su antecesor.
La posición marca una diferencia de enfoque: la primera etapa estaría orientada a gestionar el sistema existente, identificar sus principales puntos de presión y recuperar capacidad de respuesta antes de modificar nuevamente su estructura.
La discusión sobre el modelo, por tanto, no desaparece. Cambia de momento y de prioridad.
Otro de los componentes de la agenda será la reconstrucción de la confianza entre quienes participan en el sistema.
Durante los últimos años, las relaciones entre Gobierno, EPS, IPS, organizaciones de pacientes, trabajadores, proveedores y otros actores estuvieron marcadas por fuertes diferencias frente al rumbo de la política sanitaria.
La nueva administración plantea recuperar espacios de diálogo y coordinación.
La apuesta por el diálogo, sin embargo, tendrá que demostrar que puede convertirse en capacidad efectiva de coordinación y decisión.
No bastará con convocar a los actores. El desafío será alcanzar acuerdos, establecer responsabilidades y hacer seguimiento a sus resultados.
La administración entrante tendrá que definir cómo ejercerá su función de conducción sobre un sistema en el que participan entidades con responsabilidades diferentes y en el que muchas de las dificultades requieren respuestas coordinadas.
Esto supone fortalecer la capacidad de seguimiento, evaluación y toma de decisiones de las entidades públicas.
Más que aumentar el número de medidas, la discusión estará en la capacidad para identificar cuáles problemas requieren intervención inmediata, cuáles pueden resolverse mediante coordinación institucional y cuáles necesitan cambios regulatorios o estructurales.
En este punto, la información será fundamental. Contar con datos confiables y oportunos sobre el funcionamiento del sistema permitirá identificar dónde se concentran las dificultades, anticipar riesgos y evaluar si las decisiones adoptadas producen los resultados esperados.
La estabilización tendrá finalmente una dimensión operativa.
El sistema necesita recuperar capacidad para responder de manera oportuna a las necesidades de la población, pero esto no depende de una sola institución.
La oportunidad de la atención está relacionada con la articulación entre aseguramiento, prestación, talento humano, disponibilidad de tecnologías, redes de servicios y capacidad de gestión territorial.
El reto será evitar que cada institución atienda únicamente su propio problema sin resolver las fallas de coordinación que terminan afectando el funcionamiento general.
La pregunta central será entonces si el Gobierno consigue pasar de una gestión basada en respuestas individuales a una conducción más integrada del sistema.
Aunque la primera etapa estará concentrada en la estabilización, algunos componentes de la política sanitaria tendrán que continuar desarrollándose.
Entre ellos están el fortalecimiento de la atención primaria, la prevención y la capacidad territorial para responder a las necesidades colectivas de salud.
Ramón Abel Castaño, médico, Ph. D. en Política y Salud Pública y consultor en sistemas de salud, ha señalado en diferentes medios y espacios de análisis que el modelo de aseguramiento mantiene capacidades importantes para la gestión del riesgo individual, pero requiere una mejor articulación con las entidades territoriales para enfrentar problemas colectivos de salud pública.
También tendrá que crear mejores condiciones para avanzar en prevención, detección temprana y gestión de los riesgos que afectan a las poblaciones.
La estrategia planteada por el Ejecutivo no significa que el debate sobre el modelo haya terminado.
Por el contrario, la etapa de estabilización puede convertirse en el periodo durante el cual se evalúe qué elementos del sistema funcionan, cuáles deben corregirse y cuáles requieren una transformación más profunda.
Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro, plantea que el Gobierno debería evaluar de manera objetiva qué componentes de las políticas actuales vale la pena conservar y cuáles necesitan modificaciones.
La premisa resulta relevante frente a la tendencia a plantear los cambios de política como rupturas completas con las administraciones anteriores.
El Gobierno tendrá que decidir qué conserva, qué corrige y qué reemplaza. Ese proceso requerirá evidencia sobre resultados y no únicamente posiciones políticas.
La agenda de la nueva administración puede entenderse, entonces, en dos tiempos.
El primero es la estabilización: recuperar capacidad de gestión, fortalecer la conducción institucional, recomponer la coordinación entre actores y atender los problemas que impiden que el sistema funcione adecuadamente.
El segundo será la transformación: evaluar los resultados de esa primera etapa y, con base en la evidencia, definir qué cambios estructurales necesita el sistema.
Esta secuencia busca evitar que el debate sobre la reforma vuelva a concentrar toda la atención mientras persisten problemas que requieren soluciones inmediatas.
Pero también plantea una exigencia para el Gobierno: la estabilización tendrá que producir resultados verificables.
Si los primeros meses permiten mejorar la gestión, fortalecer la coordinación y recuperar la capacidad institucional, el Gobierno llegará a la discusión estructural con mejores elementos para decidir.
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